Su movimiento, indudablemente muy bien financiado, obtuvo por diferentes métodos que aproximadamente 77 mil personas, consciente o inconscientemente, firmaran listas que se adherí­an a la propuesta de reforma.

 

Como lo establece la Constitución Polí­tica, plantearlo es su derecho de petición: «Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la Ley».

 

Al ser su petición una propuesta de reforma a la Constitución vigente y habiéndola planteado con las formalidades que establece y requiere el artí­culo 277: «Tiene iniciativa para promover reformas a la Constitución: d): «el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5 mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos». Así­ mismo, en aplicación al párrafo final del artí­culo citado, «el Congreso de la República debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado», lo cual el Congreso de la República respetó y siguiendo los procedimientos parlamentarios trasladó a la comisión respectiva, presidida por el diputado Oliverio Garcí­a Rodas, quien durante un perí­odo prudencial abrió el espacio para que opinaran respecto a dicho proyecto numerosas entidades que se apersonaron, de las cuales, más del 90 lo hizo en contra de la propuesta.

 

En base a lo anterior y al criterio constitucional de la comisión, se elevará al pleno un dictamen negativo, lo cual implica que el Pleno respetará y votará desechando la solicitud, ya que serí­a improcedente convocar a una consulta popular para ratificar o rechazar dicha reforma que no obtuvo respaldo de opiniones suficientes y más graves aún, es antidemocrática.

 

Ante la derrota y rechazo de la susodicha propuesta que no es más que pretender una Constitución liberal a ultranza, basada en los conceptos de un pensador austrí­aco, varios columnistas, especialmente los nueve que son miembros fundadores de ProReforma, están tratando de hacer las de Jalisco: «Que nunca pierde y si pierde arrebata» e imponer la consulta, lo cual es improcedente y significarí­a gastar más de Q150 millones sólo para darles gusto.

 

¿Es correcto, que después de haberse agotado los trámites legislativos se pretenda obligar a que a pesar que la mayorí­a de quienes opinaron fuera de forma negativa, 45 conocidos ciudadanos y quienes confiaron en ellos y les dieron su firma, obliguen a éste gasto improcedente para consultar sus personales criterios? Sin duda alguna, la respuesta debe ser No. Una cosa es, como dijo Franí§ois Marie Arouet, más conocido como Voltaire: «No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo» y otra es querer hacer las cosas a puro tubo. No comprenderlo no contribuye ni al sistema democrático, ni a la reputación de quienes fundaron e integran la Asociación ProReforma del Estado que planteó y legalmente perdió.