De acuerdo con el Ministerio Público la corrupción es un delito muy difícil de probar ante los tribunales de justicia, por lo que señalan que la creación de juzgados especializados ayudaría a tener mayor impacto en esta lucha.

Javier Monterroso, asesor del Ministerio Público (MP), indicó en entrevista a La Hora que los delitos de corrupción son muy complejos de exponer ante un juzgador y que sin la herramienta legal de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, más conocida como Ley contra la Corrupción, lo es aún más.

En anteriores declaraciones, Raquel Sáenz, Fiscal contra la Corrupción, expresó que la Jefa del MP, Claudia Paz y Paz, está dándole mucho énfasis y apoyo a esta fiscalía, por lo que indica que la capacidad de investigación de la fiscalía va en aumento; sin embargo, fue cuestionada sobre lo que sucede cuando el caso llega al Organismo Judicial (OJ), y señala que la existencia de juzgados especializados en este tipo de delitos contribuiría a que la trama de corrupción disminuyera.

“Lo ideal sería que hubiesen jueces especialistas en temas de corrupción, porque sería mucho más fácil poder explicar; los casos son bastante grandes, bastante voluminosos, hay expedientes que constan de 80 laits y poderlo exponer en una Audiencia de tres o cuatro horas es aún más complejo”, dijo Sáenz.

Sin embargo, para subsanar el problema, indicó que el MP trabaja con análisis financieros y análisis de expedientes, para que los fiscales puedan sintetizar los casos y  puedan ser  concretos durante las audiencias.

Por su parte, Monterroso indicó que los togados no están acostumbrados a juzgar casos de corrupción,  están acostumbrados a otras áreas del derecho penal, “hasta en las facultades de Derecho se le dan  más énfasis a otro tipo de delitos, a saber, los elementos típicos de un delito de sangre”.

“A pesar de ello, sí tienen un conocimiento básico para juzgar delitos de corrupción, pero lo que hemos encontrado es que a la hora de juzgarlos se vuelven mucho más “exquisitos”, exigen muchos más requisitos probatorios que para un delito de narcotráfico u otro de homicidio” señaló Monterroso.

El asesor dijo que lo que se tiene que  garantizar es que todos los funcionarios que integran la fiscalía contra la corrupción estén capacitados en cómo investigar y cómo promover el juzgamiento de estos delitos, y de la misma forma el OJ.

PENAS

De acuerdo con Monterroso, otro problema que enfrenta la fiscalía es que las penas son muy bajas en los delitos de corrupción.

“Son penas que van hasta un máximo de 8 años, pero la mayoría de veces se dictan 3 años.  Hay casos en que los jueces que dan sentencias apocalípticas en casos de crímenes contra la vida, se ponen súper mínimos en delitos de corrupción” expuso.

En el reportaje publicado por este vespertino, podrá conocer más detalles de las debilidades en la legislación para condenar funcionarios por este delito, así como el impacto que tendría la aprobación de la Ley contra la Corrupción.

Por su parte, César Barrientos dijo que anteriormente la Cámara penal quiso impulsar un proyecto donde se siguiera una distribución de juzgados penales en la Torre de Tribunales, parecida a la organización de las fiscalías del Ministerio Público (Fiscalía de delitos administrativos, juzgado de Delitos Administrativos, Fiscalía contra el Lavado de Dinero, Juzgado contra el Lavado de Dinero, etc.)

En ese sentido, la Cámara Penal, trabaja dando capacitaciones para fortalecer las capacidades de quienes administran la justicia.