Mañana los partidos políticos representados en el Congreso de la República tendrán que tomar una decisión respecto al acuerdo para darle vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entidad que vendría a coadyuvar con las instituciones nacionales en el combate al flagelo que significa la imposibilidad de aplicar el peso de la ley a los delincuentes en Guatemala. Nuestro país es reconocido como un paraíso de impunidad y por lo tanto es urgente que utilicemos cualquier recurso a nuestra disponibilidad para revertir esa situación y la CICIG es ese tipo de aporte.
No creemos que baste con la CICIG para resolver el problema que, en el fondo, tiene que ver con la voluntad política de entrarle, pero el simple hecho de avalar la creación de esa comisión es un gesto para empezar a mostrar voluntad y además la presencia de investigadores extranjeros, sin vínculos con los grupos del crimen organizado del país, puede servir para sentar las bases de lo que deberá ser en el futuro el esfuerzo nacional para combatir a grupos e individuos que se favorecen con el manto de la impunidad.
La Hora ha sostenido de manera categórica y reiterada que el problema tiene su origen en el conflicto armado interno. Durante la guerra, todas las instituciones fueron condicionadas (con o sin razón) para proteger a los elementos que en nombre del Estado libraban la guerra contra la insurgencia. Firmada la paz, esas instituciones no fueron modificadas y persistieron las estructuras de impunidad, pero los beneficiarios ya no eran guerreros que estaban trabajando para el sistema, sino quienes aprendieron a delinquir en esa tarea y luego empezaron a trabajar por su cuenta, para beneficio personal, montando organizaciones criminales de todo tipo y calibre.
Por ello es que hoy la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, entre otras instituciones, están más al servicio de los criminales que de la población y nunca avanzan en pesquisas, procesos y condenas porque no están diseñados para ese fin, sino para proteger a quienes cometen barbaridades.
Romper esa situación demanda del Estado un gesto y voluntad política que puede mostrarse, tibiamente al menos, con la aprobación de la CICIG. El argumento de la amenaza a la soberanía nacional es falaz, sobre todo porque lo esgrimen quienes comprometieron al país con tratados de libre comercio que no fueron discutidos sino que impuestos. Por ello es que pensamos que ahora es momento de hacer el Libro Blanco de la lucha contra la Impunidad, en donde quedará la constancia de quién es quién en ese esfuerzo y referencia histórica del papel jugado por personas e instituciones. Es por ello que el voto mañana en el Congreso es crucial, porque permitirá ver quiénes quieren combatir la impunidad y quienes quieren darle largas al asunto.