Apenas el 11 de agosto pasado, el pleno del congreso guatemalteco conoció la iniciativa de ley de Transferencias Monetarias Condicionadas, que tiene como fin institucionalizar ese programa, promovido por Roxana Baldetti, jefa del bloque Patriota.

Después de los antecedentes y la justificación y resumir el contenido de la iniciativa, la parlamentaria firma sola el documento que esencialmente resume cuatro objetivos.

«Regular el mecanismo para hacer efectivos y transparentes los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, institucionalizar al ente encargado del manejo de dichos programas, crear el registro de beneficiarios y crear el mecanismo no discrecional para detectar esos beneficiarios».

Tanto Giusseppe Calvinisti, vocero presidencial, como otras personas consultadas sobre el tema, no opinan ampliamente porque todaví­a desconocen el contenido de la iniciativa de ley.

Calvinisti indicó que desde el punto de vista del Organismo Legislativo se respeta cualquier decisión que emane del Organismo Legislativo o de diputados o de parlamentarios en particular.

«Esperamos que se resuelva para beneficio de toda Guatemala y que esto realmente tenga un trasfondo que lleve el progreso y beneficio», opinó Calvinisti.

El cuerpo de la iniciativa, faculta al Organismo Ejecutivo aprobar en consejo de ministros la creación de programas que estarí­an reunidos en el Ministerio de Educación, los cuales tendrí­an como objetivo transferir dinero en cheque o en efectivo.

Para garantizar el cumplimiento material, los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y el de Finanzas Públicas trabajarí­an en equipo con la cartera de Educación, es lo que desprende el documento.

Además, la transferencia (no establecida su cantidad) serí­a fijada para que cubran necesidades de alimentación y vestimenta, entrega mensual los doce meses del año, monto que no serí­a vitalicio, pero determinado cada cinco años en base al í­ndice inflacionario.

La esperanza polí­tica de la proponente de la ley, es retirar de los listados de familias beneficiadas a aquellos núcleos cuya situación económica muestre significativas mejorí­as.

De aprobarse la ley, el encargo anterior estarí­a más cerca de las manos de la Comisión de Probidad del Congreso de la República, sala que deberí­a presentar informe escrito ante el pleno, aparte de las facultades de control que por ley debe ejercer la Contralorí­a General de Cuentas.

LIBRE ACCESO

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos, opina que si la iniciativa en mención tiende a institucionalizar los programas, conseguir la ampliación de cobertura y el apoyo con polí­ticas públicas, «efectivamente es una buena propuesta», subraya.

Referente al Registro, Santos dice que ya existe y que en anteriores consideraciones, la institución que representa, ha pronunciado su criterio sobre la necesidad que la información se maneje en amparo a la Ley de Libre Acceso a la Información.

«Y el otro (criterio), es una efectiva utilización para los fines que esos programas exclusivamente tienen, porque sino se pudiese dar el hecho de una mala utilización de estos registros, pero pudiese también vulnerar la dignidad de las personas», opina.

Ejemplos de señalamientos ya hay, uno es el programa del Adulto Mayor sin Cobertura Social, sobre el que hubo pronunciamientos sobre las supuestas intenciones de que su creación podrí­a ser con fines electorales futuros.

O el caso reciente de la celebración del Dí­a de la Juventud, cuando una organización en ví­as de ser reconocida legalmente como institución polí­tico partidista, y representada en el Congreso, ante modelos femeninas, música y ruido reunió a unos mil quinientos jóvenes para que lucieran playeras y se les entregó almuerzos.

Beatriz Canastuj Canastuj, presidenta de la Comisión de Educación, no respondió la llamada. La sala de trabajo que ella dirige, deberá dictaminar sobre el tema.