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Usted es el ponente de una serie de estudios que persiguen la conformación del sistema nacional de seguridad, ¿por qué cree que hasta ahora se empieza a tomar acciones?

Es lamentable que la dinámica que está adquiriendo la iniciativa de aprobar el Sistema Nacional de Seguridad no se haya dado anteriormente con casos como las ejecuciones extrajudiciales en Pavón, asesinatos y feminicidios en serie o por los casi seis mil homicidios que se han cometido en el último año. El proyecto es producto de un proceso de recolección colectiva que inició en 1999, pero los poderes reales de este paí­s, especí­ficamente de la estructura dominante en su mayorí­a proveniente del sector económico, pareciera ser que le interesa que las cosas sigan como están.

¿Por qué querrí­an que las cosas sigan igual?

Por la defensa de sus intereses, del modo estructural de acumulación del capital y porque los niveles de poder más altos de esta sociedad han sido caldo de cultivo para que se incuben estructuras de poder criminal: las mafias, el crimen organizado. Eso ha imposibilitado limpiar las «estructuras de autoridad» que no solo están infiltradas por el crimen organizado y la narcoactividad, sino que llevan adelante operativos de ejecución extrajudicial a criterio y conveniencia de grupos privados, brincándose la ley cuando así­ les conviene.

¿Cómo solucionar el problema?

Este gobierno ya tocó fondo, ya no logra hacer nada, va a seguir patinando en el mismo lodo en los meses que le quedan y las opciones en la flora y fauna electoral no presentan mayores perspectivas. Es obligación de los ciudadanos y sectores organizados prepararnos para evitar que esto siga escalando.

¿Cómo empezar?

Conociendo la verdad, si no tenemos la información correcta nosotros también vamos a patinar en el mismo lodo. Parte de los problemas que tiene Berger es que las estructuras de poder que mediatizan para generar las condiciones que le son propicias, no le están dando toda la información.

¿A partir de la verdad, se empezarí­a el proceso de depuración?

Depurar, no. El Estado que tenemos es un Estado mafia, sus principales soportes son la corrupción e impunidad. Yo no puedo entrarle a estructuras totalmente corruptas e impunes y creer que voy a construir sobre ellas, es infantil, demente. A partir de conocer cuál es la verdad, tenemos que reconstruir las estructuras del Estado, refundar la PNC

¿En qué orden?

Necesitamos que se apruebe la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad para privilegiar el sistema nacional de inteligencia, reconvertir la Secretarí­a de Análisis Estratégico, SAE, en una de inteligencia de Estado, crear el Consejo Nacional de Seguridad, poner a funcionar la Dirección General de Inteligencia Civil, aprobada por ley el año pasado, pero por falta de «presupuesto» no está funcionando.

El Consejo debe estar conformado con nuevas figuras. Además se debe buscar la reingenierí­a de la dirección de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional para que, como decí­a un ex Presidente, cada mico en su columpio.

Usted plantea que haya mesa limpia, ¿pero se dice que nadie quiere aceptarle los cargos a Berger?

Porque no se está planteando una ruta crí­tica, la certeza de los pasos que se deben dar, ni el producto a conseguir. Quién se va a querer meter en esas condiciones.

¿Esa propuesta implicarí­a un acuerdo nacional?

De aquí­ al cambio de gobierno, ameritarí­a sentarse en una mesa de entendimiento para que todos los candidatos asumieran que hay que tomar una decisión en conjunto. Yo tengo fe en eso porque precisamente el Foro de Partidos Polí­ticos privilegió el tema por acuerdo común. Primero firmaron la agenda nacional compartida, de la temática lo que más ha avanzado es la comisión de seguridad que generó la propuesta de Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. El paso estratégico es instalar el sistema, según la ley. El dictamen casi está listo para que pase al pleno y ojalá que con carácter de urgencia nacional se apruebe.

¿Aprobada la ley qué procederí­a?

Crear el Consejo. Yo no tengo nada en contra de Carlos Vielmann, ni de Juan Luis Florido, pero no creo que sean las personas para enfrentar la reconstrucción. Si no han podido manejar la crisis, cómo van a enfrentar la reconstrucción del Estado. Las evidencias en el caso Contreras Natareno, revelan que ya hubo comisión de delito.

