Cada cuatro años criticamos la conformación de los gabinetes de gobiernos y repudiamos la falta de integración indígena en altos cargos para dirigir el destino del país, sin embargo habemos profesionales y líderes sociales que somos cómplices de nuestros males, permitiendo la exclusión de nuestros pueblos originarios.
chamateo99@hotmail.com
Es innegable que el Sistema de Partidos Políticos favorece a los oligarcas y es excluyente, lo que se refleja en la limitada participación de la sociedad y particularmente a los pueblos indígenas con poca y casi nula presencia de diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, y funcionarios en la toma de decisiones sobre la problemática nacional. Ello no permite la expresión de la diversidad cultural de los veintitrés pueblos étnicos. Ante esta realidad adversa, nuestro papel y actitud debe estar encaminada ha participar en las actividades político-electorales para lograr espacios de decisión con honorabilidad, profesionalismo y principios en beneficio de la población que vive en situación de pobreza y pobreza extrema.
Es responsabilidad de los funcionarios que provienen del movimiento social, marcar una diferencia cualitativa respecto a aquellos que, en gobiernos anteriores, de alguna forma fueron utilizados por el sistema. En ese sentido, es importante que los profesionales que con consentimiento hayan aceptado nombramientos para dirigir órganos administrativos del Estado, asuman un rol protagónico para impulsar políticas públicas en que se prioricen las necesidades de la población que históricamente ha sido marginada. Ser funcionario es demostrar capacidad, poner en práctica las experiencias y velar por los intereses nacionales, eso implica no avalar políticas y proyectos que afecten la identidad y los derechos de los pueblos indígenas.
Por aparte, creemos que los funcionarios progresistas, no deben ser instrumentalizados para la implementación de proyectos en que se manipule a comunidades de los pueblos indígenas, para el desarrollo de proyectos de exploración y explotación minera. Se han usado trajes regionales, el paisaje y la pobreza rural para la promoción turística del país; se han nombrado funcionarios y embajadores indígenas para pagar favores políticos y proyectar la imagen multicultural en el extranjero y mercadeo político; algunos alcaldes y funcionarios se han trajeado como «inditos» para acercarse o parecerse artificialmente al pueblo; se ha contratado a señoritas indígenas como edecanes, y se ofrecen presentaciones y desfiles indígenas como una ingenua manera de promover lo indígena, mientras en la vida concreta de las comunidades se vive pobreza, exclusión y discriminación. Esas prácticas políticas, no deben repetirse por ser degradantes para la esencia de la vida y la cultura de los pueblos indígenas.
Los indígenas tenemos derechos, principios y una identidad cultural que debe respetarse y promoverse por el Estado con leyes y políticas. Para aquellos que vayan accediendo a cargos públicos, hoy por hoy, afrontan el histórico reto de hacer la diferencia entre el asimilacionismo político del pasado, y la participación constructiva, transparente y comprometida con los intereses y los derechos de los pueblos indígenas, y los grupos sociales más vulnerables del país.