El proyecto de reforma migratoria acordado ayer entre demócratas y republicanos en Estados Unidos provocó sobre todo reticencia en los movimientos de base de la comunidad hispana convencida de que «no trabajaron para una ley con tantos obstáculos».
«Es positivo que ambos partidos hayan logrado un acuerdo en un proyecto de reforma para empezar el debate en el pleno del Senado, pero hay muchos puntos para rectificar y mejorar. De ninguna manera dejaremos que se quede así «, indicó a la AFP, Angela Salas, portavoz de CHIRLA (Coalition for Human Immigrants Rights in Los Angeles).
Como Salas, los líderes de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes indocumentados expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto que logró un consenso entre los dos partidos principales de Estados Unidos y que comenzará debatirse el próximo lunes en Washington.
«Es un proyecto muy similar al de años anteriores que introduce nuevas palabras, nuevos conceptos pero en esencia sigue dejando en un estado de vulnerabilidad al trabajador indocumentado que tiene una vida hecha en Estados Unidos», alertó Nativo López, presidente del grupo Hermandad Mexicana.
«Esta medida viene con un Z que significa la Revancha del Zorro en reforma migratoria», ironizó López al referirse a un punto del proyecto dedicado a los inmigrantes indocumentados que están en el país antes del 1 de enero de 2007.
Para ellos se contempla una visa denominada «Z» -para no inmigrantes-, que podrá obtenerse demostrando que tienen empleo y tras pagar una multa de 5.000 dólares. Así pasarán a integrar el «sistema de puntos basado en méritos» de forma de poder aspirar a la residencia permanente en el futuro.
«Yo no tengo como pagar 5.000 dólares y tampoco quiero aspirar a una visa temporal o que me obligue a volver a México», indicó Lina Borjez, de 24 años, indocumentada como su esposo que es limpiador en California (oeste de Estados Unidos), donde viven desde hace siete años y tienen tres hijos «americanos».
Borjez, ama de casa «por ahora», se encontraba el jueves en la noche en una marcha en el centro de Los Angeles donde unas 5.000 personas, en su mayoría indocumentados, se dieron cita para marchar por una reforma migratoria justa y defender el derecho a protestar tras una represión policial el 1 de mayo.
Fue coincidencial que horas antes demócratas y republicanos anunciaran un acuerdo sobre el tema que abre la vía a un debate legislativo desde la próxima semana.
«Marginar medidas sobre la reunificación familiar (padres o madres deportados), entre otros aspectos, relegaría a los latinoamericanos y demás trabajadores inmigrantes a un futuro de explotación y aislamiento», opinó por su parte la Federación Hispánica en un comunicado firmado por seis grupos de migrantes.
Para ellos «las recientes negociaciones entre la Casa Blanca y el Senado están llevando a los estadounidenses en una dirección incorrecta», advirtieron considerando que «no podrán permanecer pasivos a una propuesta de la Casa Blanca» que «hipotecaría el futuro» del país.
Se estiman en 12 millones los indocumentados en Estados Unidos, en su mayoría hispanos, una comunidad que es la primera minoría en el país con 44,3 millones de personas y que desea «continuar lo que comenzamos y enfocar el diálogo en la reforma migratoria, especialmente ahora que se está complicando», opinó Jorge Mario Cabrera, portavoz del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen).
«Vamos a trabajar constructivamente con ambos partidos para mejorar la ley, a fin de que el producto final sea una ley que sirva realmente para los estadounidenses y los ideales de nuestra nación», explicó en Washington Clarisa Martínez, portavoz de la Coalición por una Reforma Amplia.
Multas, altas exigencias intelectuales, vulnerabilidad del campesinado indocumentado, solicitudes para regularizar los estatus desde los países de origen, son puntos del proyecto de reforma que exasperan a los movimientos de base de los inmigrantes que llevan una vida sin papeles en Estados Unidos.