Una clara división de opiniones prevalece en el municipio de San Miguel Ixtahuacán sobre los beneficios sociales y costos ambientales de los proyectos mineros que se ejecutan en esa localidad.
lahora@lahora.com.gt
Desde el 2005 a agosto de 2009, la empresa Montana Exploradora de Guatemala S. A., responsable del proyecto minero Marlin, en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, asegura que invirtió Q93.3 millones en más de 172 proyectos de beneficio comunitario.
Los proyectos ejecutados en más de 128 comunidades, cercanas al centro de sus operaciones son para Montana, parte fundamental de las políticas de proyección social, independientes al pago de regalías e impuestos que le exige la legislación a las actividades extractivas.
Consultados vecinos y líderes comunitarios de distintas aldeas y caseríos de San Miguel, ofrecieron versiones distintas de apoyo y rechazo a las obras sociales de la minería, que en buena medida ha sido el punto de discordia en varias comunidades.
Un ejemplo de la aprobación a dichas políticas lo ofrece íngela Molina, de la aldea Máquivil, quien sostiene que uno de los proyectos de beneficio comunitario más importantes que ejecuta Montana es la construcción de un «hospitalito», que dará atención a varias comunidades y caseríos de la localidad.
De acuerdo con la empresa extractora, en salud la inversión asciende a Q14.04 millones y servirá para construir un Centro de Atención Permanente -similar a un centro de salud básico-, garantizar su equipamiento, pagar el personal de atención y efectuar el estudio de línea basal de salud, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud.
Por otro lado, Emilio Encón, miembro del Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Chílive, asegura que el principal beneficio que su comunidad recibe de Montana, es la capacitación en productividad y desarrollo social, a través de la fundación Sierra Madre.
«Realmente son pocos los que se oponen a la minería (…) no se dan cuenta de los beneficios que nos han traído a las familias y a las comunidades», dice Encón, en alusión a los programas de Sierra Madre, que promueve la productividad y capacitación profesional.
Otros aspectos que el líder comunitario destaca, es el apoyo de dicha fundación a la construcción de aulas, capacitación de maestros y a la generación de empleos en el municipio de San Miguel y en el resto del departamento de San Marcos.
Suman varios los que integran los grupos con consignas a favor de la minería, que entre otros aspectos, resaltan el beneficio que trajo consigo la inversión en infraestructura, como puentes, carreteras y caminamientos para el desarrollo económico de decenas de comunidades.
Inversión en programas tradicionales
172
proyectos sociales
concretados
93.3
millones de quetzales
invertidos en proyección social
14.04
millones de quetzales
destinados a salud
4.5
millones de quetzales
invertidos en educación
3
millones de quetzales
otorgados en créditos
En contraste con la posición de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y otras organizaciones civiles, que mantienen una postura favorable a la minería y sus obras, movimientos ecologistas rechazan esa actividad por el impacto que supone para el medio ambiente y los mínimos beneficios sociales que ofrece a la población.
Juan Osorio Pirir, vecino de La Peña, estima que las condiciones degradantes para el medio ambiente no se reparan con la proyección social que ofrece la minería, y en cambio sostiene que los daños son irreversibles.
«Si nos contaminan el río (Cuilco) nos van a dejar sin nada para después (…) eso no lo va arreglar nada de lo que están construyendo», enfatiza Osorio, dedicado a la caficultura.
Organizaciones ambientalistas, integradas en su mayoría por campesinos y respaldadas por movimientos religiosos, hacen eco del impacto ambiental de la minería y de la «irrelevancia» de su proyección social.
En una reciente visita a Guatemala, Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional, lamentó que los proyectos sociales de distintas empresas mineras se restrinjan a beneficiar a las comunidades que les apoyan.
Por otro lado, consideró que el principal objetivo de las empresas extractivas debe «enfocarse en evitar cualquier impacto ambiental que pueda contrarrestar y reducir a la nada su proyección social, afectando seriamente a las comunidades y a su desarrollo, más que a beneficiarlo».
De acuerdo con cifras de Montana, entre el 2007 y el 2008 sólo en regalías e impuestos se ha entregado Q230.9 millones al Estado de Guatemala.
A eso se suma el impacto económico que significó para el país la adquisición de bienes y servicios valorados en Q1.06 millardos, el pago de salarios y compensaciones por Q262 millones y las inversiones comunitarias valuadas en Q65.1 millones, cifras determinadas en el periodo antes mencionado.
En tiempos de crisis, los sectores que se manifiestan a favor de la minería resaltan el valor agregado que esa actividad representa para las comunidades, mientras que los sectores ecologistas consideran que el impacto ambiental será la causa de su ruina.