La permanencia del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) se encuentra en riesgo frente a las dudas que surgen sobre el manejo financiero y la posible manipulación polí­tica de esa instancia, que varios sectores califican como la articulación de una estrategia de beneficio para el partido oficial en las próximas Elecciones Generales con la entrega de ayuda económica a los sobrevivientes y familiares de las ví­ctimas del conflicto armado interno.

El acuerdo de constitución del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) establece que esa instancia se constituyó para resarcir a las ví­ctimas de la guerra interna por un perí­odo de once años, que vence en 2013.

Pero es poco probable que se consiga resarcir a todas las ví­ctimas en los tres años y medio que restan al Programa, y con las dudas sobre el manejo de los fondos por esa entidad y sus intenciones polí­ticas, es también poco probable que la asistencia se extienda por más tiempo.

Esto, porque según Mario Polanco, el PNR se transformó en una de las entidades menos transparentes, que no rinde cuentas a la ciudadaní­a sobre el manejo que hace de los fondos públicos. «Están ocultando información que deberí­an entregarle a cualquier persona. Usan cualquier tipo de argumento ilegal para negarla o simple y sencillamente, no la dan», precisó.

Por otra parte, señala que existen evidencias de que el programa de entrega de resarcimiento económico es objeto de manipulación, con miras a beneficiar la virtual candidatura presidencial por el partido oficial, de la primera dama Sandra Torres.

«Es una dependencia que está siendo utilizada con fines polí­tico-partidarios. Esta es parte de una campaña anticipada que realza la imagen de Torres», denunció Polanco.

En coincidencia, Rolando Yoc, de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, refiere que se identificó una visión «clientelar» del PNR, toda vez que es una instancia dependiente de la Secretarí­a de la Paz (Sepaz), a la vez que ésta depende de la Presidencia, en la que Torres tiene una importante cuota de poder.

La politización es evidente al observar cómo el titular de la Sepaz así­ como la Primera Dama se perfilan como activistas polí­ticos del partido oficial de cara a las próximas elecciones, refiere Yoc.

«El programa todaví­a se necesita, porque todaví­a no se ha podido compensar a todas las familias que fueron ví­ctimas del conflicto armado, eso nos consta. Pero reconocemos que desafortunadamente las autoridades anteriores y las actuales en efecto, están tomando decisiones que lo único que hacen es perjudicar a la gente», subrayó.

SIN TRANSPARENCIA

Para comprobar la denuncia, Diario La Hora intentó conocer la ejecución presupuestaria que ha hecho el PNR hasta junio, pues la Ley de Libre Acceso a la Información establece que esa información financiera debe estar disponible «de oficio».

Sin embargo, el portal de internet del PNR se encuentra desactualizado y únicamente proporciona información financiera de febrero de este año, mientras que la ley señala que deberí­a estar actualizada hasta el mes pasado.

El informe más reciente sobre el Programa se encuentra en el GAM, y da cuenta que al mes de abril no se habí­a ejecutado el presupuesto del PNR para resarcir o dignificar a las ví­ctimas de la guerra.

Por otro lado, la imagen de la Primera Dama, de quien se espera una candidatura presidencial, es utilizada en las entregas como una forma de atraer el caudal electoral de las ví­ctimas de la guerra interna.

Torres de Colom participa en diversas entregas de aportes financieros a los sobrevivientes, con lo que refuerza su imagen.

De esa cuenta, fiscalizar el uso de los Q220 millones asignados en el presupuesto vigente al PNR es una tarea difí­cil, aunque en términos prácticos, es imposible.

Polanco refiere que desde semanas atrás espera la conclusión de una gestión que realizó para exigir la entrega de información sobre las finanzas del programa, pero aún no la ha recibido.

«Es una medida dilatoria que busca evitar cualquier tipo de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos», señaló.

«El PNR pone en evidencia que trata de ocultar algo y esto preocupa, ya que es una de las dependencias del Estado que maneja más recursos; buena parte de los recursos o de las actividades que desarrolla buscan la forma de que salga en una posición privilegiada la Primera Dama», explicó Polanco.

Yoc lamenta que el PNR se deslegitime y corra el riesgo de desaparecer, mientras que se generen dudas sobre el uso de los recursos con una administración deficiente.

«Todo proceso de becas, apoyo psicológico, y otras medidas de resarcimiento, además de las financieras, son figuras que no se han desarrollado, pero no porque el Programa sea malo, sino que los funcionarios han desnaturalizado la protección para las ví­ctimas», refirió.

«En vez de cerrarse el Programa o que no continuase, deben de sancionarse penal y administrativamente a estas autoridades que no han tenido transparencia (…) por lo menos en los lugares que hemos podido visitar y por las denuncias que hemos recibido», destacó.

LEGISLACIí“N

Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economí­a del Congreso de la República, mencionó que los problemas administrativos del PNR generaron una iniciativa de ley para evitar que se cancele la ayuda a las ví­ctimas.

En general, Rayo asegura que, actualmente, el Programa carece de certeza jurí­dica, pues surge a partir de un acuerdo gubernativo que podrí­a ser derogado.

Es por ello que se dio la instalación de una mesa de diálogo, en donde se abordaron los pormenores de las propuestas para crear una normativa que afiance el apoyo a las ví­ctimas, y de la que finalmente resultó la iniciativa de Ley del Programa Nacional de Resarcimiento.

Considerando que esta iniciativa ya fue presentada para el estudio del dictamen correspondiente a la Comisión legislativa de la Paz y Desminado, y la de Finanzas Públicas y Moneda, sólo se espera que el pleno del Congreso en algún momento la convierta en Ley.

El diputado Héctor Nuila, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y presidente de la Comisión Legislativa de la Paz y Desminado, opina que la iniciativa de ley favorecerá a las ví­ctimas, pues representa el primer paso para institucionalizar un proyecto de ayuda a la sociedad, alejándola de cualquier discrecionalidad gubernamental.

«El objetivo es crear, como polí­tica de Estado, el resarcimiento institucionalizado que serí­a más fácil de controlar; para que no quede a la discreción de cualquier Gobierno», destacó Nuila.

El legislador destaca que la iniciativa convertida en ley es la única opción para garantizar la asistencia a las familias que sufrieron del drama de la guerra, y que luego de sufrir a manos del terror del Estado, merecen una compensación.

RECHAZO

Contrario a las crí­ticas, César Dávila, actual director del PNR, rechazó los comentarios hacia la administración financiera y la manipulación polí­tica que -supuestamente- se realiza con los fondos que maneja, descartando cualquier tipo de respaldo polí­tico del Programa para Torres.

Respecto a la información que el GAM solicitara y que aún no les ha sido entregada, el funcionario indicó: «No sé a qué información se refieren ellos porque toda la información que han pedido se les ha entregado».

«Lo que pueda estar pasando es que nos pidan información (y) que nosotros no somos los encargados de darla, que corresponde a otras instituciones. Por eso dicen que algunas veces no se las hemos querido dar».

«Nosotros seguimos haciendo el trabajo transparente, trabajamos en las ví­ctimas y no tenemos ocultado nada», puntualizó.