La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará este viernes los descargos del gobierno de Brasil en una causa iniciada por familiares de víctimas de la dictadura militar (1964-1985), quienes llevan más de tres décadas buscando, sin éxito, justicia en su país.
Este es el segundo día de audiencias sobre el caso Gomes Lund, más conocido como «Guerrilla de Aragauaia», referido a la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de al menos 70 personas entre 1972 y 1975, cuyos autores se amparan en una amnistía dictada por el régimen militar en 1979.
Hoy alegarán los abogados del gobierno brasileño, al que las familias de las víctimas acusan de que favorece la impunidad, por no haber tenido voluntad política para aclarar los crímenes de la dictadura, pese a que el propio presidente Luiz Inacio Lula da Silva estuvo preso en esa época.
También alegarán funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, quienes acogieron los planteamientos de los familiares de las víctimas, y llevaron el caso a la Corte Interamericana, que tiene su sede en San José.
Además de algunos familiares de las víctimas, el jueves testificó el ex procurador brasileño Belisario Dos Santos, integrante de una comisión interinstitucional que ha investigado el paradero de los desaparecidos, sin mayores resultados, debido a la falta de colaboración de los jefes militares.
Dos Santos dijo que, gracias al trabajo de la comisión ha sido indemnizado un importante número de víctimas o sus familias, pero admitió que no se ha podido cumplir con la expectativa de éstos, que es hallar los restos de los desaparecidos e identificar a los responsables de sus muertes.
La Corte, presidida por el magistrado peruano César García-Sayán, también escuchó el jueves el testimonio de Laura Petit Da Silva, cuya hermana María Lucía fue ejecutada extrajudicialmente en 1972 y cuyos restos no fueron hallados hasta 1996.
Da Silva relató que durante los 24 años que duró la búsqueda de su hermana «no hubo ninguna disposición de colaborar por parte de ningún agente del Estado» y, por el contrario, se han interpuesto obstáculos a los esfuerzos por lograr justicia.
Brasil se ha negado desde el retorno a la democracia en 1985 a abrir una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, amparándose en la Ley de Amnistía de 1979.
Hace dos semanas, el Supremo Tribunal Federal descartó la posibilidad de abrir una investigación de este caso, invocando la vigencia de esa amnistía.
Las familias de las víctimas son representadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuya directora ejecutiva, Viviana Krsticevic, criticó la falta de cooperación de las autoridades y tribunales brasileños.
CEJIL recordó que las resoluciones de la ONU y la jurisprudencia de tribunales internacionales han sido claras en que las leyes de amnistía no pueden ser alegadas como razón para no investigar el paradero de desaparecidos.
Tampoco pueden invocarse para negarse a identificar y castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, dijo Krsticevic.
Una vez finalizada la audiencia de este viernes, se abrirá un periodo para la recepción e incorporación a la causa de alegatos escritos hasta el 21 de junio, tras lo cual la Corte emitirá una sentencia en un plazo no establecido.