Opino que una de las decisiones más acertadas del gobierno del presidente Otto Pérez Molina es modernizar Puerto Quetzal. La creciente obsolescencia y conexa pérdida de capacidad competitiva de ese puerto dificulta el comercio exterior de nuestro país. El puerto mismo puede sucumbir, abatido por puertos próximos de El Salvador y México.

También es acertada la decisión de modernizar Puerto Quetzal con inversión privada, y no con inversión pública. Es una decisión acertada aun si el Gobierno de la República tuviera dinero para invertir en la modernización del puerto; pues los recursos son escasos, y es necesario asignarlos para satisfacer la demanda más urgente de bienes y servicios. Esa demanda no es demanda de servicios portuarios sino, por ejemplo, demanda de servicios públicos de seguridad de la vida y de los bienes de los ciudadanos, y también demanda de administración oficial de justicia.  Precisamente con inversión privada se han modernizado puertos importantes de América Latina; por ejemplo, puertos de Chile, Colombia, México y Panamá.
    La empresa Terminales de Contenedores de Barcelona construirá el nuevo puerto, en un área de 348,000 metros cuadrados, que la Empresa Portuaria Quetzal, propiedad del Estado, le otorgó por medio de un contrato de usufructo. Presuntamente el contrato es ilegal. Opino que es beneficioso que quienes argumentan que es ilegal, acudan a los tribunales de justicia para impugnarlo. Es beneficioso porque finalmente ha de demostrarse que el contrato es o no es legal. Es un beneficio independiente del motivo de la impugnación; por ejemplo, independiente de que el motivo sea que los sindicatos se esfuerzan por preservar privilegios económicos; o independiente de que los políticos encuentren oportunidades para renovar sus acciones publicitarias preelectorales.
    Si los jueces declaran que el contrato es ilegal, es necesario y urgente iniciar un nuevo proceso de modernización del puerto, que tenga, por supuesto, la debida legalidad: pues la presunta ilegalidad del contrato no tendría que impedir que se emprenda ahora mismo la modernización del puerto más importante de Guatemala en la costa del océano Pacífico. Empero, si los jueces declaran que el contrato es legal, debería continuar el proceso que ya se ha iniciado, reforzado con la ventaja de una legalidad declarada oficialmente por los jueces mismos.
    La modernización de Puerto Quetzal consistirá en construir un puerto especializado en operaciones con contenedores, que tendrá una “línea de carga” de por lo menos 250 metros de longitud, y cimientos para instalar grúas “pórtico”. Hay por lo menos cuatro causas por las cuales el puerto tiene que modernizarse: primera, el incremento del comercio exterior por medio de contenedores; segundo, el mayor tamaño de los buques mercantes; tercera, el ímpetu competitivo de puertos de otros países centroamericanos, y de México; y cuarta, la nueva ruta que pronto tendrá el canal de Panamá, que incrementará de manera extraordinaria el transporte marítimo de carga en contenedores. Conjeturo que los puertos competidores más próximos, es decir, Puerto de Acajutla, en El Salvador, y Puerto Chiapas, en México,  ansían que Puerto Quetzal se convierta en ruinas que inútilmente el oleaje marino intentará consolar.
    Post scriptum. Tiene que ser modernizado Puerto Quetzal pero también Puerto Santo Tomás de Castilla (en la costa atlántica), con inversión privada.