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Sin embargo, la información pormenorizada del proyecto se reserva con total hermetismo; estudios técnicos, análisis financieros e informes de factibilidad son resguardados con recelo, pese al interés y la expectativa que genera el proyecto.

El 30 de abril último, el presidente Otto Pérez Molina y el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto suscribieron un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Energía de México (Sener) y el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM) que dio luz verde para que los dos países se unieran a través de la construcción de un gasoducto de gas natural.

El  martes pasado, Pérez Molina abordó el tema en el programa “De frente con el Presidente”, sin embargo no aportó detalles sobre los aspectos más sensibles del proyecto y se limitó a repetir la información que ya había publicado antes.

En el programa, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, informó grosso modo que el proyecto que forma parte de la Política Energética que impulsa este gobierno estará dirigido principalmente a la generación de energía eléctrica, es decir, para beneficiar a la industria que necesita grandes cantidades de energía para funcionar.

Sin embargo, aún no se tienen detalles precisos sobre el proyecto: ¿Por qué villas o terrenos pasará el gasoducto?, ¿Se compran tierras para desarrollar el proyecto?, ¿A quiénes beneficiará el gas? ¿De dónde saldrá el financiamiento para la construcción? ¿Qué impacto generará el proyecto? Esas solo son preguntas que quedan en el limbo y generan incertidumbre.

CERCO INFORMATIVO

La Hora intentó obtener una copia de la carta de entendimiento que recientemente fue firmada por los mandatarios en Mérida, estado de Yucatán, México, para conocer los detalles y las condiciones en las que se construiría el gasoducto, sin embargo ni el Ministerio de Energía y Minas, ni la Cancillería guatemalteca accedieron a compartir el documento.

También se trató de conseguir la información con la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) –que sería la encargada de desarrollar el proyecto– y el Gobierno del estado de Chiapas, México, debido a que por esa localidad pasaría el gasoducto, pero en ambos casos no hubo respuesta.

Además, se realizaron llamadas telefónicas a la Secretaría de Energía (Sener) del vecino país, sin que éstas fueran contestadas por el personal de la institución.

Aunque el MEM sí compartió alguna información sobre el gasoducto, no fue suficiente para despejar las dudas técnicas y legales que se plantearon en este reportaje.

EL MINISTRO HABLA

Archila explicó en un comunicado colgado en el portal del Ministerio a su cargo, “que el memorando fija las bases para impulsar un ambicioso programa de integración energética regional, con énfasis en proyectos concretos orientados a la provisión, transporte y comercialización de gas natural entre México y Guatemala”.

El proyecto visualiza un gasoducto desde las zonas de producción en el Golfo de México hasta la frontera con Guatemala, entrando al país a lo largo de la bocacosta hasta el corazón industrial de Escuintla.

Según Archila, a nivel mundial los cambios energéticos en materia de gas natural se han acelerado en los últimos años, “entonces México a través de su reforma energética contempla una parte importante en el sector del gas natural y para Guatemala contar con gas natural, la forma más viable y rápida,  de manera más congruente es a través de un gasoducto”.

“Es la forma que nos va permitir de cara al futuro, tener gas natural”,  aseguró.

A criterio del funcionario, los beneficios que se tendrían serían: Primero, potencializar los sectores de la industria del país, ya que se tendría la opción de tener energía más barata, porque el gas natural se utiliza para generación de energía eléctrica, lo cual podría cambiar en buena medida la matriz energética de Guatemala.

Y segundo, se diversificarían los temas de consumo: en el hogar, manufacturas pequeñas, en temas vehiculares y un “sinfín” de usos que tiene el gas, dijo Archila.

Lo que no aclaró el funcionario es quién invertirá en el proyecto, ante la falta de recursos en el Estado, a quién se beneficiará con el proyecto y quiénes podrían resultar perjudicados.

GASODUCTO DE 600 KILÓMETROS

Según el Ministerio de Energía y Minas se proyecta que el gasoducto sea de una longitud de 600 kilómetros, de los cuales unos 180 estarían en territorio guatemalteco, con una inversión estimada de US$800 millones que financiaría el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala había dicho anteriormente que el costo de este proyecto será de unos mil millones de dólares, mismos que se obtendrían de un préstamo del BID, del cual México absorbería el 60 por ciento y Guatemala el 40 por ciento restante.

La construcción que estará a cargo de técnicos de Pemex durará cuatro años y además se construirá una planta para la generación de  300 megavatios (MW) de energía, alimentada con gas.

El MEM indica que Guatemala busca que el gasoducto inicie en Tecún Umán, San Marcos (Occidente), y llegue hasta Escuintla, en la frontera con México; aunque existe la posibilidad de que México proponga ingresar  por el lado de San Marcos o por Huehuetenango más cercano a la Franja Transversal del Norte.

Después de la firma del documento de entendimiento, el segundo paso será el establecimiento de una comisión técnica, además de analizar la demanda del hidrocarburo.

Además, se buscaría aprovechar el corredor del gasoducto para instalar proyectos industriales y convertir a Guatemala en una nación exportadora de energía, al tiempo que se fortalece la experiencia de México en la materia.

ESTUDIOS PREVIOS

Carlos Martínez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, indica que para desarrollar una obra de grandes dimensiones se debe contar con suficiente documentación del proyecto que sustente todos los estudios económicos, financieros e impacto ambiental, y que determinen la viabilidad.

Según Martínez, estos estudios previos deberían de existir y ponerlos a la disposición de la sociedad civil y las entidades fiscalizadoras, porque se trata de un proyecto que involucra al Estado de Guatemala y al territorio nacional.

