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Está todo listo. Unas prendas de vestir, las fotos de los niños y mil 200 quetzales en efectivo, además de los tres mil que piden por ingresar «el paquete». Todo bien cubierto para que pase desapercibido, como siempre.

Llevar drogas a un hijo es algo que difí­cilmente pasa por la mente de un padre, pero es algo que no se piensa dos veces cuando de eso depende la vida de quien una vez fue el pequeño de la casa.

Nada de nerviosismo, pues la costumbre de ingresar cocaí­na al Preventivo de la zona 18 es toda una costumbre quincenal, casi un ritual.

En el horario de visita sólo se necesitan tres mil billetes para que el guardia se «distraiga» un minuto, en el cual ingresan desde pipas y botellas, hasta paquetes completos de marihuana y cocaí­na, las drogas más populares en la prisión.

COMERCIO Y EXTORSIí“N

Ya adentro el paquete, empieza a funcionar un complejo esquema de comercio y extorsión que gira en torno a la droga. Todo lo maneja el jefe del sector; es éste quien decide cómo se reparte y a quién se le vende, no sin antes cumplir algunas deudas pendientes con guardias y uno que otro «vivo» que quiere sacar partida de la situación.

No hay mejor negocio que la venta de cocaí­na en un lugar repleto de adictos encerrados, que darí­an hasta el último centavo por un «lineazo» en momentos de desesperación. Por eso, el precio llega a multiplicarse hasta cinco o seis veces del costo original. Pero la satisfacción lo vale.

Pero no todo es polvo. El «porro» de marihuana es una necesidad diaria, con la que la mayorí­a aprende a vivir. El crack y el LSD son cosa aparte, son «placeres» a los que pocos tienen acceso.

La gran variedad de drogas, en general, son un negocio. Pero también sirven como forma de pago en las extorsiones que se cobran dentro de la prisión. A veces, el precio por no ser lastimado, violado o asesinado, se mide en gramos o porros.

EL TORMENTO

Poco se sabe de los efectos a largo plazo del consumo de drogas, pero el resultado de un colectivo de prisioneros con la conciencia alterada por estupefacientes es fatal.

Con un estado alterado de conciencia los privados de libertad se relajan, aunque algunos, los que se exceden en el consumo, llegan a experimentar la euforia con la que fácilmente pueden adoptar una conducta violenta.

Sin embargo, estudios de expertos en la materia, como Charles G. Morris, dan cuenta que la falta de drogas en grupos de reos tendrí­a consecuencias iguales o peores de peligrosas.

Al retiro de la sustancia que produce dependencia surge el sí­ndrome de abstinencia, que se presenta en una serie de efectos fí­sicos y sicológicos -reconocidos como una patologí­a- y que afectan el sistema nervioso del adicto.

SIN INFORMACIí“N

Aunque no se sabe con precisión cuántos son adictos a las drogas dentro de las prisiones, se admite que este es un problema latente que debe ser atendido por la magnitud del daño, ya que incluso puede repercutir en la seguridad ciudadana.

Los narcóticos representan un problema para el Sistema Penitenciario (SP), ya que constantemente deben fortalecer los controles de las cárceles para evitar que familiares de los privados de libertad ingresen drogas, aunque algunas versiones dan cuenta que existe complicidad entre funcionarios, guardias y reos, al momento de llevar estupefacientes a las cárceles.

«La situación es complicada», afirma el vocero del SP, Rudy Esquivel, debido a que no existe un estudio que refiera con exactitud cuántos de los reclusos son adictos a las drogas. Esto, lo justifica argumentando la cantidad de privados de libertad y la falta de recursos económicos para realizar un diagnóstico de la situación.

A decir de Esquivel, en la mayorí­a de requisas efectuadas los hallazgos más frecuentes son marihuana y licor clandestino, y en un pequeño porcentaje se ha encontrado cocaí­na y piedras de crack; sin embargo, «esto ha sido de manera muy aislada», indica.

VIOLENCIA

De acuerdo con fuentes de la Policí­a Nacional Civil (PNC), la adicción a las drogas -no importa que sólo se trate de marihuana-, representa un problema para la fuerza pública, ya que el deseo de ingerir alucinógenos repercute en hechos de violencia.

A decir de los investigadores policí­acos, que accedieron a ser entrevistados sin ser identificados, algunos de los actos fuera de la ley que se originan contra ciudadanos, pueden ser el resultado de la necesidad de los privados de libertad para obtener drogas.

Según se indica, «el deseo de obtener dinero fácil y rápido para continuar con una adicción, provoca que los reclusos planifiquen crí­menes o hechos delictivos contra los guatemaltecos». Los delitos van desde la extorsión y el secuestro hasta el asesinato a sueldo.