Paralelo a eso, hay que crear un punto de articulación con los sectores organizados de la sociedad y ahí­ entra a jugar un papel importante la propuesta del Procurador, Cardenal y Rector de la Usac, a la cual le falta incluir CICIG, pero afortunadamente, sí­ lo incluye el colectivo de organizaciones sociales. Pero a esas dos propuestas les falta el cómo.

¿Y cómo hacerlo?

Cuando a mí­ me dicen depurar, yo no puedo depurar una organización que está totalmente contaminada. Yo la entierro o la encierro, pero no la puedo seguir utilizando. Creo más en el proceso de refundar la PNC, el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

¿Se puede?

Nosotros ya lo hicimos. Cuando el ingeniero Ricardo Marroquí­n Rosada fue nombrado Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia me pidió que fuera el director nacional de creación de la SAAS y la creamos. Tení­a dos mandatos, crear el cuerpo de agentes civiles para la seguridad presidencial, vicepresidencial y familias; y disolver el Estado Mayor Presidencial. Avanzamos en lo primero; en lo segundo, Portillo se opuso. El hecho de haber podido generar un cuerpo de seguridad honesto, capacitado, profesional, es el mejor producto que podemos exhibir, es un activo del proceso de reforma al sector seguridad, pero ante la crisis que estamos viviendo no se pueden pedir resultados de viernes a lunes. Creo que en este momento no hay soluciones de corto plazo, aunque sí­ resultados.

¿Como cuáles?

Empezar a crear una policí­a civil distinta, capacitar mandos, visualizar el modelo de policí­a que requerimos, para eso necesitamos la ayuda del exterior. Igual podrí­amos ir con el Ministerio Público. Eso implica otro paso en la ruta crí­tica: la creación del Instituto de Investigación Forense que permitirá dejar de pretender condenar solo con prueba testimonial y pasar a la cientí­fica. Entonces vamos a ir creando un Estado en pequeño ?me incluyo porque quisiera colaborar en ello?.

¿Qué se hace en los siguientes cuatro años?

Medidas excepcionales: Intervenir la Policí­a Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial. El quién y cómo hay que discutirlo, pero no pueden seguir funcionando como están ahora; es indispensable ver qué se rescata de ellos y del sistema penitenciario.

¿Se puede intervenir la PNC, pero no el MP, ni el Organismo Judicial?

Sí­ se puede. Creo que un convenio de Estado implicarí­a un acuerdo para reconstruir la institucionalidad. Este tendrí­a que ser un entendimiento entre los tres organismos del Estado y la Corte de Constitucionalidad, si no quieren que toquemos fondo, que la crisis nos lleve por derroteros donde ya no podremos manejarla.

Tenemos que tomar un acuerdo de refundar la institucionalidad de la seguridad y la justicia, el compromiso serí­a que en el 2012 el nuevo gobierno tendrí­a una nueva estructura.

¿No hay otra posibilidad?

Sí­ hay otra, una regresión autoritaria, la que nos llevarí­a a una ruptura absoluta de la institucionalidad, al entronizamiento de un nuevo dictador. Ya se está pensando y eso serí­a un retroceso no a 1931 sino a 1898, pensando en don Manuel Estrada Cabrera.

¿Y Berger qué tendrí­a que hacer entonces?

Pensar que es el representante de la unidad nacional, colaborar con estas ideas podrí­an permitirnos ayudarlo a pasar a la historia como un Presidente que abrió el espacio para reconstruir la seguridad y la justicia y no como un Presidente que falló en el manejo de estos sectores y que viene siendo corresponsable de la crisis que tenemos en este momento.

¿Quién liderarí­a la propuesta?

Honestamente hablando soy enemigo de los pilares de iglesia, soy más institucional. Se debe crear una comisión especí­fica de rescate, propuesta y gestión para la reconstrucción del Estado en materia de seguridad y justicia, en el entendido que los resultados serán vinculantes a polí­tica pública. Esa comisión deberí­a ser del Congreso porque es el centro de la legitimidad nacional y la estarí­a facultando para lograr un acuerdo con el Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público.