Aunque la discusión del desarrollo rural ha cobrado relevancia en los últimos años, la presión social y el interés de los legisladores no han sido suficientes para concretar la aprobación de una ley que redefina el sistema de producción en el campo y revitalice la desgastada economía campesina.

En el Congreso, la iniciativa enfrentará un camino lleno de piedras y espinas, y posiblemente no llegue íntegra hasta el Hemiciclo para su discusión.

El desarrollo rural es un tema olvidado desde hace mucho tiempo; aunque los Acuerdos de Paz lo sacaron de la sombra, esto no fue suficiente para mantenerlo en el debate nacional y la conformación de mesas técnicas en diferentes gobiernos tampoco ayudó, por lo que todo se quedó en buenas intenciones.

Hoy, el desarrollo rural intenta ocupar un lugar en la agenda legislativa. Los diputados hicieron resurgir el proyecto 4086, el cual logró el dictamen favorable de la Comisión legislativa de Agricultura en 2009 y actualmente la Sala de Legislación tomó la batuta en el tema y realiza audiencias públicas con la idea de escuchar a la sociedad civil para conocer su opinión sobre la propuesta.

“Estamos escuchando a las organizaciones que mostraron interés en el tema; suman 73 entidades; el cronograma concluye el próximo seis de julio”, explicó el Presidente de la citada comisión, Oliverio García Rodas, quien al ser consultado sobre los factores que determinarán los criterios para ser tomados en cuenta, respondió que será la voluntad de los partidos políticos la que prevalezca.

Esa dinámica no convence a las agrupaciones campesinas, por lo que algunas pasaron por alto el ejercicio del Congreso, recordando que el 28 de marzo pasado se firmó un compromiso para aprobar la ley, pero no se cumplió con lo pactado.

Por ello, las audiencias son calificadas como una maniobra política que busca formular una nueva ley a medida de los intereses particulares y consecuentemente, dar un contenido diferente a lo pactado en su momento por las organizaciones campesinas y sociales. Así reza el comunicado de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) para fijar su postura frente al tema.

RECHAZO

En tanto, otras entidades han sacado provecho al espacio del Legislativo para mostrar su rechazo al proyecto. Entre las agrupaciones se encuentra la “Fundación 2020”, liderada por David García Larra, ex presidente del Banco de Guatemala,  quien hizo ver que el tema del campo es impostergable, pero advirtió que la iniciativa de ley no era “el camino”, ya que se habían identificado algunas falencias.

“El proyecto no cubre bien los aspectos que hay que cubrir para salir de la situación de pobreza en el área rural. La iniciativa tiene muchos defectos; no atiende tres áreas necesarias: productividad, excedentes en la producción y participación ciudadana en las políticas públicas”, resaltó.

La Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT) también aprovechó las audiencias para expresar su opinión sobre el proyecto de ley. “La iniciativa no resuelve el problema agrario, ya que se centra en incrementar la producción de granos básicos, mientras productos no tradicionales pueden dar un valor agregado”, señaló, durante su intervención, Ricardo Santa Cruz, encargado de la división agrícola de la entidad.

Estas voces en contra son las que preocupan a los sectores campesinos, dado que se corre riesgo que el espíritu de la ley se pierda. Para la CONGCOOP, el dictamen del proyecto que existe en el Congreso contiene puntos vitales, como la obligación del Estado de elaborar una política de acceso a la tierra, imprescindible para promover el desarrollo nacional.

También establece como sujeto priorizado a la familia campesina y ordena la coherencia entre el hombre–mujer y la naturaleza, reafirma el carácter público de los servicios esenciales como educación, salud, vivienda, derechos laborales y salariales, indispensables para el desarrollo en el área rural.

DISCUSIÓN FRACASADA

El documento “Diálogo”, de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO), publicado en el 2008, retrata las discusiones que se han tenido en el tema. En la administración de Alfonso Portillo se creó la Mesa Intersectorial de Diálogo sobre Desarrollo Rural y en la gestión de Óscar Berger la Mesa de Diálogo y Participación de Desarrollo Rural Integral, ambas sin resultados exitosos.

“Durante la administración de Alfonso Portillo, el Ejecutivo estuvo de simple espectador en la mesa, desinteresado en asumir un liderazgo. En el período de Óscar Berger, el Gobierno asumió abierta y descaradamente la representación y defensa de los intereses empresariales, particularmente cuando estos se retiraron del proceso con la intención de hacerlo abortar”, reza el documento, que aborda la formulación participativa de una política nacional en desarrollo rural.

En 2005 surgió un nuevo intento por abordar los problemas del campo; el tema fue parte de los proyectos Plan Visión de País. El desarrollo rural ocupó una de las mesas donde los partidos políticos y empresarios buscaban asumir compromisos, pero todo quedó ahí.

Durante el gobierno de Álvaro Colom se aprobó la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, pero sin un plan claro de cómo hacerla efectiva, de tal manera que la iniciativa se quedó solo impresa en el papel, mientras que los campesinos reclamaban acciones urgentes.

Colom aseguró que buscaba una salida integral al problema de la economía campesina, pero su promesa parecía incompatible con la falta de atención a los reclamos de las organizaciones campesinas y los desalojos violentos que ocurrieron en el Valle del Polochic, donde se vivió una intensa crisis de seguridad alimentaria.

Actualmente, el Congreso cuenta con una Comisión legislativa dedicada al tema. “Existe una oposición de la cúpula empresarial y del mismo Presidente, por lo que el tema se tornó cuesta arriba, ya que quieren un nuevo proyecto”, lamentó el diputado Luis Chávez, del opositor partido LIDER, quien preside esa sala de trabajo. Ahora, esperan buscar puntos en común con los distintos sectores para que esta ley no quede engavetada.

El escenario actual se torna nublado, ya que se intenta mantener el tema en el ambiente, pero algunos sectores consideran que existe más posibilidad de darle vuelta a la página. Para algunos existen las condiciones de aprobación, pero ya dependerá de la voluntad política de los actores sociales. “Parece que existen las condiciones para tratar el tema. Sin embargo, debemos reconocer que el Congreso es muy impredecible”, señaló José Alejandro Arévalo, integrante de la Comisión legislativa de Economía.

Luego de las audiencias públicas, el Congreso deberá decidir si retoma el proyecto con dictamen e incluye modificaciones o bien, si decide postergar el tema. Si opta por el segundo escenario, no hay duda que las presiones de las organizaciones campesinas irán en aumento ya que no están dispuestos a esperar una legislatura más.