Puede sonar a mucho pedir, pero la verdad es que a partir de esa captura se abre a los investigadores una prueba de fuego porque es obvio que quien colocó el artefacto incendiario no lo hizo en solitario ni por iniciativa propia. Esto fue resultado de una macabra acción planificada y ejecutada por mucha gente que participa de las redes de extorsión que han puesto de rodillas a los guatemaltecos, por lo que a partir de los datos ya disponibles, se tiene que avanzar para determinar las responsabilidades en este incalificable hecho.

Es digno de rescate el papel de las autoridades en este caso, puesto que se ha sentado un precedente que puede ser determinante para el combate de esas formas inhumanas de actuar de las bandas criminales que no tienen el menor respeto por la vida humana. Siempre he pensado que más que la dimensión de la pena, tiene que haber certeza de que el delincuente habrá de responder por sus actos y eso ha sido lo que nos ha hecho falta desde hace mucho tiempo, puesto que ocurren crí­menes como el de las siete ví­ctimas inocentes que murieron carbonizadas en el ataque al bus y generalmente no se produce ninguna captura porque no se profundiza en las investigaciones hasta lograr resultados.

Evidentemente en esta ocasión hubo una actitud diferente, mucho más cumplida y responsable, que permitió la utilización de medios adecuados para dar con el paradero de quien plantó la bomba asesina en el interior de la unidad de transporte. Pero repito que no puede quedar ahí­ el esfuerzo, sino que tiene que aprovecharse para seguir pistas de llamadas telefónicas y contactos entre los ejecutores y quienes fueron los cerebros de la operación. La única forma en que podremos aspirar a enfrentar la criminalidad es mediante el uso de esa inteligencia que tanto nos ofrecieron hace cuatro años, pero que ha sido desperdiciada al punto de que la espiral de la violencia creció en ese perí­odo.

No creo que exista otra acción más efectiva para combatir la violencia que la acción decidida y firme de las autoridades para investigar los crí­menes y de los tribunales para castigarlos. Ciertamente falta mucho camino por recorrer porque si nos atenemos a los antecedentes, hemos de suponer que más pronto que tarde se dictarán resoluciones que permitirán que los criminales recobren su libertad. Hasta ahora así­ ha funcionado la cosa porque en los pocos casos en los que se inicia proceso, resulta que la defensa pública tiene más colmillo que la fiscalí­a y casi siempre logran obtener la libertad de sus defendidos.

Habiendo logrado lo más difí­cil, es decir la captura de hechores materiales, el Ministerio Público tiene que mostrar ahora su eficiencia y sin duda que la Fiscal General tendrá que poner especial interés en un caso que puede convertirse en paradigmático porque abre la esperanza de que, por fin, nuestras propias instancias hagan algo serio en contra de la impunidad. No hay otra forma de avanzar en la garantí­a de seguridad de la vida de los ciudadanos y el desafí­o está planteado.