Aníbal García, abogado de los propietarios de buses, habló con La Hora sobre el mal manejo de más de Q2 mil millones que el Estado ha otorgado en los últimos ocho años a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) en concepto de subsidio al transporte urbano, entidad a la que señala por cobrarles Q1 mil 566 mensuales a los empresarios por cada uno de los 2 mil 926 buses que circulan en la Capital.

García: “Justifican que tienen que repartir entre diputados, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) y otros funcionarios de todo nivel»

Además, critica que la denuncia presentada en el Ministerio Público (MP) por “extorsión” y chantaje no ha avanzado, debido a que no existe la voluntad de investigar lo que califica como un acto de corrupción y advierte que la Contraloría General de Cuentas  no ha cumplido con su función de investigar el manejo del dinero público.

1. ¿Le puede explicar a la población en qué basan su denuncia y por qué considera la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala y Municipios Adyacentes (Asopagua) que hay ilegalidades de parte de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU)?
Son dos casos. Uno es el caso penal y uno es la demanda civil. La demanda civil es lo referente al Transurbano.

La denuncia penal comienza el 28 de mayo de 2012, cuando un grupo de 75 transportistas accionan contra la Junta Directiva de la AEAU, que está integrada por 28 representantes de diferentes empresas.

La AEAU es una asociación civil que desde el año 1965 ha representado al gremio de autobuseros que prestan el servicio de buses, tanto en la Ciudad como en algunos municipios de Guatemala. En este momento son los que tienen los famosos buses rojos. Y cuando se recibe la denuncia en el MP, se manda a una fiscalía metropolitana. Ahí reciben la papelería y empieza el trámite.

¿Por qué se hizo la denuncia? La AEAU desde hace 12 años es la que maneja los diferentes subsidios que el Estado da a los empresarios de autobuses urbanos. Hay que recordar que para que se mantenga el pasaje de Q1 el Estado da un subsidio, pero desde los gobiernos de los presidentes Portillo y Berger, los directivos de la AEAU permanentemente les piden una cantidad de dinero a los propietarios de los buses, a cambio de entregarles el subsidio. Desde el gobierno del presidente Álvaro Colom, en 2008, empiezan a subir las cantidades que les exigen y llega a fijarse una cuota por subsidio de Q1 mil 500.

Mes a mes, una unidad de transporte tiene derecho a Q7 mil 192 por bus. Pero como son 2 mil 926 buses, entonces les hacen un descuento de Q1 mil 566 mensuales por cada autobús. A quienes no acceden a ese descuento, o no les entregan el subsidio empiezan a tomar represalias en contra de ellos. Esas cantidades, al sumarlas desde esos años demuestran que es prácticamente una extorsión o un chantaje que si nos damos cuenta, son 2 mil 926 buses y que eso sucede mes a mes, vamos a ver que son cantidades millonarias de dinero. Se calcula que en forma anual ellos se quedan con Q54 millones 985 mil 392, porque son Q4 millones y medio mensualmente.

Si tomamos en cuenta esas cantidades puede asegurarse que en los últimos 7 años ellos han retenido de esa forma casi Q350 millones.

Los directivos de la AEAU, Rudy Leonel Maldonado, Luis Alfonso Gómez, Víctor Hugo Figueroa Ortiz, Ramiro Antonio Vásquez, Mario Enrique Vargas, Óscar Alejandro Rossi, y todos los demás, argumentan que ese dinero les sirve para garantizar que el subsidio no se les retire y justifican que tienen que repartir ese dinero entre diputados, el Ministerio de Comunicaciones (CIV) y otros funcionarios de todo nivel, tanto municipales como del gobierno. Con ese argumento ellos han estado pidiendo, extorsionando o lo que sea, al resto de empresarios. En un principio nadie quería decir nada porque preferían pagar, pero una fuerte cantidad de empresarios, aproximadamente unos 500, deciden ya no seguir pagando y ponerse en contra de ese descuento.

Aparte de ese descuento “abusivo” e ilegal, ellos también denuncian a los directivos de exigirles otra serie de cobros. Los acusan del mal manejo de los Q8 millones que mensualmente el gobierno de Guatemala le da a la AEAU en concepto de seguridad privada. Se supone que debería haber guardias para todos los buses y lo que nosotros encontramos es que la AEAU justifica mes a mes que paga Q4 mil por cada uno de los 2 mil guardias de seguridad. Sin embargo, la denuncia dice que solo están contratados unos 500.

