En la Corte de Constitucionalidad (CC), la defensa de Juan Alberto Ortiz, alias Chamalé, solicitó que el presunto narcotraficante, no sea extraditado a Estados Unidos. Frente a la sede del máximo ente constitucional, decenas de personas se unieron a la petición a favor del señalado.
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Con carteles consignando “Eres inocente Juanito”, “Libertad para Juan Ortiz”, y “No a la extradición”, decenas de pobladores del departamento de San Marcos llegaron a la CC para manifestar su apoyo al supuesto capo del narcotráfico.
En el lugar esta mañana se realizó la Vista Pública, donde la defensa de Ortiz alegó que la extradición se autorizó por medio de procedimientos ilegales, ya que Estados Unidos no habría cumplido con enviar las pruebas de la acusación en el tiempo establecido.
En ese sentido, Chamalé solicitó “ser escuchado”, ya que afirmó que no se le ha dado oportunidad de defenderse.
El presunto narcotraficante fue capturado el 30 de marzo del 2011, en Quetzaltenango, y en febrero del 2012, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal autorizó su traslado a dicho país.
El país norteamericano solicitó su extradición por el delito de conspiración para el tránsito ilegal de drogas. Según la acusación en su contra, dirigió una red dedicada al tráfico de drogas hacia México desde los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango y Huehuetenango.
El distrito de Tampa, Florida, los señala de haber recibido más de 40 mil kilos de cocaína entre 1998 y el año 2010.
Luego de escuchar los alegatos de su defensa, la Corte de Constitucionalidad resolverá confirmar o anular la orden de extradición en contra de Ortiz.
ENFRENTAN JUICIO
Por otro lado, en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, enfrenan juicio Fredy Herald de León Barrios y Martín García González, dos personas que fungieron como guardaespaldas de Ortiz.
Los señalados son procesados en un segundo juicio, ya que en septiembre del 2012 fueron condenados a 31 años de cárcel por el secuestro de tres personas en Champerico, Retalhuleu, en noviembre de 2009.
En este debate son señalados por el asesinato de Víctor Gálvez, líder comunitario de Malacatán, San Marcos, en un hecho ocurrido el 24 de octubre del 2009.
Según el Ministerio Público, el crimen derivó de un conflicto por la instalación de una hidroeléctrica, ya que Chamalé habría tenido intereses en la venta de energía eléctrica, de la misma forma que el líder comunitario.
Dentro de las pruebas en este caso se encuentra el arma utilizada por los presuntos agresores.