La Superintendencia de Bancos inició una investigación sobre la entidad «Organizadora de Comercio» establecida como offshore por haber sido constituida en Panamá, pero cuando la representante legal de la empresa les dijo que no se metieran en lo que no les importa y amenazó con demandarlos, simplemente emitieron una resolución dejando todo como estaba y poniendo fin a la pesquisa. Si alguna falta hacía para demostrar la profunda debilidad de la Superintendencia de Bancos, esto viene a corroborarla fuera de toda duda, puesto que a cuenta de qué un ente regulador va a dejar de investigar porque así lo pide el investigado.
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Según la misma Superintendencia de Bancos, la Organizadora de Comercio era una entidad que operaba en las mismas instalaciones del Banco de Comercio y usaba el mismo logotipo para emitir certificados de custodia de valores que no son lo mismo que certificados de depósito. Pero a la hora de investigar, la Superintendencia de Bancos se arrugó, literalmente hablando, cuando la abogada que representa legalmente a la entidad les hizo una amenaza. Valientes autoridades tenemos si para poder actuar necesitan que el investigado sea dócil y se someta sin chistar a las instrucciones del ente no sólo regulador, sino que además supervisor del funcionamiento de las entidades que operan captando fondos del público en el mismo inmueble de un banco.
Yo creo que éste caso es suficiente para entender que algo hay que cambiar posiblemente en la estructura legal pero más seguramente en la voluntad de actuar de las autoridades en resguardo del interés público. Y es que cabalmente existe una Superintendencia de Bancos porque por el giro y naturaleza de estos negocios tienen que actuar dentro de normas claras y precisas y no se puede permitir que cada uno haga lo que le viene en gana. Es falso lo que suponen algunos de que un banco es como cualquier otro negocio, porque si bien sus accionistas ponen capital, el dinero que manejan y que es muy superior al aporte de los socios, proviene de lo que depositan los clientes y ese dinero tiene que ser resguardado, cuidado y protegido celosamente porque en ello consiste en verdad el negocio bancario.
Y como existen situaciones en las que de buena o mala fe se puede hacer mal uso de ese dinero o por lo menos ponerlo en riesgo, para ello existe una Superintendencia de Bancos cuya función es, cabalmente, supervisar las acciones y actuaciones de los bancos. En nuestro caso es evidente que se ha limitado a ser una especie de médico forense útil para explicar las causas de la muerte de un banco, pero no para prevenir ni curar las enfermedades que ponen en riesgo el dinero de los clientes y eso desnaturaliza sus funciones.
Creo, además, que la Junta Monetaria misma tiene que funcionar más como una entidad del Estado que como una cúpula que bajo condición de secreto se relaciona con los bancos. Es cierto que informaciones distorsionadas podrían crear problemas serios al sistema, pero informaciones ocultadas los causan peores y ese código de silencio que existe termina siendo la piedra angular de la impunidad por la forma en que lo entienden los banqueros. No se trata de ser discretos para tapar a todos con la misma chamarra sino de ser discretos para evitar problemas y visto está que ese objetivo no se ha logrado por lo que hay que valorar sobre qué es preciso mantener secretos y qué debe ser informado con certeza a la población. Aunque los iluminados crean que sólo ellos entienden las cosas, se sorprenderían de saber que hay muchos que pueden recibir y valorar con inteligencia esas informaciones.