Como consecuencia de la estúpida acción del presidente Óscar Berger, el gobierno de Guatemala se vio obligado a pagar, según el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, a Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la empresa Railroad Development Corporation, para así concluir la acción que se provocó por Berger al pretender declarar lesiva la concesión que el gobierno de Arzú, sin mayor justificación había otorgado de nuestro caduco ferrocarril.

El hecho no ha recibido mayor cobertura mediática, incluso una de las pocas notas fue titulada “El Estado recupera control del ferrocarril”, lo que obviamente es ridículo, como que si alguien considerara positivo recuperar su propiedad a cambio de pagar una enorme suma de millones, resultado de una nueva “mulada” por no decir otra cosa que cometió el presidente Óscar Berger. Por supuesto, que como el muchachito siempre fue un buen subordinado de la supercúpula económica, debemos de hacernos los locos y que pase desapercibido este multimillonario egreso que nos devuelve el 82% de las acciones de Fegua, con lo que supuestamente logramos que lo que es nuestro pueda ser de nuevo de nuestro dominio y a partir de ahí utilizar los activos de Fegua para que su derecho de vía pueda ser una alternativa de una o varias carreteras que en parte resuelvan los problemas de movimiento de personas y carga que tenemos en el país.

Esperemos que cuando se utilicen esos activos la carretera, que en parte puede construirse de la frontera con México a Escuintla, se haga con las mismas características técnicas que las carreteras mexicanas para que puedan transitar vehículos con las mismas cargas que lo hacen en México, es decir furgones dobles con 100 mil libras de peso bruto vehicular.

También esperamos que si se construye algún oleoducto para transportar derivados de petróleo o vía para conducir energía eléctrica, se haga con la tecnología más moderna y no simplemente sea un fracaso y un gasto mal realizado.

En cuanto a los predios que el ferrocarril tiene en la capital, especialmente los que colindan con el Organismo Judicial, el Banco de Guatemala, etc., que los mismos se le entreguen al Organismo Judicial en buena parte para que ahí construya dos o tres torres donde se alojen todos los tribunales civiles, administrativos, laborales, familiares, etc., que se encuentran dispersos y pagando elevados alquileres, así como suficientes áreas de parqueo para que los abogados litigantes y los demandados o acusados puedan, pagando el respectivo estacionamiento, con centrar sus actividades de forma eficiente. No hay duda que todo ello es factible, si no basta ver las enormes áreas de las que estamos hablando.

Esperemos que ese fracaso de Berger y ese enorme y multimillonario gasto que tuvo que pagar el pueblo de Guatemala, producto de sus impuestos, a esas empresas norteamericanas, de alguna manera se convierta en algo positivo y no solo en una “burrada” que nunca debió haber sucedido.

La respuesta la tiene en sus manos el actual gobierno, quien de inmediato debe materializar el buen uso de todas esas áreas inmobiliarias y derechos de vía que vuelven a estar a disposición del Estado y que lo vuelven a hacer de forma tan onerosa. Ojalá que ningún funcionario abuse o cometa más burradas con ese patrimonio nacional. El impedir que eso suceda es responsabilidad de todos, en especial de los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque como bien dijera Diógenes: “con una luz nadie debe de perderse en el camino correcto”.
¡Guatemala es primero!