Ecologistas liderados por el alcalde indígena Auki Tituaña mantenían secuestrados hoy a 56 empleados de la minera canadiense Ascendant Copper, a quienes capturaron hace cinco días en rechazo a la extracción de cobre en una reserva natural del norte andino de Ecuador.
Mientras los retenidos, entre ellos 34 ex militares, claman por una negociación para conseguir su liberación evitando un rescate a la fuerza, los manifestantes radicalizaron su posición al exigir la salida de la corporación extranjera que aún no explota los yacimientos.
El Estado debe cumplir lo que dice la Constitución, que para este caso dice que la población involucrada debió ser consultada antes de ceder las áreas mineras, expresó Gustavo León, uno de los dirigentes de la protesta que permanece en el caserío de Junín, en cuya capilla están encerrados los secuestrados.
Esta gente será entregada cuando el ministerio de Energía y Minas deje insubsistentes las concesiones debido a que son inconstitucionales, agregó.
Tituaña, burgomaestre de la población de Cotacachi, defiende la tesis de preservar el medio ambiente en la reserva de 205 mil hectáreas y que se extiende por cuatro provincias ecuatorianas (incluidas Esmeraldas y Carchi, en la frontera con Colombia).
Para León, el conflicto que se registra en el área de Intag (en la provincia de Imbabura) y que amenaza con derivar en choques violentos entre gente armada, no ha sido solucionado por el Estado, el cual irrespeta la Constitución.
Los retenidos -que ingresaron con revólveres a la zona de Intag y que son acusados de ser paramilitares- serán entregados a las autoridades cuando se declaren insubsistentes las concesiones y eso implica la salida de la minera como reclaman 15 mil habitantes de la zona, añadió.
Ascendant Copper asumió en 2004 el derecho de extraer cobre y otros minerales a cielo abierto en el área de Intag y mientras se alista para la fase de operación financia proyectos agrícolas.
Entretanto, Luis Guerra, de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura -en cuya jurisdicción está Intag (que en quichua significa más allá)-, manifestó que el gobierno no tiene interés en solucionar el conflicto.
Señaló que in situ ha constatado que los captores están respetando los derechos de los secuestrados a pesar de que tienen algunas restricciones debido a su encierro en la capilla de Junín.
Reciben dos comidas diarias y son autorizados a salir para sus necesidades, agregó Guerra.
Ayer, Edwin Navarrete, un subteniente (r) del Ejército ecuatoriano líder de los retenidos, dijo que a Copper (pedimos) que solucione lo más rápido posible este inconveniente para poder regresar a nuestras casas.
Negociando se suele llegar a un entendimiento, no queremos ninguna acción a la fuerza, apuntó.
El ex oficial relató que -apoyados por guardias privados de seguridad- ingresaron a Intag para levantar un campamento para actividades agrícolas y un helipuerto financiadas por la minera canadiense.
Polibio Pérez, dirigente de los manifestantes, expresó, a su vez, que a los agresores les fueron incautados 17 revólveres y mochilas con material de campaña, incluida munición y gas lacrimógeno.
Esta semana, el gobierno ordenó la suspensión de las operaciones de Ecuacorriente, subsidiaria de otra minera canadiense, tras enfrentamientos en la selva de la Amazonia que dejaron varios detenidos (entre ellos un diputado indígena) y heridos.