Obstruir vías públicas, con la deliberada finalidad de impedir el ejercicio del derecho a la libertad de transitar, es un delito. Los habitantes de Totonicapán que, el pasado 4 de octubre, obstruyeron un tramo de la carretera interamericana, cometieron ese delito. Era necesaria y urgente la intervención de la fuerza pública, para evitar que el delito persistiera.

Los habitantes de Totonicapán, convocados por las autoridades cantonales, protestaban por tres motivos: primero, el costo de la energía eléctrica; segundo, el proyecto presidencial de reforma constitucional; y tercero, la reforma de la carrera de magisterio.  Aunque los motivos hubieran sido válidos, y quienes protestaban ejercieran el derecho de petición (cuyo objeto puede ser administrativo, fiscal o político), y el derecho de “reunión pacífica y de manifestación pública”, delinquían. Y evidentemente estaban preparados para atacar a la fuerza  pública.
    Fue un suceso infortunadísimo, propicio para una infatigable lamentación, que  hayan muerto algunos de los ciudadanos que protestaban. Nadie tenía que morir, ni ser herido. Empero, es absurdo pretender que el presidente Pérez Molina, quien, por mandato constitucional, ejerce “el mando de toda la fuerza pública”, haya autorizado matar, como si hubiera tenido el propósito de crearse un problema más grave que el problema que pretendía resolver. También es absurdo pretender que el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, o el Ministro de la Defensa Nacional, Ulises Noé Anzueto Girón, hayan autorizado matar. Igualmente absurdo sería pretender que las autoridades cantonales crearon, de manera intencional, circunstancias propicias para la matanza, con el fin de conferirle escandalosa importancia política a la protesta convocada por ellas mismos.  
    Conjeturo que en la protesta intervinieron agentes extraños cuya deliberada finalidad era provocar una matanza; pero no una moderada matanza de seis, siete u ocho ciudadanos sino una ambiciosa matanza de decenas o centenas, que generara un incontenible ímpetu popular subversivo, propicio para asaltar el poder del Estado. Precisamente sobre protestas públicas, el problema general del gobierno del presidente Pérez Molina puede plantearse en estos términos: ¿cómo evitar que sea transgredido el derecho a la libertad de transitar, y simultáneamente evitar que mueran ciudadanos que transgreden ese derecho, si hay agentes extraños que deliberadamente intervienen para que haya muerte?
    La muerte de quienes protestaban ha tenido una trágica utilidad. Ha sido útil para aquellos mismos agentes extraños, porque avanzaron en su estrategia de aprovechar protestas públicas para causar víctimas mortales con poder de suscitar impredecibles rebeliones populares. Ha sido útil para Rigoberta Menchú porque, aunque no participó en la protesta, encontró la  oportunidad de actualizar su presencia pública. Y ha sido útil para el ex candidato presidencial Manuel Baldizón, porque encontró una oportunidad de proseguir en el intento de obtener anticipadamente ventajas competitivas en el próximo proceso electoral.
    Post scriptum. Rigoberta Menchú mostró “casquillos” de bala que ella había hallado en el lugar en donde murieron los ciudadanos que protestaban; y los mostró como prueba de que las balas habían sido disparadas con armas del tipo que usa el Ejército de Guatemala. Ella, entonces, alteró la “escena del crimen”, y debe ser sujeto de persecución penal pública.