En Guatemala, la Alianza para la Acción: Previniendo los Femicidios, integrada por Convergencia Cí­vico Polí­tica de Mujeres (CCPM), el Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) y la Fundación Sobrevivientes, desarrollan una estrategia para el abordaje integral de la violencia sexual y la de las afectadas.

Dora Amalia Taracena, Coordinadora General de Convergencia, dijo a Cerigua que el tema de la violencia sexual contra las mujeres históricamente no ha sido una prioridad para el Estado, sin embargo en el marco de la Alianza para la Acción se promueve una estrategia de fortalecimiento entre las organizaciones que la conforman y que conllevará otros resultados en materia de incidencia en las instituciones estatales encargadas del tema.

De acuerdo con el reportaje «Estado guatemalteco muestra avances en el abordaje de la violencia sexual», elaborado por la Agencia Cerigua, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la estrategia tiene como propósito la implementación del Modelo de Atención Integral (MAI), una respuesta alternativa en un contexto de violencia contra la mujer en el ámbito intrafamiliar y fuera de él.

Contempla acercamientos con las autoridades, la capacitación y sensibilización a los sectores salud, justicia y centros de recepción de denuncias; también una campaña para promover la atención médica integral de las sobrevivientes, aseguró Taracena.

Uno de los principales objetivos es alentar la operativización del Protocolo de Atención a Ví­ctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elaborada en el 2006, en el que se incluyen lineamientos técnicos y normativos para la atención, pero que por diversas razones no se le ha dado la promoción adecuada, señaló la entrevistada.

El documento establece que las consultas por violencia sexuales y/o violación deben considerarse como una emergencia médica y que en cada puesto o centro de salud debe haber por lo menos una persona capacitada, responsable de acompañar a las sobrevivientes de ese tipo de violencia; la atención debe ser digna, respetuosa y acogedora.

Dicha herramienta también incluye información sobre el abordaje clí­nico y psicológico a las ví­ctimas de la violencia sexual; en el caso del primero, la prioridad es atender las consecuencias fí­sicas entre las que se encuentran los embarazos no deseados, el aborto en condiciones de riesgo, infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, disfunciones sexuales, infertilidad, enfermedades pélvicas inflamatorias e infecciones del tracto urinario.

En relación con la ayuda psicológica, para lograr lo más altos niveles de recuperación es importante la atención psicológica por personal especializado, que deberá crear un plan terapéutico donde se facilite a la sobreviviente la catarsis, se disminuya la culpabilidad y se localice el apoyo familiar necesario para superar el hecho e integrarse a una vida normal y productiva, concluye el protocolo.