Acción Ciudadana en colaboración con la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el seminario “El Derecho de Acceso a la Información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, con la participación de expertos internacionales y locales en la materia.
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David Gaitán, de AC, explica que la discusión busca que las autoridades y funcionarios de Gobierno respeten el derecho humano del libre acceso a la información y propone abrir procesos judiciales a las entidades que incurran en violaciones a este derecho.
“Aun afrontamos muchos desafíos, por ejemplo, la implementación de unidades de Información Pública en las instituciones, la apertura hacia una cultura de transparencia, los avances respecto a los límites al acceso a la información; todo esto para que los funcionarios públicos no decidan de manera antojadiza que entregar y que no”, expresa Gaitán.
La Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República, surgió para facilitar el ejercicio del derecho fundamental que tiene toda persona para acceder a la información que genera, administra o está en poder de las instituciones del Estado. De esta manera, nace para garantizar la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos de la administración pública.
Acerca de las debilidades de la ley, el investigador señala que como cualquier ley siempre es perfectible, pero que otorga las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda acceder a la información y para que el funcionario cumpla con la obligación de entregarla.
“Puede ser mejorada, pero el ciudadano no solo debe cumplir con lo que dice la ley, sino ir más allá y que prevalezca la máxima publicidad y transparencia en la gestión pública.”
Acción Ciudadana propone la judicialización de los casos de violaciones al acceso a la información, “para que los funcionarios públicos comprendan que la ley es seria y se tiene que respetar; porque que los jueces serán capaces de sancionarlos y el Ministerio Publico los perseguirá penalmente”, indica el analista.
Para Gaitán, en Guatemala no hay voluntad política en este tipo de acciones, pues considera que para los funcionarios el acceso a la información no es un aspecto relevante dentro de su plan de trabajo, y le prestan poca o nula atención.