Inicia un nuevo período en la historia del Ministerio Público. Con altos niveles de impunidad y el ejemplo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, las promesas del fiscal general, Conrado Reyes, generan expectativas entre los guatemaltecos.
lahora@lahora.com.gt
El flamante Fiscal General de Guatemala, Conrado Reyes, prometió una profunda reestructuración en su servicio, muy cuestionado por las elevadas tasas de impunidad que prevalecen en el país, y revertir este mismo año los escasos resultados en la lucha contra el crimen.
«Vamos a evaluar al equipo de trabajo y hacer los cambios necesarios a nivel de despacho, con el objetivo de iniciar el proceso de transformación de la entidad», afirmó Reyes, un ex magistrado de la Corte Suprema, designado el martes por el presidente ílvaro Colom luego de un demorado proceso.
«La transformación del Ministerio Público exige la renovación de cuadros, pero antes hay que evaluar resultados de eficiencia, honorabilidad, honradez y capacidad» del personal, insistió Reyes, quien adelantó que pedirá que la Organización de Naciones Unidas (ONU) prorrogue el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la entidad dirigida por el español Carlos Castresana, que colabora con la justicia en Guatemala.
El nuevo fiscal, de 45 años, se comprometió a mejorar significativamente los resultados antes de que termine este año, pero la tarea es compleja, toda vez que de 392.126 denuncias recibidas en 2009 sólo se han obtenido 3.207 sentencias en los tribunales, menos del 1%, según datos del servicio.
Esto implica que más del 99% de las denuncias quedan en la impunidad, algo que preocupa a la ONU y la comunidad internacional, que están apoyando los esfuerzos para elevar la eficiencia de la justicia guatemalteca.
El nuevo fiscal explicó que centrará sus esfuerzos en tres áreas estratégicas: persecución penal, investigación criminal y atención a la víctima.
Reyes afirmó que mantendrá la colaboración con otras entidades, en especial con la Comisión Internacional contra la Impunidad, creada por la ONU para apoyar al sistema judicial y combatir grupos criminales dentro del Estado.
«La labor de la Cicig debe lógicamente fortalecerse» sobre todo porque en septiembre de 2011 vence el plazo de su mandato», agregó Reyes, quien ha sido también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Defensa Pública guatemalteca y del Registro de la Propiedad.
«La extensión del mandato de la Cicig es necesaria, estoy convencido, y por otro lado, de esta experiencia tomar las mejores propuestas, mecanismos para la institucionalidad de todo», puntualizó el fiscal.
La labor de la Cicig comenzó en septiembre de 2007, por dos años, pero su mandato fue prorrogado por otros dos por la ONU.
La designación del nuevo fiscal, por un período de cuatro años, tenía que haber quedado resuelta por Colom antes del 17 de mayo, pero una serie de recursos de amparo retrasaron la decisión.
Esta fue la primera vez que el nuevo fiscal general fue designado por medio de comisiones de postulación, lo cual permite una auditoria de la sociedad civil en el proceso.
El presidente ílvaro Colom, designó el pasado martes como nuevo fiscal general a Conrado Reyes, luego de superar una serie de obstáculos legales que retrasaron el proceso y dificultaron la lucha contra el crimen, uno de los grandes problemas del país.
«Tengo el honor de nombrar al nuevo fiscal general, el doctor Conrado Reyes», dijo el gobernante, acompañado por los presidentes del Congreso, Roberto Alejos, de la Corte Suprema; Erick Alvarez, y de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina.
«Al nuevo fiscal general le deseo lo mejor al mando del Ministerio Público y estoy seguro que tendrá el apoyo del Ejecutivo y de los demás integrantes de las instituciones de justicia y seguridad», agregó el mandatario.
El nuevo fiscal, que tiene una carrera de 20 años como abogado, se comprometió a luchar para reducir la impunidad en el país, donde el 98% de los casos que llegan a tribunales no logran una condena.
Colom explicó que escogió a Reyes porque fue el candidato de los seis que obtuvo el mayor puntaje de la Comisión de Postulación, que seleccionó a los aspirantes de una lista de 29.
La designación del nuevo fiscal, por un período de cuatro años, tendría que haberla hecho el mandatario antes del 17 de mayo, pero una serie de recursos de amparo retrasaron la decisión.
*Con información de AFP