2. ¿De qué cantidades de dinero estamos hablando?
Son Q21 millones de subsidio al diésel, Q8 millones de subsidio a seguridad privada y Q6 millones de subsidio al Transurbano. Son unos Q35 millones mensualmente (aunque hay variaciones en cada año). Pero lo que denuncian los transportistas es que no solo hay cobro y chantaje sino que hay un mal manejo de esto, porque la Contraloría General de Cuentas no ha tenido la capacidad de hacer una fiscalización in situ, es decir una fiscalización en el área. El Ministerio de Comunicaciones entrega la plata a la AEAU y ellos la manejan como se les da la gana. Los reportes que mandan a la Contraloría son reportes totalmente deficientes y el CIV nada más pide que se les manden los listados de las personas que reciben el subsidio.

3. Ustedes presentaron una denuncia el año pasado en el MP y señalan que no ha avanzado. ¿Por qué consideran que no ha avanzado?
Lo que tenía que haber hecho el MP era tomar la denuncia y asignarle una Fiscalía, en este caso la Fiscalía contra la Corrupción, porque lo que se está denunciando es un mal manejo de fondos públicos. Todos los años este dinero ha salido del Presupuesto Nacional. El 18 de junio de 2012, este expediente lo mandan a la Fiscalía contra la Corrupción, pero el auxiliar fiscal, con el aval de su agente fiscal, luego de los análisis respectivos, señala que no es procedente el trámite de la denuncia en esa Fiscalía “toda vez que las personas relacionadas no son funcionarios o instituciones públicas y si bien es cierto que el origen de los fondos son provenientes de un subsidio que el Estado le otorga a los transportistas, el mismo cumple con su función al otorgarlos, quedando a discrecionalidad de los transportistas el uso que le den por lo cual no existe afectación al erario nacional”.

Esto es un argumento ilógico e inaceptable. Luego alguien en la Fiscalía donde había iniciado este proceso considera que se habla de extorsiones, por lo tanto eso debe pasar a Crimen Organizado. Mandan el expediente a Crimen Organizado, con el jefe de la Fiscalía, Rony López, quien recibe el expediente y le dirige una carta a la fiscal general, Claudia Paz y Paz, a quien le dice que luego de un análisis por parte del jefe contra Extorsiones, Raúl Figueroa Méndez, no se considera que constituya el delito de extorsión “por lo cual lo elevo respetuosamente a su despacho para lo que tenga a bien disponer”. Lo que dice López también es inaceptable y fuera de lugar. La Fiscal General, a través del secretario general del MP, Mynor Alberto Melgar, el día 28 de agosto de 2012 remite el expediente al Fiscal General Metropolitano para darle seguimiento a la investigación a través de esa Fiscalía distrital.
Yo concluyo con esto: Es absurdo que la Fiscalía contra la Corrupción no haya tomado este caso. Se trata de una danza de millones del Estado, se considera que en subsidio el Estado de Guatemala en los últimos ocho años les ha dado más de Q2 mil millones. Son más de dos millardos de quetzales y todos sabemos que son fondos públicos, por lo tanto la Fiscalía contra la Corrupción debió haber conocido la denuncia.

Pero lo lamentable es que aquí tenemos una decisión de la Fiscal General, en donde ella le da órdenes a su Secretario para que esta denuncia la conozca una fiscalía de menor rango, que conoce delitos menores.

De esa fecha para acá el MP no ha hecho nada. Y los fiscales que están a cargo del caso no tienen el menor interés de darle trámite a la demanda y denuncian que tienen presiones de un lado y de otro.

Además, todos sabemos que en el manejo de este tipo de fondos están involucrados políticos, empresarios y funcionarios de todo tipo, por lo tanto esto no puede estar en manos de una Fiscalía metropolitana, donde no hay personal capacitado ni las garantías para hacer una investigación objetiva ni hay elementos que garanticen la seguridad de quienes van a investigar.

Lo que yo condeno es que fue la Fiscal General la que dio la orden de que este expediente regresara. Lamento esto porque la Fiscal no puede darnos muestras de que en su gestión no está ocurriendo lo mismo que pasó con todos los fiscales generales del país, en donde fueron responsables de que no se investigaran hechos de corrupción graves.

Desde el 22 de noviembre de 2012 le estoy solicitando una audiencia a Claudia Paz y Paz para hablarle del caso y sin embargo su círculo cercano, sus asesores privados y el mismo Melgar, se han opuesto a que yo tenga esa audiencia con la Fiscal.

4. Según las denuncias públicas que ha hecho Asopagua, Luis Gómez, vicepresidente de la AEAU realiza presiones a las 28 empresas que conforman la Asociación. ¿Qué tipo de presiones son?
Ellos denuncian que les exigen esa extorsión a cambio de esos Q1 mil 521 mes a mes para que les entreguen el subsidio al diésel, pero denuncian que les piden otros Q100 por otro tipo de ayudas a los que tienen derecho. Denuncian que no se les rinden cuentas del negocio, que nadie fiscaliza cómo manejan ellos todo ese dinero. Denuncian que no se sabe que se hace con los Q8 millones que mes a mes les entregan en concepto de seguridad privada.