A criterio del analista aunque se haya firmado una carta de entendimiento, ésta no es suficiente, porque se debe manejar una base del proyecto con todos los requisitos técnicos, que pase por la evaluación de las distintas instancias de Gobierno e incluso independientes, para ver los impactos técnicos correspondientes y determinar si es viable o no.

Ahora bien, si se manejan esas informaciones del proyecto y no se dan a conocer, se trata de una maniobra de falta de transparencia.

Martínez señala que en lo que respecta al cambio de la matriz energética con el gasoducto sería probable, pero buena parte del problema en los precios de energía eléctrica es la Ley, porque fue elaborada para beneficiar a los comercializadores y no a los usuarios…

Entonces lo que existe en Guatemala es una carencia de regulación de vigilancia del precio de la energía de parte del Estado, aunque aumentara la oferta y las fuentes de generación, seguiremos con el mismo problema porque el Estado carece de mecanismos de fiscalización y de regulación de precio, lo cual sería la otra cara de la eficiencia energética.

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Según el director de Hidrocarburos del MEM, Luis Ayala, todavía no se tiene la parte del diseño macroeconómico del proyecto, sin embargo siempre se ha previsto que esta sea una obra desarrollada  en una alianza público-privada, donde pueda participar el Gobierno con un acompañamiento de los sectores internacionales que puedan brindar el financiamiento.

Ayala indica que en todo momento en el proyecto tiene que participar el Estado, ya que el acuerdo de entendimiento es entre los dos estados, México y Guatemala, pero en el momento de financiamiento se tendrán que buscar todas las alternativas posibles.

“En algún momento lo podrá hacer el Gobierno, pero en otro se va necesitar de la capacidad financiera del sector privado”, explicó.

Por su parte, Julio Héctor Estrada, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), dice que se encuentran apoyando al MEM para definir el mejor vehículo legal y financiero para realizar el proyecto.

Según Estrada, por prácticas internacionales y en especial como trabaja México, el Estado coloca una demanda determinada de gas para consumo eléctrico por ejemplo, entonces realiza un proceso de licitación para alguien que construye y opere el gasoducto, como si fuera una carretera con peaje, solamente que a través del consumo para electricidad y otros usos le garantiza un peaje mínimo.

Pero el responsable de la inversión en la construcción, mantenimiento y operación es el sector privado, por lo que se constituye una alianza público privada, y la parte de demanda que es parte eléctrica e industrial; lo mismo haría el Estado y se garantiza un mínimo de provisión de México y empieza a decir quien se compromete a comprar por veinte años 5, 8, 20 millones de pies cúbicos diarios.

Además, indica que también se realizan investigaciones si el proyecto se va ceder a través de una empresa estatal como el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) o si se hará la construcción de una empresa de gas nueva que conduciría los derechos de compra-venta, para el consumo de plantas eléctricas y plantas industriales privadas.

“Lo que es seguro es que el Estado no va a pagar de sus fondos, las inversiones en plantas eléctricas y tampoco probablemente en el gasoducto. Pero sí es el que le da la forma al proyecto y garantiza tanto la oferta como la demanda en su negociación con Petróleos Mexicanos y México”, dice Estrada.
 
“Más que meter dinero el Estado lo que hará es armar un clima de garantías y será el actor que ordena, coordina y estructura el proyecto”, refiere el entrevistado. 

EXPORTARÁN GAS DESDE EL 2018

Según Ayala, el gasoducto es muy importante para México, Guatemala y la región centroamericana, pero para el caso del país la gran ganancia sería la diversificación de su matriz energética introduciendo un combustible de origen fósil con un precio menor que el de los demás y con un nivel de contaminación más bajo.

“No es lo mismo quemar bunker para generación eléctrica que hacerlo con gas natural, es un beneficio en el tema ambiental que se podría tener, tiene menos emisiones que otro combustible fósil”, dice Ayala.

Además, indica que en el tema económico este producto tiene un menor precio en comparación con la gasolina, el gas propano o cualquier otro combustible de origen fósil, “para Guatemala sería muy importante introducir el gas natural en su matriz de generación eléctrica; esto vendría a cambiar sustancialmente la tarifa de la electricidad”.

Según el funcionario, un cronograma tentativo en lo que respecta al gasoducto es que en el 2016 México podría tener un superávit de gas natural producto del desarrollo que está teniendo en la zona sur, y dependerá del tiempo en la construcción del ramal que uniría la parte del Pacífico, para que Guatemala empiece a construir la parte del gasoducto que le corresponde.

Por lo que se prevé que entre el 2018 o 2019 Guatemala ya podría estar conectado al sistema del gas natural con México. El principal objetivo de Guatemala con la construcción del gasoducto conjunto con México es reducir en los próximos años hasta en 75 por ciento el costo de la generación de energía térmica en el país.

REFORMA ENERGÉTICA

En México recientemente se aprobó una reforma energética, con la cual se estima alcanzar una inversión total en exploración y explotación de 2.4 billones de pesos, los cuales 1.7 billones provendrán de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resto del sector privado, según la Secretaría de Energía de México (Sener).

En ese sentido se destinaría a la inversión de gasoductos 227 mil millones de pesos, una cantidad mayor que lo invertido en el periodo 1995-2012, y se estaría construyendo casi 10 mil kilómetros de oleoducto, lo cual representa un aumento del 72 por ciento en la infraestructura beneficiando a 17 entidades federativas y a un estimado de 16 millones de habitantes en el vecino país.