Cuando comenzaron a publicarse anuncios de recíprocas acusaciones entre dos consorcios extranjeros, yo no entendía cuál era el asunto que los enfrentaba y tampoco me importó conocer el conflicto, pero al leer la noticia acerca de que había degenerado en un suceso sangriento, cuyas víctimas son trabajadores, ya me interesó el caso, derivado que en Masagua, Escuintla, se construye una de las plantas eléctricas más grandes del país, a cargo de la empresa Jaguar Energy, de capital norteamericano, que contrató a la empresa China Machine New Energy Corporation para ejecutar el proyecto, que consumirá carbón, a fin de generar 300 megavatios, que suministrará a la firma Energuate, para distribuir energía eléctrica entre los hogares beneficiados con la tarifa social, de suerte que es una industria de importancia socioeconómica que satisfará necesidades de la clase popular.
Aparentemente el conflicto surgió cuando aquella empresa no cumplió con pagarle a la compañía de China Continental en la fecha acordada, pero esta firma, invocando el contrato celebrado, prosiguió con los trabajos de construcción, decisión a la que la contraparte se opuso e incluso habría optado por contratar a otra sociedad. Hasta aquí esta disputa empresarial me importaba un bledo; pero lo que me motiva a abordar el asunto es que se atribuye a Jaguar Energy haber contratado a una empresa privada de agentes de seguridad, para impedir el acceso a las instalaciones a los trabajadores chinos, habiendo arremetido con armas de fuego contra los obreros e hirió de gravedad a 15 de estas personas.
De confirmarse esta versión, pienso que esos empresarios norteamericanos se han contagiado de la conducta de industrias extractivas que atacan a comunidades que se oponen a operaciones de minas a cielo abierto, haciendo caso omiso de acudir a los tribunales de justicia –aunque se tilde a algunos órganos jurisdiccionales de parcialidad o inmovilismo–, para que se dirima el conflicto en el ámbito que le corresponde, sino que optó por la violencia, que tiene desesperados a los habitantes del país.
Pudiera ser que como se trata de obreros extranjeros, que presumiblemente cuentan con la licencia respectiva para laborar en Guatemala, se acometió contra ellos, porque de haber sido trabajadores guatemaltecos los que laboran en el proyecto, los accionistas de Jaguar Energy habrían meditado mucho en torno a que un ataque armado como el acontecido –que afortunadamente no causó víctimas fatales–, se hubiese convertido en un escándalo nacional e internacional.
El hecho de que sean trabajadores extranjeros no significa que se permita que sean atacados violentamente, porque ninguna empresa foránea o nativa puede transgredir abusivamente las leyes laborales guatemaltecas ni cualquier otra normativa, en virtud de que nadie tiene la potestad de violar el ordenamiento nacional, mucho menos agredir con armas de fuego a personas residentes en Guatemala, sea de la nacionalidad que fueren, menos a trabajadores indefensos y alejados de su patria, de manera que de corroborarse ese incidente sangriento, la empresa Jaguar Energy habría cometido un gravísimo delito que no puede pasar desapercibido, menos ser premiado con la impunidad.
(Romualdo Tishudo atribuye a Woody Allen haber dicho: –Los chinos no miran; sospechan)