Yo creo que el control del tránsito es absolutamente necesario y que los motoristas tienen que saber que al conducir un vehículo tienen que observar las reglas generales que se dictan para todos los vehículos. No pueden andar serpenteando entre los carros como si fueran dueños de la calle bajo el argumento que ya alguno de ellos propagó en las redes sociales, de que precisamente usan motos para desplazarse más rápido en el congestionado tránsito urbano. Pero de eso a suponer que las nuevas disposiciones son la panacea para combatir el robo de celulares y los cotidianos asaltos hay una abismal diferencia porque mientras se sigan activando con total facilidad los aparatos robados y se puedan vender como dulces por el chiclero de la esquina, el robo continuará siendo un floreciente y próspero negocio.

Pero aun con la simple cuestión del ordenamiento vial podemos ver que la publicación del reglamento es una muestra de la forma en que se gobierna con improvisación y sin planificar acciones ni medidas. La nueva disposición cobró vigencia la semana pasada y apenas la parte que se relaciona con el chaleco anaranjado tiene un mes de plazo para ser exigible. Sin embargo, a sabiendas de que serán las Policías Municipales las encargadas de aplicar el reglamento y las sanciones a los infractores, nunca hubo la menor comunicación entre el Ministerio de Gobernación y su Departamento de Tránsito con las municipalidades para coordinar el trabajo.
 
 Ni siquiera con la abrumadora evidencia de que las PMT no quisieron nunca cumplir con la ley cuando se trató de sancionar la utilización de las motos por dos o más personas. Esa disposición tenía idéntico rango legal que la nueva disposición sobre la forma en que se deben conducir las motos y a los agentes de las policías de tránsito de los municipios les vino del norte. Por qué vamos a suponer que ahora sí serán eficientes para sancionar cuando es más difícil implementar estas nuevas disposiciones que la simple observación para multar cuando dos o más personas viajaban en una motocicleta.
 
 El tema de la seguridad y, sobre todo, el combate al crimen organizado que funciona impunemente con bandas que operan tranquilamente en distintos puntos de la ciudad para surtir a los negocios que se encargan de activar en las telefónicas los teléfonos robados y venderlos a nuevos usuarios que, en la mayoría de casos, están reponiendo el aparato que les robaron, no es cuestión de corazonadas, de prueba y error o de improvisaciones. Los delincuentes le tienen tomada la medida a la autoridad y saben perfectamente cómo actuar ante la indolencia y desidia de quienes tienen la obligación de hacer cumplir las leyes y los reglamentos. Por dura que suene la advertencia de que a las Policías de Tránsito que no cumplan  con sancionar a los infractores se les revocará la autorización que tienen para actuar por delegación del Departamento de Tránsito, todos sabemos que esas son puras babosadas y que dependerá de si el Alcalde de cada jurisdicción quiere el que se puedan implementar las medidas para acabar con el caos provocado por el comportamiento generalizado de los motoristas que no respetan los carriles de ninguna manera y creen que sus vehículos pueden pasar entre los carros y zigzaguear cuantas veces se les ocurra, aún y cuando golpeen otros automóviles con sus imprudentes maniobras.
 
 El tema del robo de celulares hay que enmarcarlo en contexto distinto porque mientras las telefónicas puedan seguir haciendo negocio al activar teléfonos robados, el robo va a continuar impunemente y en forma masiva como ocurre ahora. El negocio está servido y, por supuesto, no será a punta de reglamentos que se le ponga fin.