La diputada Nineth Montenegro causa nueva embestida contra el proyecto de Cohesión Social, ante el peligro de estar frente al paternalismo, clientelismo y corrupción debido a la complejidad y dificultad para fiscalizar los programas que se impulsan desde el Organismo Ejecutivo.

La pronunciación de la parlamentaria, surge luego de la lectura realizada sobre una investigación hecha a través de una publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), donde describen que los programas similares en favor de los más pobres que se desarrollan en otros paí­ses del Continente Americano, revelan que se han dado situaciones anómalas.

Montenegro aseguró que sólo el programa «Mi familia progresa», a cargo de la Secretarí­a de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) que ejecuta los fondos, puede ser fiscalizada, pero con el inconveniente que no posee indicadores que muestren avances.

De «Mi familia progresa», tampoco se puede obtener información sobre la frecuencia de la asistencia de los niños a la escuela, cuantos infantes se están educando, si han progresado en talla y peso, menos sobre la calidad de la entrega de los aportes en las entregas condicionadas.

Al evaluar el trabajo de la SCEP, no cuenta con un equipo de trabajadoras sociales que evalúen los desempeños descritos en los niños en general, porque sin esa especialidad en el control se despierta la duda si no están beneficiando sólo a personas que son afines a la actividad partidaria polí­tica, porque tampoco hay un mapa geográfico, subrayó Montenegro.

El resto de los proyectos carece de una estructura programática que permita dar seguimiento, no se analiza con estudio socioeconómico si las familias son pobres o extremadamente pobres. En la distribución de la bolsa solidaria, no hay datos sobre la ubicación real de las familias a quienes fue entregado el paquete de alimentos, continuó diciendo la legisladora.

En el programa comedor solidario, no se pueden encontrar respuestas de nadie en el gobierno, para determinar porque son dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) quienes están manejando los fondos, sin que se pueda tener certeza de cuánto están cobrando por sus servicios y tampoco están utilizando la ley de contrataciones, destacó.

Transferencias por millones

El dinero de los guatemaltecos lo están utilizando a su antojo bajo la sombrilla de Cohesión Social, «apareció el Consejo Social Urbano con Q115 millones a su disposición y no se sabe como nació; nadie responde el porqué Q91 millones destinados para educación le fueron disminuidos a la cartera educativa, alertó Montenegro.

Tampoco responden en Cohesión Social por qué y para qué se le transfirieron Q56 millones a la SCEP, provenientes del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, recapituló Nineth Montenegro.

Datos

Según información del gobierno, los beneficiados se estiman en casi dos millones y medio de guatemaltecos viviendo en 350 asentamientos del departamento de Guatemala. En 2008, se ha dicho que tienen prioridad 105 áreas marginales, y para 2009 la cifra de beneficiarios se elevará en 250 asentamientos.