5. ¿Reciben algún otro tipo de presiones?
El sector es muy conflictivo. Han existido incluso muertes violentas relacionadas con diversos factores, pero que no se tiene ninguna certeza de que sea por eso.

6. ¿Por qué no se ha podido hacer una mayor fiscalización de los fondos del subsidio entregado a la AEAU? Se dice que han recibido más de 2 mil millones de quetzales en los últimos ocho años.
Primero, porque del Ministerio de Comunicaciones traslada el dinero libremente sin ningún problema, apenas firmando unos convenios informales, sin fijar procedimientos de reparto. Le lanzan la piñata a la AEAU y ellos la reparten como se les da la gana y solo hacen reportes de que la repartieron. Ese es el mecanismo. Y fundamentalmente porque hasta ahora la Contraloría no se ha metido de lleno a fiscalizar ese proceso de entrega en la forma en que corresponde. Y ahí sí hay que salirle al paso a la Contraloría, porque no es aceptable que ellos hagan muestra. Ellos tendrían que fiscalizar la entrega efectiva de ese recurso a quienes corresponde.

7. Asopagua denuncia que de 2 mil 926 buses que hay solo circula el 43 por ciento a diario. ¿Cómo afecta esto al usuario y qué implicaciones legales tendría esta situación?
Justamente porque nadie tiene la certeza de que las 2 mil 926 unidades estén circulando y de que se entreguen a los que están trabajando y no a gente que tiene parqueado el vehículo. Por eso es que existe un manejo discrecional de esos fondos. Lo que sucede es que ellos tienen la libertad de entregárselos a quien se los pide. Evidentemente, si ellos no entregaran el dinero es un robo, es enriquecimiento ilícito, es retención indebida porque son fondos públicos. Lo correcto legamente sería que ellos devolvieran ese dinero que no se entrega a las personas que no están trabajando o que tuvieron algunos problemas. El gran problema es que el usuario que usa el sistema siempre va a padecer de un sistema deficiente, indigno, donde se expone a choferes abusivos, a arbitrariedades, que a veces le cobran más de Q1. Todo porque no existe una entidad que controle en una forma efectiva, responsable y ordenada todo el sistema del transporte urbano. Hay que decir que el Transmetro es algo totalmente diferente. En este caso hablamos del Transurbano y de los buses rojos que todavía circulan en la ciudad.

8. Asopagua pidió la intervención del Transurbano. ¿Cuál fue la razón de esta petición y por qué el juzgador dio marcha atrás a la intervención ordenada?
Esta es la demanda civil. Lo que sucedió es que en el año 2009 se dio paso a un proceso de modernización del sistema de transporte urbano de la ciudad de Guatemala. Este proceso consistía en la sustitución de los 2 mil 926 buses rojos por unidades de transporte urbano modernas. Esta adquisición se hizo a través de un Banco de Brasil y de un fideicomiso. La idea era modernizar el transporte urbano e implementar el sistema de pago, para lo cual se constituyeron cuatro sociedades anónimas ese año. Una es Rutas Metropolitanas S.A.; las otras Concesionario de Transportes Sociedad Anónima; Tenencias Modernas S.A. y Expansión Corporativa Milenio. Esas sociedades se inscriben en el Registro Mercantil y en el mes de noviembre de 2009 la Municipalidad de Guatemala hace una licitación pública para concesionar durante 25 años las nuevas líneas del transporte urbano. En el mes de febrero de 2010 está adjudicándolos oficialmente y celebrando contratos con las cuatro sociedades. Después de obtener la concesión en el año 2010 estas sociedades empiezan a adquirir los buses azules y traen a Guatemala 455 buses que los compran a través de ese fideicomiso y el negocio lo hacen con un banco brasileño. Pero el negocio termina en Alemania, en la Mercedes Benz, es a través del Banco de Brasil, pero termina ahí. Al final, de los 3 mil 150 buses que van a traer solo se terminan comprando 455 buses, porque se descubre que en ese primer parque vehicular existió una sobrevaloración de casi 50 mil dólares por cada bus. Entonces se cayó el negocio y por eso en la ciudad solo vemos 455 buses azules y que ya no se sustituyeron los restantes. La licitación que hizo la Municipalidad implicaba comprar 3 mil 150 nuevos buses. Ahora ya no debería andar circulando un solo bus rojo. Pero ya no se siguió por esa denuncia de sobrevaloración que en Alemania no la aceptaron y ya no quisieron hacer el negocio. En Brasil se prestaron al juego, pero en Alemania pararon el negocio. Esto incluso fue denunciado por una revista alemana.

