Los reportes que se deben desprender de las informaciones que ha ido recabando la Contraloría de Cuentas con base en datos proporcionados por la Organización de la Aviación Civil Internacional tienen que ser puntuales y al grano para que no caigamos en dimes y diretes que se aproximen más a una cacería de brujas que al verdadero esfuerzo por esclarecer el manejo de las cuentas. Cierto es que en Guatemala no existen suficientes instrumentos para atajar la corrupción y que nuestra legislación en buena medida la alienta, pero es indispensable que en un caso tan sonado, que ha merecido tanta atención de la opinión pública, se pueda saber con exactitud cómo fue que manejaron los fondos.
Los guatemaltecos somos muy dados a quedarnos con las primeras impresiones y a creer casi todo lo que se publica, sin que nos desvele darle seguimiento a los hechos para conocer la verdad. Hoy por hoy existe un criterio generalizado de que las obras de ampliación del aeropuerto son importantes, pero que en las mismas hubo mal manejo del dinero. No importa al fin de cuentas, para el grueso de la población, saber quién o cómo fue que se hicieron tales manejos, porque de todos modos sabemos que los delitos de corrupción en el país apenas si se persiguen cuando el sindicado es un policía que recibe una mordida, un vista de aduanas sorprendido cuando alguien le hizo entrega de un billete en la mano para que se hiciera de la vista gorda ante un pequeño contrabando o cuando un funcionario menor recibe alguna comisión. Nunca cuando se trata de un oficial mayor, menos de un director general o, peor aún, de un ministro. Capítulo aparte merece algún presidente sobre cuya cabeza algún sector pone precio, pero en general, aquí todos los que rescinden su responsabilidad como funcionarios pueden vivir tranquilos aunque hayan sido largos de siete suelas.
Esa cultura debe cambiar y tenemos que ser exigentes y puntillosos para demandar que se nos entreguen cuentas claras del manejo de los recursos públicos y este caso del aeropuerto puede ser una excelente oportunidad para demostrar que cuando hay voluntad de aclarar las cosas, es posible realizar una buena auditoría que permita establecer si hubo o no mal manejo del dinero de los guatemaltecos. Y lo fundamental en este caso sería demostrar que eso se puede hacer aún cuando los funcionarios deciden pasar a una entidad extranjera la responsabilidad de manejar los fondos para librarse ellos del paquete de tener que rendirle cuentas a la Contraloría o a sectores de la sociedad guatemalteca.
En buena medida hay que decir que los ciudadanos somos cómplices por omisión de los delitos cometidos contra los intereses nacionales en materia de corrupción, porque nuestra indiferencia y nuestra dejadez hacen que el país entero sea un arca abierta en la que hasta el más justo peca. Tenemos que aprender a reclamar, a exigir, a demandar de la Contraloría de Cuentas algo más de lo que hasta ahora ha hecho y ponerlos en verdad contra la pared para que no pueda esa entidad, nunca más, hacerse babosa ante la realidad de un país en el que florece la corrupción regada por la pródiga agua de la impunidad.
El aeropuerto se convierte, de tal suerte, en una prueba de fuego para las autoridades encargadas del control y fiscalización del erario nacional. Se convierte, además, en una prueba de fuego para el gobierno que tiene poco más de un mes de estar en funciones y que habló de sobrevaloraciones, primero, para luego retractarse en boca del Vicepresidente de la República que llegó a desmentir lo dicho por el ingeniero Colom. Por todo ello, hoy más que nunca hacen falta esos informes puntuales y al grano para que los ciudadanos podamos alentar la ilusión de que algo empieza a cambiar en el país.