Después de muchos meses de trabajo y búsqueda de apoyos, el Grupo ProReforma que dirige el doctor Manuel Ayau presentó al Congreso de la República su propuesta para modificar la Constitución Política de la República de Guatemala con el respaldo de más de setenta mil ciudadanos que ejercieron su derecho de petición expresamente consignado para esa materia en nuestra Carta Magna.
Uno de los aspectos que los promotores consideran esenciales es la integridad de la reforma, es decir, que la misma sea conocida y tramitada sin modificaciones para que se someta a consulta popular tal y como la elaboraron los miembros del selecto grupo que se define como de ideología libertaria. En otras palabras, según lo ha expresado reiteradamente el doctor Ayau, la intención no es que el Congreso meta mano en la iniciativa y la pueda ir modificando, sino que lo que desean es que la misma sea presentada como un todo sin variaciones.
De acuerdo con nuestra Constitución, sin embargo, eso no es posible porque los diputados tendrían la facultad de discutir y aprobar artículo por artículo y de acuerdo a su saber y entender (que puede no ser leal), los puntos que consideren importantes y de esa cuenta creemos que la iniciativa de ProReforma abre las puertas a que se pueda promover todo tipo de cambios y a lo mejor el resultado final, si es que se llega a elaborar el cambio constitucional, podría no tener nada que ver con lo que propusieron los miembros del grupo cívico que encabeza el fundador de la Universidad Marroquín.
De hecho, aun entre los que firmaron el apoyo a ProReforma hay algunos que no comparten la totalidad del proyecto y que consideran que algunas partes son convenientes pero discrepan en otras. Y si eso pasa entre los que firmaron su apoyo, cuánto más entre los que no comparten el punto de vista libertario y que critican aspectos relevantes de la reforma.
Creemos que el debate sobre el contenido deberá ser profundo, pero entendiendo que los procedimientos no permiten que la propuesta pase sin modificaciones y por lo tanto será nuestro Congreso, con sus diputados no muy apreciados por la población, el que tenga la última palabra antes de una consulta popular y nadie puede asegurar que lo aprobado finalmente no sea un churro de aquellos que se pueden considerar realmente como un remedio peor que la enfermedad. Es de reconocer el mérito de quienes desde su visión ideológica se propusieron replantear nuestro orden legal, pero en el marco de la Constitución actual, su iniciativa puede ser la llave para abrir una caja de Pandora.