La Dirección General de Transporte (DGT) indica que lo máximo que pueden recibir las víctimas de un accidente de bus extraurbano en concepto de indemnización es de Q109 mil según el acuerdo gubernativo 392-2001 emitido por Alfonso Portillo.

Ricardo Dubón director de la DGT indica que según el acuerdo en mención si un usuario de bus extraurbano fallece se debe cancelar por parte de las empresas aseguradoras un monto equivalente a 50 salarios mínimos de trabajo del campo que actualmente es de Q2, 180, que será efectivo a los deudos de las personas que fallecen en algún percance como el ocurrido el lunes en San Martín Jilotepeque.

Para acceder a dicho pago, los usuarios del transporte público extraurbano deben firmar un finiquito al momento de ser entregado el monto asignado, con el propósito de impedir que se presente una acción legal en contra de las empresas de transporte por daños adicionales, lo que termina limitado que la muerte de un pasajero cueste lo que se estableció con anterioridad.

Según Dubón si los familiares de las víctimas realizan una acción legal en contra de la empresa  de transporte para obtener una indemnización más justa, esta no avanzará “si se endereza una acción legal, nunca prosperará porque taxativamente está señalado en el decreto 392-2001 cuanto le corresponde en caso de un siniestro”.  Los 50 salarios mínimos es el monto mínimo que manda el acuerdo, pero que en la práctica funciona como el monto máximo porque una vez le presentan a la DGT dicha póliza, autoriza el funcionamiento de la unidad.

El funcionario  señala que un seguro de esta naturaleza no es como un seguro normal en el que se nombra a un beneficiario, entonces las aseguradoras serán quienes establezcan los requisitos que deben cumplir los familiares de los deudos o de las personas que han quedado heridos por el percance vehicular.

Según Dubón, no existe ninguna salvedad para no realizar el pago de la responsabilidad civil a terceros, independientemente de cualquier otra situación que pueda ocurrir en el accidente.

POCO COMPARADO CON LA VIDA PRODUCTIVA

Entre tanto Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte, de la Procuraduría de Derechos Humanos indica que la vida no cuesta Q109 mil, pero por lo menos las personas se encuentran relativamente cubiertas en función de la forma como ha sido siempre que no se tenía ningún respaldo de nadie.

Guerra señala que este monto es poco si se compara con la vida productiva de una persona que pierde la vida de una forma tan dramática, ya que  estaría generando mayor cantidad de recursos en vida y máximo si era cabeza de hogar, dejando en una situación difícil a los familiares que tendrán que enfrentar la vida de una manera más dura.

Además señala que hay algunos transportistas que evaden la ley, no solamente con lo de la adquisición del seguro, dando resultados dramáticos para el pueblo de Guatemala que resultan ser los paganos de la irresponsabilidad colectiva de varios sectores, “es una lección aprendida desde hace mucho tiempo; debemos de orientar a los diferentes centros estatales para realizar su mayor esfuerzo en protección de los usuarios”.

Se estima que hay más de 3 mil buses pirata, eso quiere decir, que ni siquiera cumplen el acuerdo que lo obliga a la contratación de un seguro.