Inconformes con la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, analistas en temas electorales confluyen en la necesidad de implementar reformas integrales para hacer más democráticos los procedimientos con los que se eligen a las autoridades. Transparencia y sanciones ejemplares son los componentes fundamentales de su propuesta, a las que suman además la participación de la ciudadanía y la calidad en la formulación de encuestas.
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Es difícil contar todas las transgresiones a la legislación electoral durante la primera fase de la contienda que se realiza este año. Con campañas anticipadas e inversiones en propaganda que rebasan los techos de gastos, hasta el encubrimiento de financistas e informes de contabilidad dudosos, los partidos –en su mayoría– demostraron poco respeto a la ley.
Esta situación derivó en una crítica profunda del sistema eleccionario, determinado por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que según analistas de la materia, necesita de un nuevo espíritu para democratizar más los comicios.
El objetivo, explican los expertos, es repensar la forma en que los guatemaltecos eligen a sus autoridades, a través de reformas que promuevan la transparencia en los partidos políticos y se sancione con severidad a los que infrinjan las normas, y a la vez, propiciar la participación de la ciudadanía y la ética de otros actores de influencia, como las firmas encuestadoras.
VACíOS LEGISLATIVOS
“Lo principal de la Ley Electoral es que hay muchos vacíos. Le da pocos instrumentos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para fiscalizar y para ser efectivos sus dictámenes. Las multas son muy bajas y si los partidos políticos no pagan, como ha pasado este año, quiere decir que no hay poder coercitivo dentro del Tribunal Supremo, por lo que los partidos políticos no se sienten con la obligación de rendir cuentas claras sobre su financiamientoâ€, explica Luis Fernando Mack, analista político.
La Ley citada establece que el TSE o el Director del Registro de Ciudadanos podrán imponer sanciones, que van desde una multa de US$125 en los casos de campaña anticipada, hasta la cancelación de un partido en casos de fraude, modificación de resultados, incumplimiento en la cuota de votos o la incorrección de procedimientos sancionados.
No obstante, el cumplimiento mismo de las sanciones se encuentra limitado por las debilidades normativas, que según los expertos, deben ser contrarrestadas con el empoderamiento de autoridades electorales con la capacidad de aplicar medidas coercitivas y castigos drásticos para las agrupaciones políticas que incurran en ilegalidades.
“Las sanciones están vinculadas al fortalecimiento del TSE, en especial a la dependencia que debe tener en la fiscalización a las organizaciones políticas; es un ente que puede emitir resoluciones para poder castigar y normar la vida de los partidos políticos y darle el poder al Tribunal para que sea el órgano que en materia electoral conozca, emita y juzgue y dictamine las sancionesâ€, señala José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Incluso, “el mismo Tribunal Supremo Electoral ha pedido al Congreso de la República las enmiendas pertinentes a efecto de sancionar de una manera más eficaz a los comités y partidos políticos a efecto de que realmente no se sobrepasen los techos económicosâ€, advirtió Julio Enrique Doughety, magistrado Suplente del TSE.
Los castigos severos, a la vez, desembocarían en el fortalecimiento de las medidas de transparencia en los partidos, que difícilmente cumplen con la presentación de los informes de gastos de campaña, y sobre los que también giran dudas en cuanto al origen y destino de recursos.
La ley prohíbe a los partidos políticos recibir contribuciones de individuos o entidades extranjeras y establece que todas las organizaciones políticas deben mantener sus registros a la vista pública. Pero, en materia de transparencia, los procesos electorales se han visto empañados porque la mayoría de organizaciones políticas no cumplen con la rendición de gastos y no revelan los nombres de sus financistas.
Para el analista Renzo Rosal, un área clave de las reformas se refiere al financiamiento, tanto público como privado. “Más allá de ver si se aumenta el financiamiento público, es importante (determinar) cómo se está utilizando solapadamente fuera de fines electorales. Y el tema de financiamiento privado pues es toda un área en particular para regular fuentes, todo el tema de orígenes, límites de campaña, etcétera, todo ese tema de campaña es un capítulo al que hay que meterle fuerzaâ€, refiere.
A criterio de Sanabria se necesitan cambios profundos: “Se debe transformar la matriz del financiamiento de los partidos políticos. No podemos permitir que los partidos en su gran mayoría dependan del financiamiento privado, porque les resta autonomía, les resta independencia, porque los comprometen a responder a los intereses de sus financistasâ€.
