Contar con una cultura de reconocimiento y protección de los derechos humanos es uno de los grandes anhelos de los países desarrollados, y conjuntamente con ello, y como parte integral de los mismos, el derecho a la libre emisión del pensamiento constituye un pilar fundamental de cualquier Estado que dícese de ser democrático.

En las sociedades modernas, existen roles importantes para alcanzar distintas formas de desarrollo. Cuando los países han alcanzado determinado progreso en temas relativos al ambiente político, económico o jurídico, los roles de profesionales y técnicos se orientan más a lo científico, tecnológico, cultural o deportivo.  E inclusive, algunos países llegan a desarrollar todos estos elementos, habiendo superado los posibles rezagos sociales, principalmente. En el caso de Guatemala, hay muchas brechas que aún no permiten trazar una verdadera ruta que permita consolidar un verdadero Estado de Derecho y que con ello, se alcance un desarrollo integral, sostenible e igualitario. Una de las brechas más visibles es el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, y dentro de éstos, el derecho a la libre emisión del pensamiento.

En los procesos de búsqueda de las libertades y el enfoque de exigir a los gobernantes el respeto a los derechos humanos, el periodismo investigativo, así como el activismo de las organizaciones de Derechos Humanos, han unido esfuerzos y han logrado múltiples éxitos y reconocimientos sociales, especialmente en contra de aquellos gobernantes que bajo aspectos de corrupción, o autoritarismo, han violentado normas, derechos y garantías constitucionales.

Por ello, con cada ejercicio democrático electoral, los distintos candidatos salen rápidamente a ofrecer a la población, la garantía del cumplimiento de estos dos pilares de la democracia, prometiendo que los derechos humanos serán respetados y promovidos, así como también en sus planes de gobierno y discursos políticos registran a la libre emisión del pensamiento como de los más importantes elementos de garantizar. Sin embargo, silenciosamente ambos rubros son tomados en cuenta como peligrosos, quizá porque atentan contra el –status quo– de los últimos años, que evitan un pleno goce de estos derechos.

Pero precisamente por ello, los gobiernos de turno deben –o debieran– ser extraordinariamente respetuosos con ambos actores, e inclusive velar por su protección de manera especial, puesto que tanto los periodistas como los defensores de derechos humanos, con sus distintos aportes y acciones, permiten alcanzar una incidencia grande en toda la población, y alrededor del mundo.  Y si los políticos fueran más astutos, los tendrían como sus aliados estratégicos, consultores especializados o por lo menos como personas que pueden dar valiosas contribuciones para la construcción de un mejor país. 

El ejercicio de un periodismo digno, así como la defensa de los derechos humanos ha probado ser de gran riesgo, tanto aquí en Guatemala como en todo el mundo, pues las acciones que se desarrollan muchas veces molestan a quienes con intereses egoístas, no tienen una conciencia responsable y atentan contra la institucionalidad de los países.