El sistema de asistencia social no deja de reflejar lo inoperante e inefectivo que ha resultado la implementación de los programas sociales en el país, ante los crecientes indicadores de pobreza y desnutrición crónica y aguda, sobre todo en menores de edad, y la total desatención estatal en el tema.

La pobreza, definida como la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas para vivir con dignidad, ha sido el “talón de Aquiles” de diferentes gobiernos y del país en general, que a lo largo de su historia ha permitido el enraizamiento de la misma, pues a pesar de fuertes inversiones en el combate al problema, los resultados siempre parecen infructuosos o escasos.

Y es que precisamente hoy, 17 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un tema en el que se invierte una cantidad importante de recursos a través de estos programas y desde su implementación en 2009, pero la percepción ciudadana y de analistas es que son insuficientes o mal administrados, porque los indicadores no son positivos en la materia.

Por si eso fuera poco, los programas sociales, tanto en la anterior administración de gobierno como en la actual, están sirviendo para impulsar campañas políticas y se deja de lado el drama humano de más del 50 por ciento de la población guatemalteca que vive en condiciones de miseria y subsiste con 2 dólares diarios.

Según el Índice de Desarrollo Humano correspondiente al año 2010, Guatemala se ubica en el puesto 121 con una puntuación de 0.696, es decir, con un desarrollo humano medio, pues cuenta con una población de casi 15 millones de habitantes y según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011, del Instituto Nacional de Estadística, el 40.38 % –6 millones de personas– vive en condiciones de pobreza y el 13.3% del total –1.96 millones de personas– vive en pobreza extrema.

Uno de los principales obstáculos, y lo cual sirve casi siempre de parámetro para las estadísticas institucionales, es el poco desarrollo en reducir esas brechas sobre desigualdad y pobreza en el país, por lo cual Guatemala es considerada en América Latina como uno de los países más desiguales.

Por lo tanto, muchos de los problemas sociales que en el país se viven en la actualidad se derivan de esas abismales desigualdades sociales, y parte de esta problemática ha llevado a los últimos dos gobiernos a ofrecer alternativas para las poblaciones empobrecidas y vulnerables que están sobre esas brechas de pobreza extrema, sin resultados exitosos.

Para combatir este flagelo, en el gobierno del expresidente Álvaro Colom se diseñó y puso en marcha el programa que después fuera el estandarte de campaña electoral para Sandra Torres: Las Transferencias Monetarias Condicionadas, conocidas como Mi Familia Progresa (MFP), con el objetivo de incentivar a las familias en extrema pobreza a invertir en el capital humano de sus hijos y romper el círculo vicioso de transmisión de pobreza intergeneracional.

En su momento, la transferencia en efectivo estaba condicionada a la asistencia a la escuela y servicios de salud preventiva, acompañada de inversión pública en infraestructura e incremento de servidores en esas áreas.

Así es como surgieron los Programas de Transferencias Condicionadas en Guatemala (TMC), que se esperaba fueran políticas sociales que buscaran de alguna manera ser una estrategia para el combate y la reducción de la pobreza a nivel nacional.

En la actualidad, los nombres de los programas han cambiado, y aunque se intentaron poner en marcha el año pasado, su entrega se suspendió durante varios meses para ordenar las unidades ejecutoras.

Leonel Rodríguez, ministro de Desarrollo Social, explicó que este mes se reactivó la entrega de las ayudas sociales y esperan que en adelante, los bonos lleguen a manos de las beneficiarias.

PALIATIVOS QUE NO RESUELVEN

Estas transferencias se suponía que fueran políticas sociales focalizadas, eso quiere decir que fueran única y exclusivamente dirigidas a grupos vulnerables en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en la búsqueda por comprometer al beneficiario a cumplir una serie de requisitos para que sus hijos accedieran a servicios públicos de salud y educación.
 
