El Consejo de Pueblos de Occidente señala que aún no han sido notificados por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ha declarado sin lugar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Minería. Sin embargo indicaron que, de ser así, demandarán al Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se han violado los derechos de consulta de los pueblos indígenas.

El abogado del CPO dijo que sin conocer los argumentos en que la CC se basó para dar dicho dictamen, es clara la negación de justicia, pues lo que se pretendía con la acción planteada era poder establecer una nueva Ley de Minería que regulara los derechos internacionales, que es obligación del Estado.

Además expresó que es un deber del Estado invitar a todos los órganos a que se cumpla con todos los convenios internacionales para poder implementar de manera efectiva estos convenios.

Según el abogado, este caso se llevará a una instancia internacional como la CIDH, pues no se han hecho efectivos los convenios internacionales de derechos de pueblos indígenas, habiendo con este proceso una negación de justicia, ya que no se puede negar la responsabilidad de los estados en aplicar los convenios internacionales.