El Congreso ratificó el Convenio centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos que participen en investigaciones y procesos penales por tráfico de drogas y delincuencia organizada.
El diputado opositor Fernando García indicó que la ratificación se hizo en cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Recordó que el convenio obliga a Guatemala a dar protección a personas que coadyuven en procesos penales en casos de narcotráfico y delincuencia organizada.
El instrumento también permite la residencia temporal o definitiva en otro país miembro del convenio, cuando amerite la protección en resguardo de la vida e integridad personal.
Además, impone obligaciones al Estado como la prestación de servicios de seguridad física, asistencia médica, legal, social, sicológica.
El convenio fue suscrito en la capital guatemalteca en diciembre de 2007 por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
El objetivo del marco jurídico es combatir el crimen organizado, afirmó.