Prohibiciones, vetos, falsedades: ¿hasta cuándo?


Sergio Ramí­rez Mercado (Masatepe, departamento de Masaya, 5 de agosto de 1942) es un escritor, abogado, periodista y polí­tico nicaragí¼ense.

Lilian Fernández Hall

Hace pocos dí­as, se difundió en el mundo de habla hispana la noticia de que el gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragí¼ense de Cultura, habí­a impuesto su veto a Sergio Ramí­rez como prologuista de la antologí­a del poeta nicaragí¼ense Carlos Martí­nez Rivas (1924-1998), que el periódico madrileño El Paí­s tení­a previsto publicar en mayo del 2009. Esta antologí­a formaba parte de la serie que El Paí­s, en colaboración con la editorial Santillana, viene publicando desde noviembre de este año, y que está dedicada a los grandes poetas en lengua española del siglo XX.


El Instituto Nicaragí¼ense de Cultura (que posee los derechos de publicación de Martí­nez Rivas), adujo como razón para el veto la supuesta voluntad del poeta de que el estudio de su obra lo llevara a cabo únicamente el escritor Pablo Centeno Gómez. La falsedad de este postulado quedó revelada cuando el mismo Centeno Gómez lo desmintió rotundamente: «Carlos Martí­nez Rivas no designó, en vida, particularmente a nadie para que se ocupara del estudio y la publicación de su obra» (El Paí­s,09/12/2008), ofreciendo además su apoyo a Sergio Ramí­rez, a quien considera un digno prologista de la obra de Martí­nez Rivas.

Las reacciones ante la actitud del gobierno nicaragí¼ense no se han hecho esperar: por un lado, el periódico El Paí­s ha decidido cancelar la publicación de la antologí­a, por considerar inaceptable el veto impuesto por el Instituto Nicaragí¼ense de Cultura. Por otro lado, más de 200 escritores, artistas y personalidades del mundo cultural español y latinoamericano se han solidarizado con Sergio Ramí­rez a través de un manifiesto de protesta «ante un acto de censura oficial». Entre los firmantes se encuentran Gabriel Garcí­a Márquez, Carlos Fuentes, Tomás Eloy Martí­nez, Gioconda Belli, Angeles Mastretta, Fernando Savater, Carlos Monsiváis, Luisa Valenzuela, Jorge Volpi y otros. El propio Sergio Ramí­rez (Managua, 1942) está convencido de que el veto es una «represalia por sus opiniones». Ramí­rez, vicepresidente del Primer gobierno sandinista entre 1984 y 1990 (del cual Daniel Ortega fue presidente), abandonó el Frente Sandinista en 1995 por discrepancias con el mismo Ortega y fundó luego el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). En la actualidad, Ramí­rez está retirado de la vida polí­tica de su paí­s pero es muy activo como escritor, ensayista, conferencista y escritor de blog.

No acabábamos de recuperarnos del asombro producido por este tí­pico ejemplo de los atropellos a los que muchos ciudadanos centroamericanos son sometidos, cuando llega a nuestro conocimiento, a través del artí­culo del escritor Jaime Barrios Carrillo, la situación del editor guatemalteco Raúl Figueroa Sarti, ví­ctima de un presunto intento de extorsión con apoyo jurí­dico. Figueroa Sarti, quien además de ser fundador y director del sello editorial F&G Editores -uno de los más destacados del paí­s y de América Central-, es presidente de la Gremial de Editores de Guatemala e impulsor de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA), tiene pendiente una acusación por haber cometido el «delito» de publicar una foto como portada de uno de los libros de su editorial, con previo permiso del fotógrafo. ¿Suena incomprensible? ¿Cuál es el «delito»?

La historia, comprimida, es la siguiente: el «fotógrafo» de marras, que no es fotógrafo profesional pero sí­ empleado en los Tribunales de Guatemala, aceptó verbalmente (en el 2006) que Figueroa Sarti utilizara una de sus fotos para la portada de un libro de F&G Editores. Una vez publicado el libro, el «artista» recibió a vuelta de correo una serie de ejemplares del mismo, recibo que quedó documentado. El dí­a de la presentación, recibe otro ejemplar del libro, esta vez autografiado por el autor. Sorprendentemente, a principios de este año, el «fotógrafo» y empleado de Tribunales realizó una denuncia donde acusa a Figueroa Sarti por la publicación de la foto, aduciendo que se habí­a realizado sin su permiso y que él mismo se habí­a enterado de ello luego de ver el libro en una librerí­a. Como compensación, exigí­a la suma de 60 mil quetzales. Cuando de parte de la editorial se le recordó el recibo firmado por los ejemplares enviados, el «fotógrafo» recuperó la memoria y reconoció haber dado su consentimiento. A pesar de ello, el fiscal del Ministerio Público dio curso a la denuncia. Figueroa Sarti fue llamado a declarar y el Juez decidió otorgarle al fiscal, a pesar de lo absurdo de la denuncia, un plazo de seis meses para investigar la veracidad de la misma. A Figueroa Sarti se le impuso arresto domiciliario y el inicio de una enervante espera. Según el abogado del «fotógrafo», el «delito» de Figueroa Sarti tiene una pena de cinco años de cárcel y una multa de 50 mil a medio millón de quetzales.

Raúl Figueroa Sarti vive normalmente entre Ciudad de Guatemala y Nueva York. Sus perí­odos en la ciudad norteamericana tienen motivos tanto personales (su esposa, la investigadora Virginia Sanford, es oriunda de esa ciudad, y allí­ vive su familia) como profesionales: las ventas en los Estados Unidos son esenciales para una editorial como F&G Editores. Por otra parte, como presidente de la Gremial de Editores y de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, Figueroa Sarti debe recorrer, como parte de su trabajo, distintas Ferias del Libro o reuniones en distintas ciudades de los Estados Unidos, Europa y América Latina (como la reciente Feria del Libro de Guadalajara en México o el próximo Salón del Libro de Gijón, España, del cual F&G Editores es impulsora). La forzosa estadí­a en Guatemala -además de la tensión de no saber el desenlace de este proceso a todas luces irregular-, significa para Raúl Figueroa Sarti un impedimento para realizar su trabajo y una pérdida económica considerable.

Dos ejemplos en los cuales, ya sea por la prepotencia de los dirigentes o por la impunidad reinante en el ámbito judicial, dos intelectuales centroamericanos deben luchar para poder realizar un trabajo (literatura, ensayo y periodismo el uno, industria editorial el otro) que, menos que en ganancia personal redunda en beneficio de todo un paí­s. Paí­ses que, esperamos, en el futuro se mencionen más para resaltar sus logros y los éxitos de sus habitantes, que por la mezquindad de sus dirigentes o la ineficacia de sus instituciones.