La Comisión Europea emplazó a los Estados de la Unión a desplegar en 2010 un sistema de supervisión financiera continental, que controle la actividad de los bancos y evite los excesos y riesgos que originaron la actual crisis económica.
Europa debe ser «la primera en aplicar los compromisos del G20 en materia de supervisión financiera transfronteriza. Es hora de pasar a la acción», declaró en rueda de prensa el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
El portugués deploró que, pese a los muchos debates e informes recientes que han evidenciado la necesidad de vigilar mejor el sistema financiero, origen de la debacle económica mundial, «hasta ahora no ha habido ningún movimiento hacia delante».
«La economía real necesita mercados éticos y eficaces si quiere mejorar», dijo Durao Barroso, defendiendo que si bien las medidas nacionales tomadas para salvar a los bancos, mediante, por ejemplo, nacionalizaciones, son «cruciales», deben ser «completadas por una arquitectura más eficaz de supervisión».
Basándose en un informe de expertos publicado en febrero, la Comisión propuso crear un órgano de control de riesgos macroeconómicos con la potestad de dictar amenazas potenciales para la estabilidad financiera, emitir señales de aviso a los gobiernos y promulgar recomendaciones.
Esta institución, llamada Consejo de Supervisión de Riesgos Sistémicos, estaría presidida por el presidente del Banco Central Europeo e integrada por los gobernadores de los bancos centrales de los 27 países de la Unión Europea.
De esta forma, se lograría «escapar de esta dinámica de boom y caída», dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, refiriéndose al último ciclo económico, iniciado con una bonanza entusiasta, cortada de cuajo por una debacle estrepitosa.
La propuesta de la Comisión incluye además la creación de tres autoridades paneuropeas, cuya principal función sería coordinarse con las autoridades nacionales de supervisión financiera y mediar entre éstas en caso de litigio.
Estas medidas serán examinadas en junio sucesivamente por los ministros de Finanzas y por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, con el objetivo de plantear propuestas legislativas a fines de año.