La propuesta de reforma fiscal presentada ayer por el gobierno del presidente Otto Pérez Molina considera la emisión de tres nuevas leyes, encaminadas a transparentar y aumentar la calidad del gasto público.

Las leyes serí­an las concernientes a fideicomisos públicos, enriquecimiento ilí­cito y la del sistema nacional de planificación y evaluación de la gestión pública.

Edgar Balsells, economista y ex ministro de Finanzas Públicas, considera que la de enriquecimiento ilí­cito es “importante”, porque “tiene que ver con el tema de información”, sobre todo con el sistema financiero.

En cuanto a los fideicomisos, explica que “es una vieja ley, que vení­a discutiéndose mucho en el Congreso”, que intenta regular los programas que están bajo esa figura en el Estado.

Para ello, según dice, se habí­an estudiado leyes de otros paí­ses, pero siempre ha faltado “voluntad polí­tica” en el Parlamento para aprobarla. Principalmente gente del Partido Unionista, porque las municipalidades de Guatemala y Mixco también tienen fideicomisos “polémicos”, agregó.

Flavio Ortiz, del Instituto Centroamericano de Estudios Polí­ticos (Incep), dice que siempre que se intenta hacer transparente el gasto, a través de esos mecanismos, el problema es que luego “comienzan los subterfugios”.

Según explica Ortiz, “se invierten miles de millones de quetzales en dos o tres hojitas porque son cuestiones puramente polí­ticas”, entonces, considera que la reforma fiscal “debe controlar los fideicomisos”, porque “no se sabe ni cuánto dinero hay” en esas figuras de gasto.

“Estamos llenos de leyes”, dice el experto de Incep, “tenemos una ley de acceso a la información pública, las oficinas están ahí­, pero nadie las visita”, afirma, y agrega que “como que si el guatemalteco perdió ya el sentimiento de velar por la seguridad de su familia y de sus hijos”, “dejamos que los polí­ticos hagan todo y luego medio nos quejamos, pero no hay propuesta y seguimiento”, explicó.

Afirma que “hay que aplicar las leyes que ya están, porque lo que va hacer es perder tiempo en cuestiones que son importantes”.

Respecto a la ley de planificación, Balsells la considera innecesaria, porque estima que la Secretarí­a de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), ya tiene las herramientas necesarias para planificar y evaluar la gestión gubernamental.

 â€œSimplemente tiene que ver con que en Segeplan haya buenos funcionarios que manejen el presupuesto”, porque “se ha vaciado de gente que maneje el tema operativo”, “incluso no tiene economistas”, agregó.

El experto argumenta que “no es un tema de layes”, “es un tema polí­tico de interés de la Segeplan, pero ya la ley de ministerio de Finanzas y la misma Constitución habla del plan-presupuesto (…) no le veo la necesidad de hacer la gran cantidad de leyes que luego no se cumplan”. Se necesita ministro y un secretario “que se pongan a trabajar”, finalizó.

Flavio Ortiz considera que nuevas leyes no resolverí­an el problema del uso inadecuado de los fideicomisos, porque “el ser humano busca siempre cómo evadir y beneficiarse”

“El presupuesto debe responder a una planificación, no como lo que están haciendo, quieren más dinero y no saben ni en qué se lo van a gastar”, finalizó.

“El desarrollo se logra a través de planes, incluso los paí­ses desarrollados tienen planes de hasta cincuenta y cien años, en Guatemala todo se hace a través de contingencias”, por tanto debe pensarse en “un plan que involucre a todos los sectores, y que éstos se involucren en la ejecución de los proyectos y programas que están haciendo”.