Garantizar el funcionamiento transparente de los programas sociales puede ser una tarea tan complicada como comprometedora para el gobierno de Otto Pérez Molina, que ofreció continuar y mejorar el proyecto social que caracterizó a su antecesor, no solo por tratarse de una estrategia contra la pobreza, sino por la opacidad con la que se manejaron los recursos y la parcialidad con que se seleccionaron beneficiarios.

La tarea hoy es blindar los programas sociales y priorizar la ayuda en quienes más la necesitan, haciendo esta sostenible a largo plazo para “dar peces y a la vez, enseñar a pescar para el futuro”.

Rodeado por miles de documentos y archivos almacenados en cajas, costales y bolsas plásticas –en una oficina administrativa de los programas sociales–, Pérez Molina dijo que en los primeros 15 días de gobierno encontró un “gran desorden administrativo”, que a su vez llevó a un desorden financiero que se prestó para la “corrupción” en los programas de Cohesión Social durante el gobierno anterior.

No solo había duplicidad en la recepción de bolsas solidarias, señaló el mandatario tras una primera revisión financiera de los programas, sino que también se detectaron receptores de quíntuples ayudas, así como administrativos que recibían los alimentos que iban dirigidos para las familias pobres y trabajadores estatales involucrados en campañas políticas.

Con ese antecedente, Pérez Molina pasó la estafeta a la ministra de Desarrollo Social, Luz Lainfiesta, que ahora tiene a su cargo los programas sociales y por ende, la misión de cumplir con la promesa de campaña del ahora Presidente para transparentar y mejorar las ayudas sociales que buscan paliar la pobreza.

De esa cuenta, Lainfiesta explicó a La Hora que junto con el relanzamiento de los programas se está preparando un blindaje contra la corrupción y el clientelismo, el cual se realizará desde distintos frentes: las instituciones de Estado, los medios de comunicación y los beneficiarios de las ayudas.

En el primer caso, la Contraloría General de Cuentas tendrá facilidades para realizar las auditorías en los programas y el Ministerio de Desarrollo Social verificará que los beneficiarios cumplan con sus corresponsabilidades –enviar a sus hijos a las escuelas y los centros de salud– por medio de sistemas digitalizados, expuso la funcionaria.

Asimismo, destacó que se seleccionará a los beneficiarios de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida, y no con sus motivaciones electorales o políticas, como había sucedido en años anteriores.

Los medios de comunicación también jugarán un papel importante, dijo Lainfiesta, al tiempo que señaló que organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil podrán obtener información para hacer su propia auditoría. Los listados de beneficiarios estarán disponibles en las páginas web de los programas.

Por su parte, los beneficiarios de los programas tendrán la capacidad de denunciar anomalías y usos inadecuados de los recursos, así como las deficiencias que en las escuelas y centros de salud les impidan cumplir con sus corresponsabilidades. Las receptoras de las ayudas podrán plantear denuncias con mecanismos ágiles.

En resumen, se trata de un compromiso que tiene por delante un trabajo multisectorial y de control total que implica un arduo trabajo. El plan se está formulando. ¿Se cumplirá?

PUNTO ESTRUCTURAL

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, señala que la principal reforma necesaria para los programas sociales es su punto estructural, es decir, su constitución formal como proyectos estatales, de tal manera que deben contar con una estructura programática y una línea basal de datos.

Esto significa que las ayudas deben ser reconocidas como “programas” y  de esa manera se obliga a que cualquier transacción financiera deba estar registrada en los sistemas de información financiera y en el portal de Guatecompras; además, los estados de cuentas deben ser susceptibles de fiscalizaciones y auditorías internas y externas.

La legisladora también dijo que debe haber una definición de cómo se elige a los beneficiarios, para lo cual se necesita saber en qué condiciones viven e identificar si se clasifican entre los “pobres más pobres”.

“El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser uno de los más fiscalizados porque cualquier dinero público que se entregue en cualquier país del mundo  se presta al clientelismo”, puntualizó Montenegro. “No se puede usar la pobreza para que a través del dinero público se extorsione  políticamente a la gente”, indicó

Por otro lado, José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), dice que es ahora cuando se deben generar todos los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas relacionados al control y fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, para que puedan ser utilizados por ciudadanos a través de los preceptos de la Ley de Acceso a la Información. De esta manera, todas las personas se pueden involucrar en la vigilancia de los programas.

Además, Sanabria señala que los programas deben de ser “reorientados y agrupados en un marco integral de atención a la problemática específica, que reduzcan la pobreza y la desigualdad”. También dice que la ejecución y uso de los fondos públicos deben de estar enfocados a beneficiarios directos y áreas específicas con criterios de ser transparentes y fiscalizados.

“Debemos de visualizar estos programas públicos, en un marco de la generación de desarrollo nacional con una visión de  largo plazo” pues somos un país con grandes desigualdades, altos niveles de pobreza y desnutrición, agregó.

Según Sanabria, la institucionalidad de estos programas trae consigo mecanismos formales que se pueden establecer en los diferentes procesos para la correcta implementación de dichos programas, y que por ende se tendrá más control  a la hora de una fiscalización.

EN PROFUNDIDAD

María Isabel Bonilla, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, comenta que se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes en el planteamiento que hace Lainfiesta, como conocer cuáles son los objetivos que pretende alcanzar el Ministerio de Desarrollo Social tanto para 2012 –que sería un objetivo a corto plazo–, como para los próximos cuatro años. Así podremos entender un poco la planificación que estará haciendo dicha cartera, refiere.

Además, la analista  considera que se deben establecer indicadores para medir el éxito de los programas sociales, que es una manera de calificar “la calidad del gasto y el nivel de trasparecía” que ahora este Ministerio debe reflejar.

También se necesita que la recién conformada cartera de Desarrollo Social, como cualquier otra entidad pública garantice total acceso a la información, y no solo una información que refleja  grosso modo cómo “gastan los recursos”;  además no basta decir quiénes son los beneficiarios, sino en dónde se encuentran ubicados, para que eventualmente alguien quisiera corroborar el dato y ver si efectivamente se está llevando a cabo este o aquel programa.

Bonilla asegura que la información que se proporcione debe ser útil, veraz e idónea, que sea actualizada, rápida y eficaz; además debe ser una información entendible para toda la población que desea tener acceso a la misma, ya que los proyectos que el ministerio tendrá a su cargo son “sensibles pero importantes”, que se tiene que tener un buen canal de información con el público en general.