ENCUESTAS Y PARTICIPACIí“N
La metodología utilizada actualmente por los partidos políticos es la realización de encuestas que posicionan a los candidatos en puestos elevados en el favoritismo de la población, pero ¿la regulación de las encuestas es otro vacío en la ley?
Ante eso, Rosal considera que no se pueden prohibir, pero sí se deben regular en la legislación, para crear estándares de calidad que permitan diferenciar las mediciones hechas con criterios técnicos que carecen de calidad.
Sanabria considera que las encuestas son instrumentos de utilidad, que en el caso electoral ofrecen una “foto†de la intención de voto de los ciudadanos, sin embargo, no siempre demuestran ser efectivas y eficientes para cumplir con el objetivo con el que fueron creadas por las firmas encuestadoras.
Un punto que según los analistas consultados es importante, gira en torno a garantizar reformas integrales que fortalezcan la democratización del proceso y motiven la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional de los partidos.
“Se trata de continuar apuntando de la línea de democratizar los partidos políticos, en cómo fortalecer toda la parte de la formación política y todo lo que tiene que ver con la creación de los partidosâ€, señala Rosal.
“Entonces no se vale que haya partidos que sigan funcionando, pero que no se pongan en el escrutinio públicoâ€, puntualizó.
“Apuntemos los misiles hacia ciertos capítulosâ€
El analista Renzo Rosal cree que es necesario impulsar reformas parciales, pero integrales, estratégicas y bien sustentadas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
ENMA REYES
ereyes@lahora.com.gt
¿Cree en la funcionalidad de la Ley Electoral y de Partidos Políticos?
Evidentemente, no. La Ley Electoral presenta varios vacíos y que no son superficiales, sino de fondo. Se requiere indiscutiblemente un proceso de reforma profunda, sustantiva.
¿Considera viable otro proceso electoral con la legislación vigente?
No. Creo que este proceso electoral termina de desnudar todas las debilidades que hablamos y otras más, y que por lo tanto, creo que es insostenible tener un siguiente proceso electoral con la misma ley. Eso no aguanta. Si ahorita ya dio todo de sí, ya provocó demasiados problemas, dentro de cuatro años eso sería el colapso total.
¿Por qué cree que hasta ahora no se han reformado las regulaciones sobre el financiamiento y las sanciones a los partidos?
No se han podido modificar, porque como todos sabemos, las reformas a la Ley pasan por el Congreso de la República y obviamente estos temas de financiamiento y sanciones pues son para que los partidos se machuquen la cola; entonces son los primeros que se oponen. Se han opuesto no sólo en esta legislatura, sino en todas las legislaturas a meter reformas sustantivas allí, porque tiene que ver con reducir sus espacios de maniobra, sus espacios de poder.
¿Qué se necesita para impulsar estos cambios?
Un diseño de propuestas muy sólido, que venga en buena medida apoyado por la sociedad civil, pero especialmente que sea una propuesta académicamente fundamentada y realista; que no propongamos reformas de todo porque al final va hacer de todo y de nada, sino que le apuntemos los misiles hacia ciertos capítulos que aunque no sean todo lo deseable, si sea posible. Creo que cuando hablamos de reformas integrales porque queremos reformar del artículo uno hasta el número infinito y eso lo hacen viable y sostenible es por eso que es importante apuntar reformas sustantivas, pero a apartados que tengan más posibilidades de maniobra.
¿Qué opina del uso de las encuestas?
Yo en lo particular no me inclino en prohibir las encuestas. Lo que sí me parece importante es eliminar esas encuestas anónimas o apócrifas, donde no hay calidad de los estudios de opinión pública tanto cualitativos como cuantitativos. Yo creo que por allí hay que exigir más. Los partidos políticos están en todo su derecho de contratar y hacer las encuestas que quieran, pero no a cualquiera; es decir, hay que crear estándares de calidad para hacer ese tipo de estudios y en un medio más acotado, los partidos podrían contratar pero media vez sean indicadores de calidad, que garanticen en buena medida que el producto que salga va a ser un producto objetivo de calidad y contenido.
¿Considera que este tipo de mediciones deben estar reguladas en la Ley?
Creo que sí, pero no por el lado de prohibirlas sino de regular su uso y en qué periodo vale la pena usarlas y para qué cosas no.
José Carlos Sanabria
Asociación de Investigación y Estudios Sociales