Un amplio análisis que abarca tres temas de singular importancia en lo que respecta al acontecer financiero, judicial y político incluye el más reciente Informe Guatemala de la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para Latinoamérica (DESC), que he recibido electrónicamente y que, por su importancia, comparto con ustedes en forma resumida, pero sólo en lo que respecta a la crisis bancaria que determinó la quiebra del Banco del Café.
Para iniciar la síntesis, el documento se remonta a la década de 1980, cuando Guatemala vivió inédita inflación de instituciones bancarias, mediante mecanismos que empresarios y especuladores utilizaron para resguardar dinero y multiplicar ganancias, en un entorno volátil y de especulación cambiaria, lo que originó la creación de casi una treintena de bancos, casi incompatible con una economía nacional tan reducida.
Con el transcurso del tiempo se observó que esas instituciones se volcaron hacia la especulación y la usura, además de conceder créditos a los mismos socios de los bancos, sin garantía alguna; y mientras los grandes deudores empujaron a la quiebra a bancos estatales, como Bandesa, los nuevos bancos comenzaron a crecer a la sombra del poder militar y de los negocios privilegiados promovidos por esos gobiernos.
Señala el informe que los problemas de esa banca improvisada y clientelista afloraron a partir de 1999, cuando seis de esas instituciones y tres aseguradoras afrontaron problemas de liquidez o insolvencia: los bancos Empresarial, Promotor, Metropolitano, Banoro, Inmobiliario y del Ejército, además de las financieras La Ceiba, Alianza y Agrocomercial, cuyo gerente fue el presidenciable Fritz García-Gallont, se subraya.
A esa lista se sumó el Bancafé.
Lo grave de este fenómeno financiero es que la quiebra de estos bancos ha costado al fisco, es decir, a los contribuyentes en general, alrededor de cuatro mil millones de quetzales, de los cuales Q1,600 corresponden al Bancafé.
En torno al caso de esta institución, no se conoce una versión totalmente definitiva ?advierte el análisis de la DESC-. Los accionistas aseguran que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos pudieron haber encontrado salidas menos costosas, como haber creado un fideicomiso de Q800 millones, destinados a cubrir los recursos de los ahorrantes, o permitir la venta a Scotiabank, que a finales de septiembre pasado estuvo por consumarse.
De acuerdo con la versión de los accionistas, no se hizo efectiva la venta a causa de la mala fe de algunos banqueros, sin que se mencionen sus nombres, y por la falta de decisión de las autoridades del Organismo Ejecutivo; fuera de que privó el temor de que un banco eficaz en micro crédito pudiese desnudar la incompetencia de los bancos locales.
Por su parte, los funcionarios de la Superintendencia de Bancos aseveran, supuestamente en privado, que el cuadro del Bancafé correspondía a un hecho delictivo, presuntamente fraude, además de que era decididamente insalvable por el volumen de sus pérdidas en los bancos off shore.
Agrega el análisis que, como fuese, la ausencia de claridad del sistema bancario ha despertado temores entre el público, de tal manera que los rumores en torno a eventuales e hipotéticas quiebras se han multiplicado, especialmente tras el suicidio del financiero nicaragí¼ense Félix Gutiérrez (socio que fuera del dictador Anastasio Somoza hijo), quien manejaba casas financieras y de bolsa, así como tenía inversiones en un banco local.
No se cita el tremendo susto que provocaron las falsas especulaciones en torno a la desmentida intervención del Banco G