El presidente Otto Pérez Molina expresó esta mañana que Q2 mil millones de los Bonos del Tesoro –que propone el Ejecutivo– serán utilizados para el pago de la deuda flotante que tienen el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y otras instituciones oficiales, mientras que los otros Q1,500 millones servirán para infraestructura rural.
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El mandatario aclaró que la propuesta del Ejecutivo no se concentra en el pago de deuda, como antes se había hecho ver en declaraciones de funcionarios de gobierno.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la propuesta del gobernante.
A decir de Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, la emisión de los bonos debería destinarse solo a la inversión y nunca para el pago de deuda o para gasto administrativo.
El aval otorgado por parte de la Junta Monetaria (JM) para la emisión de bonos que cancelarían la deuda flotante, en caso el Congreso también diera su aprobación, no sentará ningún precedente para próximos gobiernos que adquieran deudas de la misma naturaleza con empresas contratistas, pues la decisión de la JM, puede variar según el momento histórico en que incurra, indicó el abogado.
El pago de la deuda con la adquisición de una nueva deuda no tiene sentido, según Molina Mencos, ya que dentro de los efectos que se prevén de esta aprobación está el crecimiento de la presión inflacionaria que no dejaría ningún beneficio al país.
“Es una emisión de bonos mal diseñada porque va a causar perjuicio a la economía nacional, en vista que es una deuda para pagar una deuda y no se está usando para la inversión-producción en el país”, puntualizó Molina Mencos.
Es entonces, responsabilidad de la Junta conocer el fondo y la forma de las propuestas que solicitan la emisión de bonos, pero la JM solo ha conocido la forma.
Por otro lado, para Rodolfo Rohrmoser, experto en materia constitucional, dicha aprobación es un acto ilegal que no hay que pagar en vista de que se trata de una deuda adquirida cuyo financiamiento no fue aprobado por ambos entes.
A criterio de Rohsmoser, el pago de la deuda flotante devaluará la moneda y afectará la economía de la población más vulnerable, específicamente del pequeño contribuyente, esto porque los bonos serán adquiridos por bancos nacionales, que determinarán la tasa de intereses, y forzarán al gobierno a pagar con los impuestos de los guatemaltecos.
De acuerdo a Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la decisión de la Junta es errónea, ya que el porcentaje del déficit que argumentan se mantendrá en 2.2, será en realidad de más del 3 por ciento debido a dos préstamos que se adquirirán con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por una suma de 3 mil 500 millones de quetzales a los que la JM ya dio opinión favorable.
“Tememos que la Junta Monetaria no haya dado un criterio suficientemente riguroso puesto que no habla sobre esa posible aprobación de préstamos”, indicó Mencos. Estos préstamos forman parte del presupuesto general que se aprobó el año pasado.