El Congreso de la República -en cumplimiento a las normas constitucionales vigentes- deberá aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, antes del 30 de noviembre. Hacerlo es una obligación formal, la responsabilidad política, social y económica es el monto o techo presupuestario y las asignaciones a los ministerios, secretarias y demás dependencias.
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La propuesta de gastos enviada por el Ejecutivo es razonable; sin embargo, el Presupuesto en los ingresos adolece del mismo grave problema que los presupuestos anteriores. Efectivamente, en su contenido, los impuestos directos se estiman en Q11 mil millones y los indirectos en Q28 mil millones, lo que comprueba que en Guatemala, la gran mayoría -integrada por la clase media, el pequeño, mediano empresario y el 59% de la población en extrema pobreza- es la que paga el 71.8% de los impuestos. Esto sin tomar en cuenta que las futuras generaciones tienen que pagar más del 13% del presupuesto por el déficit que el mismo contiene. Los impuestos directos escasamente son el 15% del Presupuesto de Ingresos; hecho totalmente inadecuado si lo comparamos con el resto de América Latina.
La gran problemática del actual gobierno, igual que lo ha sido de los pasados y lo será de los futuros, no es simplemente pedirle al Congreso de la República que apruebe un presupuesto, es tener la capacidad para alcanzar el consenso para reestructurar la carga tributaria, que el porcentaje de impuestos sea similar al del resto de países de América Latina y no continuemos conformándonos con mantenernos alrededor del 12 al 13% del Producto Interno Bruto.
Se debe cumplir con el precepto constitucional, que cada quien contribuya conforme a su capacidad de pago. Ello implica detener y revertir la injusticia que en nuestro país los impuestos causan -en su mayoría- sean indirectos y no directos. Esa es precisamente la problemática que el Presidente de la República, el Ministro de Finanzas y los 158 diputados deben de afrontar y resolver. Muchos de los miembros del Congreso podrán decir que no son expertos en el tema, pero nadie podrá justificar que no puede asesorarse y de la misma manera que se preocupan de los gastos, de la fiscalización, tendrán que aceptar aumentar y readecuar los impuestos.
Todos los partidos políticos, sin excepción, tienen que reconocer que es incorrecto que todas las familias paguen el IVA, absorban los diferentes impuestos indirectos y que quienes más recursos obtienen, quienes más utilidades perciben, sean los que comparativamente contribuyan menos a la seguridad, a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la justicia.
El Congreso y los partidos representados en el mismo se prestigiarían, recobrarían respeto y credibilidad si en lugar de complicar la aprobación presupuestaria o negociar la misma, en una muestra de patriotismo, de integridad, de búsqueda del bien común, revirtieran la injusticia que ha existido hasta la fecha, que los impuestos al ser indirectos proporcionalmente los pague la población en extrema pobreza, en pobreza, la clase media, el sector informal, el pequeño y mediano empresario y que por primera vez en Guatemala, los impuestos sean mayoritariamente directos, cumpliendo así con una norma de ecuanimidad y de moralidad al hacer que los ingresos del presupuesto sean el reflejo de la capacidad de pago, de la concentración de la riqueza, que le ha permitido a ese escaso dos por ciento de los habitantes de Guatemala multiplicar y concentrar los recursos en detrimento del 98 por ciento de la población.