A través de un acuerdo gubernativo, el Organismo Ejecutivo ha establecido la prohibición de contratar servicios de organizaciones no gubernamentales (ONG).

El acuerdo gubernativo 36-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas, reforma un acuerdo anterior, firmado el 28 de diciembre pasado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom. La modificación consiste en incluirle una adición en el artículo 8, con el cual establecen una prohibición para utilizar ONG para la ejecución del Presupuesto 2012.

“En concordancia con la metodología presupuestaria uniforme, los ministerios, secretarías, fondos sociales, fideicomisos, así como las entidades descentralizadas, solamente podrán ejecutar sus programas y proyectos mediante administración directa o por contrato, de conformidad a la normativa vigente y los objetos de gasto de contenidos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, indistintamente que sean gastos de funcionamiento o de inversión”, señala el referido acuerdo.

De esa cuenta, establecen la prohibición, de la cual “por ningún motivo podrán suscribir convenios de ejecución con ONG y asociaciones”, concretiza el acuerdo.

Esta prohibición solamente tiene la excepción de las ONG y asociaciones que se hacen referencia en el Presupuesto en el ramo de salud.

“(…) exceptuando lo normado en el artículo 29 del Decreto 33-.2011 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, referente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”, señala.

Esta salvedad sirve para mantener a las ONG de salud que prestan el servicio al cual no alcanza a ofrecer el mismo Ministerio de Salud, como Unicar, por ejemplo.

Se especifica, de manera especial, la prohibición de uso de ONG para convenios realizados por los Departamentales de Desarrollo (Codedes).

“Los convenios suscritos por los Codedes, para la ejecución de proyectos u obras financiadas con recursos canalizados a través del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, deberán contener una cláusula en la cual se indique la prohibición de suscribir contratos con ONG y asociaciones”

Con esto, las ONG y asociaciones –siempre que no sean las especificadas para el Ministerio de Salud- quedan automáticamente afuera de la ejecución del gasto para el ejercicio fiscal de este año.

Hasta el año pasado, varias voces dentro y fuera del Congreso se hacían escuchar sobre el sistema de evadir la fiscalización de los organismos rectores del Estado, al asignar la ejecución de las obras, especialmente las obras grises, a través de ONG, por lo que se ha exigido que ya no se asignen fondos a estas agrupaciones.