El objetivo de los países de la ONU, la distribución gratuita para todos de los tratamientos contra el sida a partir de 2010, peligra severamente por las normas sobre la propiedad intelectual, o ADPIC, según un investigador en economía de la salud.
«Actuar por todos lados ahora»: es bajo ese lema que tiene lugar, desde el domingo en México, la XVII Conferencia Internacional sobre Sida, que cuenta, como telón de fondo, con la promesa de la ONU, hecha en 2006.
En la inauguración, el presidente de la Sociedad Internacional del Sida, Pedro Cahn, admitió que el mundo no parecía estar pronto para cumplir con esta promesa. Pero, agregó: «No podemos permitir que esto suceda (…) la victoria está todavía a nuestro alcance».
Nada es menos seguro, pese a las sumas considerables –10 mil millones dólares este año– asignadas a la pandemia.
Según el profesor Benjamin Coriat, investigador en economía de la salud en la agencia francesa de Investigaciones sobre Sida (ANRS), las reglas sobre la propiedad intelectual amenazan la realización de este compromiso.
«Desde 2005, explica, el marco legal se estrechó en materia de propiedad intelectual». Los ADPIC (acuerdos sobre los aspectos del derecho de la propiedad intelectual), firmados en 1994 en el marco de la OMC, vuelven obligatorias las patentes para los nuevos productos de salud y prohíben, según Coriat, «la fabricación local, la exportación o la importación de copias de estos productos», es decir los genéricos, fabricados por los países en vías de desarrollo y disponibles a precios muy reducidos.
La regla sólo vale para los nuevos productos, pero, como lo recordó Coriat, el 10% de los pacientes debe cada año cambiar de tratamiento, vueltos ineficientes o no tolerados, y pasar a los llamados «tratamientos de segunda línea», que implican medicamentos nuevos.
Los medicamentos patentados son propuestos con tarifas reducidas en los países en vías de desarrollo. Esto no impide que las triterapias de primera línea (que sólo contienen la mitad de sus medicamentos patentados) cuesten unos 100 dólares por año, y las de segunda línea (con más del 90% de los medicamentos patentados) 1.300 dólares por año, que alcanzan 3.400 dólares en los países considerados «intermediarios».
Teniendo en cuenta el pasaje progresivo y casi inevitable a los medicamentos de segunda línea, los investigadores estimaron el alza de los costos de aquí a 2010 de un 250%. «Las sumas considerables reunidas van a parecer insuficientes para hacer frente a la demanda», subrayó Coriat.
El hecho de pedir a los enfermos de los países en desarrollo que paguen una parte de los medicamentos ya trae como consecuencia, donde ya es vigente la medida, un abandono masivo de los tratamientos.
Coriat opina que el argumento de los laboratorios farmacéuticos, según el que los medicamentos deben cubrir el costo de las investigaciones, no es aceptable: «El costo es cubierto por la seguridad social de los países ricos, no necesitan, para reembolsarlo, vender los medicamentos a precios prohibitivos en los países del sur», dice.
¿Cómo salir de este problema? Cierto es que hay «flexibilidades» en la aplicación de la norma, particularmente en el sistema de las «licencias obligatorias» que, en caso de «emergencia nacional», autoriza a los fabricantes nacionales a producir ellos mismos sus medicamentos patentados a cambio de un pago mínimo de regalías.
Un procedimiento complejo que sólo puede ser puntual, según el investigador y su equipo. Una solución más definitiva, dice, podría consistir en «repensar la herramienta de las licencias obligatorias» definiendo una lista de antirretrovirales «esenciales» que se beneficien de oficio de ese sistema.