El Congreso de la República le dio 32 millones de dólares al Transurbano, que son esas cuatro sociedades nuevas para implementar el Sistema Prepago pero no se sabe qué paso con ese dinero porque era para implementarlo en 3 mil 150 buses. La pregunta es: ¿y el resto del dinero qué se hizo? Eso también debe investigarse.

El año pasado, revisando los papeles de las sociedades anónimas, me pude percatar de que la notaria que autorizó las sociedades cometió un error en la escritura que produce nulidad absoluta.

Y el error consiste en que ella no dijo que había tenido a la vista el nombramiento del representante legal de dos sociedades que habían participado en la constitución (formación) de esas nuevas sociedades y del acta notarial de Asamblea totalitaria de accionistas que debieron haber autorizado para que esa sociedad naciera. Esa es una causal de nulidad que cualquier interesado puede reclamar en los Tribunales de Justicia y con fundamento en eso presentamos nuestra demanda el 6 de febrero. Lo que estamos pidiendo es la nulidad de esas sociedades.

Y cuando presentamos la demanda el juez admitió para su trámite la demanda y decretó la intervención de las cuatro empresas y de la AEAU. Eso quiere decir que el interventor iba a manejar y repartir el subsidio, un interventor independiente. Lamentablemente, el juez, el 25 de febrero pasado, revocó su decisión. Ahora solicitamos una apelación para que sea una sala la que revoque esa decisión y se pueda dar la intervención. Si la sala resuelve a nuestro favor, le vamos a pedir al juez que ordene la toma de posesión del Interventor, porque esa es una medida indispensable para garantizar la continuidad del servicio, para transparentar los negocios y para manejar correctamente el subsidio que reciben todas las empresas vinculadas con esto. Creemos que es la oportunidad para el municipio y para toda la sociedad civil y todos los que estamos interesados para empezar un proceso de transparencia, un proceso de modernización serio y responsable del transporte urbano.
 
9. ¿Afectará la intervención a los usuarios de buses si se da la intervención?
La idea al solicitar la intervención es que no se suspenda el servicio, pero que sí se garantice el manejo transparente de los subsidios y empezar a trabajar en la transparencia del sector. En segundo lugar, involucrar a la sociedad civil en un proceso de modernización serio del transporte urbano y garantizar que las empresas funcionen como deben, ya que existen todos los elementos necesarios y objetivos que demuestran que las sociedades son nulas. Si las sociedades son nulas, todo lo que hagan no tiene legalidad y no puede ser que sigan haciendo cuestiones. Estas sociedades nada más se constituyeron e hicieron un fideicomiso con el Banco de Occidente. Constituyeron un holding, que es una forma de intermediación financiera, que está en Guatemala pero que tiene su sede en Holanda, esto junto con la AEAU. 

10. Al día de hoy, ¿a qué controles está sometido el millonario subsidio?
Prácticamente lo único nuevo se exigió en el último convenio de subsidio que se entregó el año pasado y que justamente después de la denuncia presentada por Asopagua, se incluyó una frase donde dice: “Se deberán presentar declaraciones juradas de quienes reciben ese subsidio”, que el que recibe el subsidio debe firmar. Pero no hay controles, formas de fiscalizar eso.

11. A su juicio, ¿considera que son necesarios los subsidios del Estado a los propietarios de buses y qué controles deben tener éstos para asegurarse que sean utilizados de manera apropiada?
Creo que es hora de abordar el tema del transporte en la ciudad de Guatemala con profesionalismo, porque el problema que nosotros tenemos es que es un sistema anacrónico. No cabe duda de que mientras se mantenga el precio de Q1 habrá necesidad de subsidio, que no es el precio real. Lo que hay que discutir es si este sistema es el que debe seguir funcionando. Yo creo que no. Creo que es hora de hablar de las diferentes alternativas que deberían de haber para el transporte en la ciudad. En este tema deben crearse instancias que permitan fundamentalmente la fiscalización ciudadana, la modernización del transporte y que permitan que hablemos de otras alternativas, por ejemplo, el metro. Reordenar totalmente esto.

12. ¿Lograr completar los buses del Transurbano hubiera sido un avance?
Yo creo que hubiera sido un avance siempre y cuando nadie se dispusiera a robar con ese proceso de modernización. Pero lo que vieron muchos funcionarios del gobierno de Álvaro Colom y otros funcionarios de este gobierno y empresarios de la AEAU y funcionarios de la municipalidad, seguramente, fue la oportunidad del negocio de su vida. Mientras existan funcionarios que cada vez que haya un negocio de este tamaño vean que es para repartirse el botín, ninguna modernización del transporte urbano va a ser posible.