Además, en las requisas efectuadas o en las capturas contra familiares o amigos de los privados de libertad que intentan ingresar droga a las cárceles, se ha constatado que el problema va acompañado de otros factores sociales y económicos que complican la situación, ya que si no hay regulación para dicho flagelo tampoco habrá para otros.

CONFLICTIVIDAD

De acuerdo con el SP, las cárceles donde se han incautado drogas, principalmente marihuana y licor clandestino, son el Preventivo para Varones de la zona 18, que alberga a 2 mil 870 privados de libertad; Pavón, mil 193; granja Penal Canadá, mil 165; Cantel, mil 134; Puerto Barrios, 369; Santa Teresa, 362 y El Boquerón, 208.

A decir de representantes del SP, el problema de las adicciones tras las rejas puede originarse por la cantidad de reclusos que guardan prisión, que contrasta con los recursos asignados a la institución para la seguridad y supervisión de los privados de libertad.

Según se indica, actualmente hay 10 mil 513 privados de libertad en los 20 centros carcelarios, de los cuales 9 mil 871 son hombres y 682 son mujeres.

Uno de los problemas que atraviesa el sistema de presidios es la complicidad de guardias penitenciarios para ingresar ilí­citos a las prisiones, aunque también la responsabilidad también es de las altas autoridades.

Los bajos salarios devengados por los guardias es parte del problema, ya que la mayorí­a tiene que agenciarse de «fondos» extras para pagar sus gastos personales y los de sus familias. Un guardia devenga Q2 mil 164 mensuales.

Estadí­sticas de la Policí­a Nacional Civil (PNC) dan cuenta que en lo que va del año se capturó a al menos 8 personas, por intentar ingresar drogas a diferentes cárceles del paí­s.

Entre las personas detenidas sobresalen 6 mujeres y dos hombres, uno menor de edad. La mayorí­a de aprehensiones se efectuaron en el Preventivo para Varones de la zona 18, cuando los visitantes pretenden ingresar desde cocaí­na hasta marihuana.

Uno de los casos más relevantes, se suscitó el 27 de marzo pasado, cuando Cristel Osiris Girón Dubai, de 19 años, quien llevaba en sus brazos a un bebé de cuatro meses, y Beatriz Adriana Escobar, de 23; Lesbia Susana Arias Carrillo, 21 y un joven de 17 años, intentaron ingresar 81 piedras de crack, cinco teléfonos celulares y mil 800 quetzales en efectivo.

Las sindicadas visitarí­an a los reos Mynor Javier Pixtún Sol y Ever Jhonatan Domí­nguez Cardona, recluidos en el Sector 11 del Preventivo, que alberga a más de 360 pandilleros de la Mara 18.

PREVENCIí“N

El 20 de abril recién pasado, las autoridades del SP y de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico de Drogas (Seccatid) firmaron una carta de entendimiento para realizar un estudio sobre la adicción a los drogas de los reclusos en las 20 cárceles del paí­s.

De acuerdo con í‰dgar Camargo, titular de Seccatid, el objetivo principal de esta iniciativa es realizar un diagnóstico sobre la población que tiene problemas con las drogas e ingresar a los afectados a programas que les permitan someterse a procesos de rehabilitación bajo un tratamiento adecuado.

«Platicamos con el SP para poder hacer un estudio en cuanto a la problemática en todas las cárceles del paí­s, con dos objetivos. Uno es poder tener el dato preciso de cómo están los reclusos con este tema y poder brindarles a ellos y a su familia un programa especí­fico de prevención y lo que es el tratamiento del consumo de drogas; y por otro lado para ver la incidencia del consumo de drogas con la violencia», afirmó.

Sin embargo, el proyecto llevará algunos meses, afirma Camargo, ya que recientemente se elaboró el instrumento que será utilizado para abordar la problemática, el cual debe ser verificado por la Organización de Estados Americanos (OEA), para que el observatorio interamericano correspondiente haga el análisis y lo fortalezca, si es necesario.

Además, se capacita al personal administrativo de presidios, para que puedan abordar la problemática con los afectados y posteriormente lograr la recolección de datos, la evaluación y medidas a emprender.

Asimismo, se tiene previsto verificar el «universo de cada cárcel», es decir la situación individual de cada una de éstas. A finales de año, se espera que las tabulaciones del estudio estén listas para analizar la información y aportar medidas que logren contrarrestar el problema.

El proyecto se realizará por medio de personal de Seccatid y el SP, pero posteriormente se podrí­a requerir algún financiamiento para contratar a un estadista o un epidemiólogo que realice el análisis de la información.

Camargo dice que es importante apoyar y prestar atención en el tema, debido a que la situación de privación de libertad afecta a las personas y las vulnera a perder su autoestima, además los obliga a convertirse en adictos a las drogas, para evadir la realidad.