En un paí­s donde la distribución de la riqueza es desigual, las empresas captan el 38.9% y los trabajadores 32% del ingreso de la economí­a nacional (Estudio de la Economí­a Nacional 2006 del Banguat), no podemos darnos el lujo en desperdiciar los recursos del Estado en salarios de 158 diputados y en la contratación de asistentes y asesores que a la larga no generan resultados óptimos en la aprobación de leyes. En vez de incrementar el número de legisladores cada cierto tiempo electoral, las autoridades correspondientes debieran analizar las necesidades del paí­s y priorizar la propuesta de Desarrollo Rural Integral que demandan las organizaciones populares.

Ahora que el gobierno de ílvaro Colom limitó la interferencia de diputados oficialistas en el nombramiento de gobernadores, selección de servidores públicos en los departamentos y gestión de obras, es un punto de partida para iniciar el proceso de recuperación del prestigio del máximo órgano de representación polí­tica del paí­s. Por ello, es necesario reformar la Constitución Polí­tica en materia electoral o modificar la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos para establecer un número reducido de diputados, quizá la mitad de los actuales, y buscar mecanismos legales para evitar que personas incapaces lleguen a ser diputados, eliminando la elección por lista nacional.

Estas reformas deben poner un tope a la reelección de diputados, con un máximo a dos periodos, y si se les descubre algún acto de malversación de fondos, prohibirles su reelección. Actualmente existen 32 congresistas que han hecho de su curul, su guarida, algunos como Loayza y Castillo están prófugos de la justicia. Otros que hicieron fortunas anómalas a través de la construcción de obras sobrevaloradas durante el gobierno de la Gana, como el aeropuerto internacional «La Aurora» se aferraron en alcanzar una curul para gozar de inmunidad y no ser perseguidos por la ley. Estas personas que ahora se hacen llamar «dignos e indignos», son los mismos de la clase corrupta que gobernó y siguieron los pasos del régimen eferregista.

Esta propuesta conlleva un riesgo, pues en determinado instante puede ser cooptada por los sectores poderosos del paí­s, pues al reducir el número de diputados, los puestos en los partidos serí­an ocupados por aquellos que poseen los recursos suficientes o gozar del patrocinio de los grandes capitales, por lo que no sorprenderí­a que la Asociación Guatemala Futura que solicita la reducción de diputados pueda ser utilizada para fines espurios y facilite el mantenimiento del status-quo de los sectores hegemónicos.

Si se concretan estas reformas sin responder a intereses ocultos, el paí­s podrá tomar aliento y continuar en la senda del desarrollo polí­tico, ya que entre los actuales diputados también hay personas probas, capaces de impulsar una nueva clase polí­tica. Queda entonces en manos de los diputados aprobar reformas que respondan a los intereses populares, lo que seguramente será una verdadera prueba de fuego para esta legislatura.