Sin embargo, el último Informe de Auditoría Social al Programa Mi Familia Progresa, realizado por Acción Ciudadana, identificó riesgos de corrupción en la implementación de estos programas sociales y detallaba que lo que hoy se conoce como Bono Seguro y la Bolsa Segura son los más vulnerables para estos fines. Sin olvidar los señalamientos de varios sectores de la sociedad sobre usos políticos-partidistas de los programas sociales.

“Los programas sociales son vistos como una especie de paliativo que no han podido lograr arrancar del país la pobreza y la pobreza extrema. Es más, hay niveles de desnutrición del 49% de la población en niños y menores de 18 años, lo cual es delicado. Esto refleja que los programas sociales una vez más se han estado utilizando tanto en el gobierno de Colom como en el de ahora, de forma clientelar”, expresa la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro.

Para Montenegro, los programas sociales resultan solo un paliativo más para capturar el voto popular con miras a las próximas elecciones del 2015 y presionar a las personas que están siendo “beneficiadas” a apoyar determinada tendencia partidaria.

“La gente no percibe que son sus impuestos sino cree que es un favor y no se le dio a toda la gente pobre por razones de pobreza sino por afiliación al partido que gobernaba en ese momento (Colom). Hoy estamos peor porque solo se les da a los que son del partido de Gobierno, pero cada vez es menos y no se ha ejecutado la política pública en ambos sentidos”, dice la parlamentaria.

Actualmente la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social alcanza el 70% y el 36% por los programas Bolsa Segura y el Bono Seguro, respectivamente. El Mides maneja un presupuesto de Q1,500 millones en el 2013, sumado a los recursos que están siendo trasladados por el reciente fideicomiso nombrado Fondo de Desarrollo Social, que sustituye al Fondo Nacional de la Paz, en proceso de liquidación y también foco de fuertes señalamientos de corrupción y malversación.

EL GRAN FRACASO

A diferencia de Guatemala, los programas sociales sí han sido éxito en la región latinoamericana, donde países como México, Brasil, Chile y Argentina han logrado reducir significativamente sus índices de pobreza extrema, convirtiéndose en un modelo exitoso e innovador en América Latina, extendiéndose a países africanos, del sudeste asiático y hasta en Nueva York, EE.UU.

Si bien desde 2009 se han realizado esfuerzos por eficientar y transparentar la gestión de programas como la Bolsa Segura en la actual administración, antes “Mi Familia Progresa”, estos no han sido suficientes, pues este y otros programas sociales han sido altamente cuestionados por no brindar la información exacta a entes fiscalizadores y sociedad civil, debido a la falta de voluntad política de las autoridades actuales.
 
Actualmente, la cobertura de los programas sociales se ha mantenido como en sus inicios, abarcando 187 municipios y “atendiendo”, o en otras palabras, aproximadamente un millón 591, 570 personas.

Por otra parte, al ser dirigidos inicialmente los programas sociales por la ex primera dama Sandra Torres, el Consejo de Cohesión Social fue objeto de críticas que advertían que los programas sociales estaban siendo utilizados como una plataforma clientelar para garantizar que el partido oficial continuase en el poder mediante la elección presidencial de la primera dama.

Al final, se prohibió la participación de Torres en la contienda electoral, pero se criticó la politización de los programas, la manipulación política de los beneficiarios y la ausencia de criterios técnicos en el funcionamiento de los programas. Aun así, el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza ganó varias diputaciones gracias a la figura pública que representaba Torres en ese momento.

Y ante estas carencias institucionales que se venían presentando bajo la administración del ex presidente Álvaro Colom,  el actual gobierno apostó por aprobar la Ley del Ministerio de Desarrollo Social con el fin de institucionalizar los programas sociales y contrarrestar el protagonismo y politización surgida a partir de los mismos.

No obstante y aunque bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social, los programas sociales fueron renombrados y rediseñados, de manera que “Mi Familia Progresa”, el programa de Transferencias Condicionadas, ahora es conocido como “Mi Bono Seguro”; los esfuerzos aun parecen infructuosos a pesar de las fuertes inversiones, pues lo que antes se otorgaba a los beneficiarios mensualmente; ahora la periodicidad de entrega es trimestral.

