Claro, es cierto que el Gobierno y la bancada oficial recuerdan que una modernización fiscal es tanto o al menos igual de importante que renovar el sistema de justicia, ya que estos dos temas son, quizá, nuestros dos grandes fracasos democráticos.

Sin embargo, la propuesta de «modernización fiscal» del Gobierno, apenas ataca algunos pocos focos de evasión de impuestos, y se ve lejos de lograr una verdadera Reforma, con R mayúscula, porque hay ciertos sectores que aún pegan coces ante esto.

También es cierto que la iniciativa de las Comisiones de Postulación tampoco era la solución «integral» del sistema de justicia. En realidad, era una ley coyuntural, del momento. Ahora, cabe la puja de presentar iniciativas para reformar y depurar por completo el Organismo Judicial, sobre todo con propuestas enfocadas a que exista la carrera judicial.

Por ejemplo, el Banco de Guatemala es una de las instituciones que mejor funcionan en el paí­s, y esto es porque quienes trabajan allí­ han hecho carrera. Y ese hecho es irrefutable. Imponer una carrera judicial, y que nuestros altos magistrados lleguen por méritos propios -y no por intereses polí­ticos- es una utopí­a que no es tan difí­cil de alcanzar.

Además, la Corte Suprema de Justicia debe evitar su papel de «administradora» del Organismo Judicial, porque los magistrados deben estar enfocados en la justicia, y no en los fondos y sus inversiones. Para ello, hace falta un Ministro de Justicia que administre, cual gerente, los recursos del sistema completo de la justicia.

Pero, volviendo a mi tema original, da pena que estas dos iniciativas hayan chocado en el Congreso. El Gobierno y el oficialismo, aparentemente, tienen lo necesario para reformar algunos impuestos, gracias a sus alianzas, quienes, a su vez, se ven favorecidos por la permanencia del sistema de elección de magistrados.

Pese a ello, es peligroso para el oficialismo no haber cedido ante una iniciativa tan necesaria como la de las Comisiones Postuladoras, ya que la oposición ahora podrá retardar la «modernización fiscal», e incluso dejarla sin aprobar al llegar el receso.

El oficialismo es débil en cuanto a fuerzas polí­ticas, y por ello debe hacer alianzas, cediendo en peligrosos puntos, que le pueden costar caro. El Gobierno, con sus programas de Cohesión Social, puede llegar a ganar ciertos sectores populares, que le vendrí­an bien para las próximas elecciones. Sin embargo, no ha tomado muy en cuenta el factor Portillo, que puede llegar a arrebatarle estos votos.

Y, como contrapeso de la Cohesión Social, el Gobierno insiste en implementar las modificaciones al Reglamento de Tránsito para evitar que viajen dos en moto, pese a ya haber hecho algunas enmiendas.

El Gobierno no se da cuenta de que se está generando un sentimiento de «indignación» en el paí­s, ante los grandes temas que están presentes: evasión fiscal, impunidad auspiciada por el sistema de justicia, y el problema de las motos. Y a ello, hay que agregarle las posibles consecuencias de la gripe porcina (porque yo no me presto a eufemismos de la OMS) y las canallas declaraciones de Nery Samayoa, amenazando con el petate del muerto de disolver el Congreso si no se aprueba la reforma fiscal. Ja ja, ¡qué jocosa farándula polí­tica! Aunque, pensándolo bien, sí­ serí­a bueno disolver el Congreso, el Organismo Judicial y hasta el Gobierno. De todos modos, no funcionan, por lo que no correrí­amos el riesgo de acefalia. (http://diarioparanoico.blogspot.com)