Mi Familia Progresa, Transmetro, TransUrbano, y el Plan Cuadrante de Seguridad son iniciativas inspiradas en experiencias latinoamericanas que resultaron exitosas. Sin embargo, las réplicas guatemaltecas no ofrecen los mismos resultados que las de los paí­ses vecinos e, incluso, tienden a desaparecer debido a la falta de transparencia, planificación y debilidad de las instituciones que les dan soporte.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas en América Latina se convirtieron en un parteaguas en algunos paí­ses por la forma de plantear y ejecutar polí­ticas públicas para eliminar la pobreza. A la fecha se ejecutan como parte fundamental de las polí­ticas integrales de cohesión social en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y República Dominicana, entre otros.

En Guatemala, la iniciativa surgió luego de la visita del presidente ílvaro Colom a Brasil, donde se desarrollan desde el 2001, al menos, cuatro programas de subsidios económicos para familias en situación de pobreza, a las que se les condicionan los aportes con la obligatoriedad de la educación y asistencia médica para los menores de edad.

Pese a las dificultades y obstáculos que se encontraron al implementar en los programas, la mayorí­a tiene un desempeño positivo en el marco latinoamericano. Incluso, han sido un modelo para paí­ses en ví­as de desarrollo de otros continentes.

Pero en Guatemala, las crí­ticas y los aplausos para el programa de transferencias monetarias condicionadas -Mi Familia Progresa- dividen a la opinión pública por varias razones: la transparencia, la institucionalización y la ideologí­a de los sectores opuestos a programas de asistencia que reciben, además, elementos para criticarlos como «polí­ticamente clientelares».

El ente encargado del programa, el Consejo de Cohesión Social, que estuvo a cargo de la esposa del Presidente, Sandra Torres, ha sido criticado desde su concepción por diversos sectores sociales y los partidos de oposición, debido a las dificultades que existen para fiscalizar los recursos públicos que se asignan a las transferencias monetarias.

Según Alejandro Urí­zar, de la organización Acción Ciudadana, los programas de transferencias condicionadas en América Latina son los que más transparencia han alcanzado por la atención y vigilancia social. En el caso de Guatemala, dejan mucho que desear, ya que una de sus grandes debilidades es la falta de un marco legal fortalecido y la publicación de las normas que lo rigen, para el conocimiento público, indicó el experto.

A la fecha no existe ningún documento en el portal de Internet en el cual se verifiquen los criterios de selección, las variables para clasificar beneficiarios, denuncias de casos de exclusión, etc. «Es una batalla legal muy fuerte desde la Contralorí­a General de Cuentas, el Congreso de la República y desde la sociedad civil para acceder a la base de datos», sostiene Urí­zar

En el caso de República Dominicana, por ejemplo, aparece toda la información del programa en un portal web en el que se puede obtener el número de beneficiaros, la fotografí­a de cada uno de ellos, el número de transferencia por beneficiarios y, en el caso de haber sido suspendido, las razones especí­ficas.

En contraste, en Guatemala se ha realizado una intensa batalla legal y polí­tica para obtener los datos de los beneficiarios con el fin de fiscalizar el proceso. La diputada Nineth Montenegro solicitó la información y luego de meses de espera y acciones legales, consiguió la información enredada y difí­cil de fiscalizar, en la que ha encontrado varios reparos.

En esa lí­nea, Urí­zar refiere que «el gran problema es que lo polí­tico está por encima de lo técnico. La planificación no se realiza y las evaluaciones están, en la mayorí­a de los casos, ausentes y solo se implementan cuando existe presión por parte de la oposición».

El experto considera que es muy temprano para evaluar los resultados de Mi Familia Progresa, debido a su reciente creación, pero señala con firmeza que la falta de medidas que garanticen transparencia para su fiscalización y la ausencia de directrices de largo plazo -como un proyecto de institucionalización- lo debilitan.

En el Gobierno todaví­a no hay una iniciativa para institucionalizar el citado programa, y por el contrario, es utilizado como una bandera electoral del oficialismo, ha opinado la legisladora Montenegro.

Lo que recomiendan expertos es dejar de hablar del Gobierno y de las figuras polí­ticas detrás de los programas: «lo que le falta a estos programas es institucionalizarlos bajo una ley para que estos no respondan a intereses de un gobierno, darle presupuesto propio y capacitar a los beneficiarios con programas de panaderí­a, mecánica u otro por el estilo», puntualizó Montenegro. De no cambiar ese rumbo, el programa está en riesgo, apunta.

EN EL TRANSPORTE

La Municipalidad de Guatemala lanzó en febrero de 2007 el proyecto Transmetro, que contempla la creación de ví­as exclusivas para los autobuses y dos años después, en 2009, se anunció el convenio entre el Gobierno central y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos para desarrollar el proyecto TransUrbano, que pretende la renovación de la flota de buses con nueva tecnologí­a y medidas de seguridad.

Según el Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura -CIFA- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Municipalidad ha fallado en hacer una lí­nea básica de planificación en el Transmetro, ya que el plan es «burdo», en vista de que no contempla las necesidades de los diferentes grupos poblacionales y el crecimiento de la urbe en el mediano y largo plazo.

