La inédita iniciativa del presidente Otto Pérez Molina para promover la despenalización de las drogas en la región, que atrajo hacia Guatemala la atención del mundo hace más de cuatro meses, ahora se encuentra relegada a un segundo plano en la agenda del mandatario.

No obstante, el sistema de persecución penal contra el narcotráfico continúa bajo la mirada crítica de quienes lo consideran costoso e ineficiente, e insisten en una alternativa que viabilice la captura de capos, pero más importante: la desarticulación de estructuras, además de atender el consumo como un problema de salud.

El Presidente advirtió que la despenalización de los narcóticos tomaría “mucho tiempo”, pero solo han transcurrido 136 días desde que anunció su polémica iniciativa para combatir al narcotráfico y hoy, en el Día de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, la propuesta parece perder cada vez más fuerza.

La semana pasada, junto a Gil Kerlikowske, zar Antidrogas de los Estados Unidos, Pérez Molina dijo que es necesario luchar “con firmeza” en contra del narcotráfico, mientras se acuerdan “nuevas alternativas” para hacer frente a esta problemática.

El discurso presidencial y la falta de seguimiento al tema en diferentes ámbitos hacen creer a los analistas consultados que el tema se “enfrió” y que difícilmente podrá recobrar relevancia sin un disciplinado y coordinado respaldo del Gobierno.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, señala que la propuesta de Pérez Molina se encuentra en un “punto muerto” y estima que sin apoyo regional la despenalización continuará de esa manera. “No podríamos tener una condición diferente en Guatemala a la del resto de Centroamérica”, advirtió.

Carmen Rosa de León Escribano, del Consejo Asesor de Seguridad, considera que el enfoque de la despenalización debe mantenerse vigente como un “problema de salud” y no un tema penal en los casos relacionados con la posesión para el consumo.

“(La despenalización) reduciría el número de capturas por posesión para el consumo. Entonces lo que se busca es que este tipo de personas sean orientadas desde el ámbito de la salud o del servicio comunitario, en lugar de mandarlo preso e ingresarlo al sistema”, lo que según De León, actualmente congestiona a la cadena de justicia.

“Es toda una dinámica la que se plantea, la misma que en Estados Unidos, de manejar el consumo como un problema de salud y no como un problema de delito que tenga que ir a la parte penal”, señala la experta.

EL PRECIO DEL DELITO

El costo más alto del narcotráfico lo representa la violencia, que desencadena muertes y agresiones en las que se ven implicados tanto traficantes como personas sin relación con el ilícito.

Sin embargo, también hay un precio que pagan las instituciones oficiales que se encargan de la seguridad y del procesamiento judicial de las personas involucradas en el negocio del tráfico de estupefacientes

En el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público se resisten a informar sobre sus costos de operación, pero según Álvaro Dubón, gerente general del Organismo Judicial (OJ), más de Q60 millones se destinan anualmente en esa instancia a la sección relacionada con narcoactividad.

El funcionario explica que los 34 Tribunales y Juzgados de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de todo el país absorben una importante cantidad de los recursos estatales.

Según indica, entre el pago de la planilla, arrendamientos y otros gastos de funcionamiento, en cada juzgado de narcoactividad se invierte anualmente un aproximado de Q1 millón 765 mil.

Mientras tanto, estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación del Organismo Judicial (Cenadoj) revelan que durante los últimos cinco años se registraron 8 mil 442 personas sindicadas de delitos contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad.

Sin embargo, hay un contraste significativo entre la situación de los imputados, de tal manera que 1,520 personas fueron señaladas por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes –narcotráfico– y 5,468 personas fueron sindicadas por posesión para el consumo –consumidores de pequeñas cantidades– de droga. El resto se enfrenta a la justicia por otros delitos.

De acuerdo con De León Escribano, las estadísticas demuestran que existe un conflicto entre la persecución de los involucrados en ambas actividades –narcotráfico y consumo–, ya que muchas veces la atención de las capturas se centra en las personas que adquieren la droga para consumo propio, lo que representa una congestión eventual en el sistema de justicia.

“La justicia pone más atención a personas que consumen pequeñas cantidades, más que en intentar acabar con la causa del problema, que realmente es el tráfico y la distribución a gran escala”, indica.

A criterio de Asturias, la despenalización en la posesión para el consumo en cierta cantidad sería viable para poder descongestionar el sistema penal y el sistema penitenciario: “La mayoría de jóvenes capturados en redadas, muchas veces han sido incriminados por los policías, quienes les ponen drogas para poder capturarlos, solo porque les parecen sospechosos; esto es parte de un proceso de criminalización y estigmatización de jóvenes”.

“En este sentido, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene una política equivocada de premiar por captura; hay una visión represiva y regresiva que tiende a premiar al agente por aprehensión; sus estadísticas señalan que mientras más capturas hay, es mejor. Por eso tenemos un promedio entre 40 y 41 mil capturas por año”, opina el analista.

Asturias cree que actualmente no se están persiguiendo los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sino a personas que “parecen delincuentes”, lo que hace dudar de la verdadera efectividad de las instituciones.

RESULTADOS EFECTIVOS

Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indica que en la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista de política criminal, la efectividad debería medirse no por el número de incautaciones y detenciones, sino por el número de estructuras criminales que el Ministerio Público es capaz de desarticular y por la cantidad de sentencias que el Organismo Judicial logre ejecutar.

“Regularmente el funcionamiento de las instituciones de justicia tiene el defecto de centrarse sobre la persecución de los casos menores y se olvidan de la persecución de los delitos de alto impacto” dijo el analista consultado.

Canteo concluyó que el impacto de la persecución penal del narcotráfico sobre el sistema de justicia guatemalteco produce un efecto de saturación tanto en los tribunales como en el hacinamiento de los centros de detención.

El problema es más serio de lo que parece, según Canteo, porque con la actual política de persecución de la narcoactividad, se invierten grandes recursos económicos en la persecución de consumidores  y se dejan de lado las prioridades para la seguridad y la justicia.