El tema del tránsito del transporte pesado por la ciudad de Guatemala ha provocado la paralización del servicio con las consiguientes repercusiones que van más allá de simples molestias para convertirse en reales perjuicios para la población y para todos los usuarios del sistema. En prácticamente todas las ciudades del mundo existen regulaciones para el tránsito de transporte pesado y Guatemala no es una excepción porque el tráfico se ha convertido en un serio problema y es natural que se trate de expeditar su fluidez en las horas de mayor afluencia.
La Municipalidad de Guatemala emitió un reglamento para normar el transporte pesado y lo prohibió durante las horas pico del tráfico urbano; la Corte de Constitucionalidad le dio la razón al Municipio al actuar de esa forma y por lo tanto hay que aceptar que la normativa está en ley y que debe ser acatada. Cierto es que ello causa problemas a los conductores del transporte pesado que tienen que postergar sus accesos a la ciudad y por lo tanto pierden tiempo, pero si programaran de mejor forma sus operaciones podrían evitarse esos problemas.
El caso es que la paralización que se realiza ahora como medida de hecho para presionar a la Municipalidad está afectando al resto de la población y el Estado tiene la obligación de proteger el bien común y ejercitar las acciones legales correspondientes para restablecer el orden cuando ese bien se vea amenazado o perjudicado por acciones de particulares. En este caso ya hemos visto que hay desabastecimiento de combustibles en medio de una crisis creada por los precios de los derivados del petróleo, y es indudable que existe una lesión seria a los derechos de toda la población por parte de los transportistas y de sus pilotos.
Por ello es que urge tomar acciones firmes para demostrar que existe en realidad decisión de actuar en apego a las normas constitucionales que obligan al Estado a proteger el interés colectivo y evitar que el interés particular pueda hacer daño a la comunidad. Y es evidente e irrefutable que existe en este momento una alteración del orden público derivada del comportamiento de un grupo de empresarios y de trabajadores del transporte pesado, quienes además están incurriendo en delitos al perjudicar a sus usuarios con lo que puede considerarse como una retención indebida de las mercaderías que tenían que transportar, hecho que el Ministerio Público podría tipificar como delito porque está dañando a muchas empresas. Si entre el Municipio y los transportistas hay indisposición al diálogo, los ciudadanos no tenemos por qué cargar con las consecuencias y el Gobierno tiene el deber de preservar el orden público.