Obviamente no todos en Guatemala se alegran por la decisión unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas al prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, puesto que se aplica aquello de que cada quien habla de la feria según como le fue en ella. En efecto, los que rabiosamente aplaudían a la CICIG cuando procesó a Portillo no son los mismos que le reconocieron la seria investigación en el caso Rosenberg, ni son los mismos que ven bien que se trabaje el caso Pavón, ni mucho menos los que creen que el caso Musa va en buen camino.
Eso para citar apenas los casos más destacados desde el punto de vista de la opinión pública. Pero la verdad es que en un país con la impunidad tan enraizada, es natural que el trabajo para implementar un estado de derecho en el que podamos luchar seriamente por el imperio de la ley no genere muchas simpatías porque para muchos ha resultado más fácil, y no digamos más lucrativo, aprovechar la fragilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia para facilitar la corrupción, la evasión y la «administración de justicia» por propia mano.
Pero al grueso de la población le tiene que caer como una muy buena noticia la prórroga del mandato de la CICIG porque es obvio que, contra viento y marea y a tragos y rempujones, la entidad ha ido abriendo brecha y ahora queda concretar el traslado de su capacidad y experiencia a instituciones nuestras como el Ministerio Público que, por vez primera, parece estar en manos idóneas para enderezar el rumbo.
En los últimos meses la CICIG ha estado bajo fuego cerrado porque quienes fueron importantes aliados al principio, es decir los medios de comunicación, cambiaron de actitud luego del inicio de investigaciones por el caso Pavón, coincidiendo la nueva actitud con la que también adoptaron en el sector empresarial del país, inconforme por el curso de esas investigaciones. Pero la comunidad internacional y buena parte de la sociedad guatemalteca mantienen su apoyo y confianza en los trabajos realizados que apuntan efectivamente a combatir la impunidad en distintos frentes y ese apoyo quedó reflejado con la decisión unánime de la Asamblea General de la ONU al extender el mandato de la Comisión.
Sabemos que la CICIG tiene que ser un apoyo temporal y que en esta última etapa de sus funciones tendrá que redoblar esfuerzos para trasladar su capacidad y voluntad de luchar contra el crimen a entidades guatemaltecas. Por ello es que ahora, más que antes, hace falta que la sociedad respalde el proceso, tomando en cuenta que hay receptividad en un Ministerio Público llamado a ser el continuador del esfuerzo.