“El gran fracaso de este gobierno serán los programas sociales. Al iniciar la legislatura aprobamos la creación del Mides bajo el entendido que se iba a institucionalizar la implementación de los programas sociales. No obstante, continúan anomalías no solo en la implementación sino en el manejo clientelar y político de los mismos y en la compra de los insumos”, manifiesta el diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Hugo Morán.

Para el legislador, lo más preocupante de los programas sociales es que no responden a los mapas de pobreza rural ni a los índices de desnutrición crónica y aguda; ni siquiera a la priorización del Pacto Hambre Cero en el actual gobierno porque de los 22 departamentos, Guatemala es uno de los que tienen menores índices de desnutrición pero es donde se reparte la mayor cantidad de Bolsas Seguras.

Respecto a los Comedores Seguros, que deberían ser para atender emergencias temporales que tienen las personas en cuanto al acceso a los alimentos, están ubicados en lugares que no cuentan con un estudio socioeconómico para atender a personas que se encuentran ante una crisis, pues la mayoría se localizan en la ciudad capital y en el municipio de Mixco, casualmente comandado por el alcalde Otto Pérez Leal.

En cuanto a la integridad de los programas, existen pocos mecanismos empleados para evitar las malas prácticas y corrupción, pues la información disponible sobre la selección de beneficiarios no es clara, aunque hay un “padrón de usuarios”. Tampoco existe un claro mecanismo de rendición de cuentas y control que estén a disposición; sino solamente algunos no reglamentados y de control interno entre funcionarios que tienen a su cargo el programa.

Esto podría derivar en algún momento en suspicacias hasta en el más escéptico, respecto a la alteración de los resultados publicados y en prácticas de abuso de poder por parte de las personas que tienen a su cargo la entrega de los beneficios gubernamentales.

“Solo se está dando la transferencia de dinero y no hay forma de corroborar que los niños están siendo llevados a los centros de salud para que les tomen medida de talla y peso. Si se hace la solicitud al Ministerio de Educación y al de Salud, los listados no los tienen. Indican que es de manejo exclusivo del Mides. Esto es el equivalente a arbitrariedad, subjetividad y manejo político clientelar”, revela el diputado Morán.

POCA ESPERANZA HACIA OBJETIVOS DEL MILENIO

Garantizar la seguridad alimentaria en el país para el año 2015 y reducir los índices de hambre y pobreza es el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1 convenido entre Naciones Unidas y diversos países con graves problemas en la materia, entre ellos Guatemala.

A decir de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), este así como los restantes 7 Objetivos del Milenio de la ONU hacia 2015 no se van a cumplir porque el crecimiento de Guatemala aun ha sido limitado y la respuesta estatal es escasa.  Ante ello, opina que es importante y de inicio, fortalecer la calidad educativa y la transparencia en el manejo de recursos.

“El análisis en los programas sociales debe enfocarse en la transferencia de los recursos. Es decir, que las transferencias deben ser focalizadas y no solo hacia los sectores con mayores necesidades, sino también acompañado de procesos que ayuden a tecnificar la productividad de las familias y que estas puedan empezar a generar ingresos. Esto permite tener una mayor independencia”, subraya Zapata.

Según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el gasto social en el 2012 en Guatemala fue el equivalente al 8.1% del PIB, mientras que en Brasil fue el equivalente al 27.1% del PIB, haciendo que Guatemala sea de los países que menos destinan recursos a la inversión social en la región.

“El problema es que no se ve priorización del gasto en temas de pobreza, o se duplican  porque existen varias secretarías en el Gobierno en donde se despilfarra y no se focaliza. Es un problema también de reducir la corrupción, el contrabando y la informalidad. Eso es parte de transparentar el gasto público porque algunos fondos sociales sirven como focos de corrupción y es lo que estamos viendo en Fonapaz, por ejemplo”, argumenta el directivo de Fundesa.