El CIFA también menciona que es importante la calidad tecnológica que se utilice para también la calidad humana; «aunque signifique un gran salto, va demasiado despacio, ¿cuántas administraciones de ílvaro Arzú tuvieron que pasar para mejorar las rutas? La municipalidad tampoco ha cumplido su obligación de velar para que a la población se le dé un trato digno».

Sin embargo, í‰dgar de León, quien brinda una asesorí­a técnica en el Ministerio de Comunicaciones, menciona que a nivel profesional hay un poco de desconocimiento de los procesos de planificación en el Transmetro.

De León aclara que se ha hecho un proceso de planificación que arranca desde hace una década, basado en el cambio de tecnologí­a de transporte urbano, usando como modelo de desarrollo la ciudad de Curitiba en Brasil; modelo que fue implementado después en Colombia y Ecuador entre otros paí­ses.

Menciona que estos sistemas aún están en proceso, por lo que es demasiado aventurado emitir un juicio: «hay que esperar a que el sistema esté desarrollado para que el usuario tenga plenamente los beneficios de una red integrada, tal como se ha planteado».

En los años 70, la metrópoli brasileña desarrolló uno de los más efectivos sistemas de transporte público: la Red Integrada de Transporte, originalmente diseñada por el arquitecto y urbanista Jaime Lerner.

Se trata de una red integrada de colectivos, con una flota total de 2 mil 600 buses, en donde la prioridad la tienen los biarticulados. Cada unidad de transporte, con capacidad para 270 personas cada una, circulan por 72 km de canaletas exclusivas diseñadas para permitir una frecuencia adecuada a la demanda de los ciudadanos.

Los proyectos del transporte guatemaltecos están inspirados, en buena medida, en las iniciativas emprendidas en Brasil y Colombia, que cuentan con sistemas de movilidad urbana y moderna, y a la vez accesibles para las mayorí­as, pero la situación en el paí­s es otra, dice í‰dgar Guerra, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano.

«Pienso que en el caso el TransUrbano del pueblo de Guatemala ha sido un poco difí­cil de fiscalizar, porque aunque el proyecto cuenta con el respaldo de fondos públicos, poco se ha hablado de una rendición de cuentas», dice Guerra.

Esto, porque además de contar con un subsidio estatal, los empresarios del transporte recibieron del Gobierno el respaldo financiero para desarrollar un sistema prepago para implementarse en los nuevos autobuses.

«Recientemente vimos el caso de una unidad del TransUrbano que fue atacada. Si las cosas siguen así­, después de tres ataques, el proyecto de TransUrbano como se planteó en un inicio, está próximo a desaparecer, pues las cosas siguen funcionando como antes», agregó.

De esa cuenta, Guerra señala que la falta de transparencia y una visión de largo plazo harán «caducar a cualquier proyecto». «Hay que diseñar planes para que la gente viva dignamente y no solo para conseguir su atención», indicó. «SIEMPRE FRACASAR큻

En materia de seguridad ciudadana, dos programas se han «importado»: la implementación de los serenazgos, bajo la lí­nea que se trabajó en Perú y el Plan Cuadrante, que se inició bajo el contexto de éxito de Chile

En el 2004 se instauraron 52 serenazgos en toda la capital, pero en la actualidad varios están abandonados o ubicados en áreas inadecuadas, mientras que en el Plan Cuadrante no se cuenta con los elementos de seguridad ni las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos trazados: la seguridad ciudadana integral.

La diferencia con las experiencias extranjeras es que en Guatemala los planes han sido aplicados de manera incorrecta, según Mario Mérida, experto en seguridad.

Mérida menciona que primero hay que limitar el análisis situacional en donde se va a implementar, es decir, entender la densidad poblacional del lugar. «Algo muy importante es trabajar en la recuperación del espacio público, dentro de eso se determina la cantidad de fuerza policial que se necesita y por cuánto tiempo».

Lo que se busca en este tipo de programas es establecer ciertos lazos entre las fuerzas policiales y los vecinos, para armar un frente que luche en contra de la violencia. Esto sirve para identificar cuáles son los problemas locales, ya que lo que se busca es la prevención del delito.

«En Chile pasaron de tres a cinco años (para que el proyecto se consolidara), pero los resultados fueron inmediatos. Cuando se vea que los indicadores de violencia común han disminuido, significa que el plan está funcionando y que la presencia policial está teniendo el efecto que nosotros queremos» menciona Mérida.

Pero las estadí­sticas muestran lo contrario, ya que según informe presentado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), durante el gobierno de ílvaro Colom se han registrado 25 mil 776 muertes violentas, un incremento visible a comparación de hace cinco años en donde únicamente se contabilizó 13 mil 582 muertes.

La percepción de los hechos de violencia entre los habitantes de la ciudad capital es de un 68.3 por ciento en robo a mano armada. La ODHAG considera que uno de cada diez hogares capitalinos reporta por lo menos un acto de violencia.

En cuanto al crimen organizado, Mérida habla de los focos de distribución; un punto ideal para desarrollar los planes de seguridad serí­a en el barrio El Gallito o en la localidad Villa Hermosa, pero si no se tiene los elementos claros económicos y sociales, siempre fracasará».